Aun cuando los ingresos personales promedio aumentaron durante la pandemia debido en gran parte a la ayuda del gobierno, millones de personas que no recibieron dicha ayuda han caído en la pobreza, pasando apuros para pagar alimentos y otros gastos básicos.
Ese grupo, que trata de salir adelante con la ayuda de organizaciones benéficas locales, quizá haya sido excluido de los pagos federales debido a su estatus de inmigración, la falta de tiempo en la fuerza laboral necesario para reclamar los beneficios de desempleo, o simplemente la burocracia en los estados que han sido lentos en pagar las reclamaciones de desempleo.
La situación en el área de Houston es particularmente desesperada, con casi la mitad de los residentes luchando por pagar los gastos básicos en la semana que terminó el 7 de diciembre, según un sondeo realizado por la Oficina del Censo. Ese porcentaje ha crecido 10 puntos desde octubre alcanzando el 48.4 por ciento, el índice más alto de las 15 áreas metropolitanas incluidas. En Miami y Riverside, California, más del 45 por ciento de las personas dijo que tenía problemas para pagar los gastos rutinarios como comida, renta y pagos del auto.
A nivel estatal, Nevada tuvo la tasa más alta, con un 44.7 por ciento. Expertos indican que las áreas más afectadas tienen un gran número de trabajadores inmigrantes que no tienen derecho al alivio por la pandemia o, como Nevada, tienen un sistema de desempleo que se ha roto bajo la presión de las solicitudes de desempleo en la pandemia. Nevada también carece de un impuesto estatal sobre la renta, el cual puede ayudar a verificar las solicitudes de desempleo.
El nuevo proyecto de ley de alivio por el COVID-19 que el Congreso aprobó en diciembre incluye ayuda para más familias con estatus migratorio mixto, que fueron excluidas de los anteriores pagos de estímulo de mil 200 dólares. Y los legisladores de algunos estados como Nueva York están proponiendo medidas que crearían fondos de ayuda para los trabajadores excluidos de los pagos por desempleo.
El ingreso personal promedio subió en casi todos los estados en el tercer trimestre de 2020 comparado con 2019, según un análisis de Stateline de los datos de la Oficina Federal de Análisis Económico. Esto se debe en parte a que muchos desempleados todavía recibieron cheques semanales de 600 dólares hasta el 26 de julio, así como la anterior suma global de mil 200 dólares. Un más pequeño suplemento de desempleo de 300 dólares semanales y una suma global de 600 dólares están forman parte del nuevo proyecto de ley de alivio.
Pero, al mismo tiempo, la pobreza aumentó más de dos puntos en todo el país entre junio y noviembre, llegando al 11.7 por ciento, el salto más rápido de la historia, según un estudio de la University of Chicago y la University of Notre Dame. El mayor aumento registrado anteriormente fue de 1.3 puntos entre 1979 y 1980, durante una profunda recesión causada por el aumento de los precios del petróleo.
El reciente aumento de 7.8 millones de personas más en la pobreza golpeó con más fuerza a las minorías y a quienes no tienen una educación universitaria, junto con los residentes de los estados con sistemas de desempleo menos eficaces, señaló Bruce Meyer, coautor del estudio y profesor de política pública de la University of Chicago.
Si bien la tasa de desempleo ha disminuido desde su nivel máximo en primavera (la tasa bajó de 14.7 por ciento en abril a 6.7 por ciento en noviembre) los empleos de bajos salarios en restaurantes y hospitalidad han tardado en regresar, y muchos de esos empleadores están cerrando de nuevo a medida que el virus se eleva.
Incluso las personas que pueden obtener ayuda del gobierno quizá hayan caído en la pobreza al expirar la ayuda adicional para los desempleados, comentó Meyer.
"Esos pagos fueron hace mucho tiempo. Hay mucha gente que ha estado sin trabajo desde la primavera", dijo Meyer. "Usaron sus ahorros, dejaron de pagar sus cuentas y pidieron prestado dinero a familiares y amigos. Ahora están recortando gastos en la víveres y esas facturas están empezando a acumularse. Su situación se ha vuelto mucho más grave".
Una coalición de grupos progresistas está solicitando más ayuda para los trabajadores desempleados excluidos de los típicos beneficios de desempleo, incluyendo a los inmigrantes o recién graduados que no han acumulado suficiente tiempo en la fuerza laboral para calificar para los beneficios de desempleo, y por lo tanto, los pagos suplementarios.
En un reporte fechado el 17 de diciembre, el izquierdista Economic Policy Institute y el National Employment Law Project pidieron a los estados que iniciaran fondos de ayuda para "proporcionar asistencia financiera a los trabajadores inmigrantes desempleados y otros trabajadores sin empleo excluidos de los programas de seguro de desempleo".
Una petición para tal plan, el cual aumentaría los impuestos de los residentes ricos para proporcionar tres mil 500 millones de dólares a los trabajadores excluidos, está circulando en el estado de Nueva York, y un proyecto de ley similar fue propuesto en la Asamblea y el Senado estatales. Ambos proyectos de ley están todavía en comité.
"Mientras nuestras comunidades mueren durante la pandemia, la riqueza (de los neoyorquinos ricos) sigue aumentando", subrayó la asambleísta Carmen N. de La Rosa de Manhattan en una conferencia de prensa en diciembre en apoyo al proyecto de ley. En el área de la Ciudad de Nueva York, el 43.7 por ciento de la gente tuvo problemas para pagar sus cuentas en diciembre, un aumento de 10.7 puntos porcentuales desde agosto.
Los ingresos de la ciudad y el estado han disminuido durante la pandemia, haciendo que la ayuda a los trabajadores excluidos de los pagos sea difícil de promover. Washington, D.C., consideró un fondo de 33 millones de dólares, pero se le estimó demasiado costoso. En abril, la autoridad de convenciones de la ciudad aprobó 18 millones de dólares para los trabajadores de la industria hotelera, incluyendo cinco millones para los inmigrantes sin estatus legal.
Los inmigrantes son una gran parte de las personas que no reciben ayuda. Otros incluyen a personas con condenas penales, recién graduados sin antecedentes laborales y personas que han experimentado brechas en el empleo, explicó Paul Sonn, director de política estatal del National Employment Law Project.
Por ejemplo, de las 500 mil personas que solicitaron los beneficios de desempleo prolongado en Carolina del Norte durante la pandemia, 140 mil fueron rechazadas.
"Todo tipo de personas están cayendo por las grietas del sistema de seguro de desempleo, y casi todos los programas de asistencia federal se aprovechan del sistema de desempleo estatal", señaló Sonn. "Así que, para ellos no hay una red de seguridad, no hay cheques de estímulo".
Los trabajadores de la hospitalidad con empleos de bajos salarios, que ya tenían problemas antes, están aún más estresados financieramente por los beneficios de desempleo que pagan aún menos.
Damani Varnado, un actor de la Ciudad de Nueva York que complementaba sus esporádicas actividades de voz en off y actorales con un trabajo de camarero en un restaurante de Tribeca, se ha retrasado en el pago de su renta y los servicios públicos desde que el trabajo se agotó en ambos frentes en febrero y marzo.
"Estoy viviendo dentro de mis posibilidades, negociando con mi casero porque no quiero atrasarme demasiado, y tratando de aguantar porque hay luz al final del túnel y quiero seguir viviendo en Nueva York", comentó Varnado.
Algunos de sus amigos solo reciben 100 dólares a la semana o menos porque su salario nominal era inferior al salario mínimo, una práctica prohibida en algunos estados pero no en Nueva York. Varnado es miembro de la junta directiva de One Fair Wage, un grupo que presiona para aumentar los salarios de los trabajadores que reciben propinas y para recaudar fondos para ayudar a estos trabajadores.
Las propinas, hasta el 70 por ciento del salario de estos trabajadores, son parte del cálculo de la paga por desempleo, pero cayeron drásticamente al comienzo de la pandemia y algunos trabajadores no declaraban las propinas en efectivo para evitar los impuestos.
Houston, que se encuentra en una situación difícil, ha visto una afluencia de solicitantes de asilo de América Central atraídos por el auge de la economía previo a la pandemia en la zona, aunque a muchos les ha costado mucho encontrar empleo.
"Para los inmigrantes indocumentados, la pandemia fue un desastre encima de un desastre", dijo Francisco Arguelles, director ejecutivo de la Living Hope Wheelchair Association, una organización benéfica con sede en Houston que ayuda a los inmigrantes con discapacidades que no tienen seguro médico.
Ya batallando con los costos de la comida y la renta antes de la pandemia, muchos inmigrantes han recurrido a organizaciones benéficas locales como bancos de alimentos, se han mudado con amigos y familiares en condiciones de creciente hacinamiento y se han reunido en estacionamientos de establecimientos de comida rápida para tener Wi-Fi para la escolarización de sus hijos, comentó Arguelles.
Ana, una madre soltera de 31 años e inmigrante procedente de México que vive en Estados Unidos ilegalmente, encontró particularmente difícil encontrar empleo en el área de Houston mientras cuidaba a sus cinco hijos, todos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, en una casa propiedad de su padre. Las organizaciones benéficas locales la ayudaron a salir adelante hasta que encontró una forma de mantener a la familia horneando pasteles y otros postres en casa.
"Hicieron mucho por mí. Me ayudaron con comida, ropa y pequeñas cosas como regalos de cumpleaños para mis hijos, que era tan importante", relató.
Los bancos de alimentos del área de Houston están empleando a algunos empleados de restaurantes sin trabajo para ayudar con la distribución de alimentos, sin importar el estatus migratorio, a través de una iniciativa de ayuda llamada Get Shift Done.
Los bancos de alimentos del área distribuyen alrededor de 800 mil libras de alimentos al día, el doble de lo que distribuyeron el año pasado, dijo Paula Murphy, vocera del Banco de Alimentos de Houston, que cubre 18 condados del sudeste de Texas.
Pero los bancos de alimentos de Texas están luchando contra una reducción de fondos estatales provocada por los recortes presupuestarios estatales generalizados debido a la caída de los ingresos fiscales. El recorte de 1.9 millones de dólares provenía del dinero utilizado para enviar los excedentes de productos agrícolas a los bancos de alimentos, y Feeding Texas, una organización que agrupa a 21 bancos de alimentos, se ha opuesto a la reducción.
El Departamento de Agricultura de Texas ha pedido más dinero para los bancos de alimentos, posiblemente de fondos federales, cuando la legislatura se reúna la próxima semana, comentó el vocero del departamento Mark Loeffler.
Incluso los inmigrantes con permiso legal para trabajar tienen problemas para salir adelante, especialmente con las nuevas reglas de "carga pública" que desalientan a los inmigrantes que esperan una tarjeta verde de usar los beneficios públicos.
Adesola Ogunleye, de 33 años, que tiene permiso de trabajo legal desde que fue traída a Estados Unidos de niña desde Nigeria y se ha acogido a la DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), consiguió un trabajo de ensueño en enero, ayudando a gestionar un restaurante de Filadelfia por 18 dólares la hora, pero el restaurante cerró en marzo, y cuando volvió a abrir, Ogunleye decidió que era demasiado arriesgado volver, ya que tiene diabetes y el COVID-19 sería especialmente peligroso para ella.
Calificó para el desempleo de 175 dólares a la semana, pero "eso no es suficiente para pagar ninguna cuenta", dijo. Sus amigos la han ayudado, reveló, directamente y a través de recaudaciones de fondos en línea, y un consorcio de restaurantes a veces hace comidas para ella y otros empleados de restaurantes sin trabajo.
Sintió que no podía pedir cupones de alimentos o ayuda para pagar sus facturas de servicios públicos porque le dijeron que eso pondría en peligro sus perspectivas de obtener la tarjeta verde y la eventual ciudadanía. Esa es una preocupación válida para los inmigrantes que esperan una tarjeta verde, también conocida como estatus de residente permanente legal, que es un paso en el camino hacia la ciudadanía, dijo Randy Capps, director de investigación del no partidista Instituto de Política Migratoria en Washington, D.C.
La ayuda para los servicios públicos no se considera bajo la regla de carga pública, dijo Capps, pero muchos inmigrantes rechazan los beneficios a los que tienen derecho por preocuparse por las reglas. La regla tuvo un efecto escalofriante en el uso de tales beneficios por parte de los inmigrantes, según un estudio de diciembre del que Capps es coautor.
