Durante el pasado mes de junio, el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda pública de $72m, poniendo un fin a la tradicional práctica de financiar los déficit anuales y los gastos exorbitantes a través de préstamos. Desde entonces, diversos grupos de ciudadanos y trabajadores han ocupado las calles del país con la preocupación de asumir la deuda y que recaiga desproporcionadamente en la clase obrera, los pobres y la clase media.
La publicación del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, producto del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica asignada por el gobierno de Puerto Rico, no ha disipado sus preocupaciones. Aunque algunas de las medidas - como la simplificación del código de rentas internas y la inversión en infraestructura energética - son necesarios para la reforma fiscal y su recuperación económica, las grandes corporaciones y los ricos saldrán ilesos de dicha reforma. Los menos capaces de asumir las consecuencias de largos años de gastos excesivos por parte del gobierno tendrán que apretarse el cinturón.
A pesar de las pasadas, presentes y futuras medidas de austeridad aplicadas al ciudadano, Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal para los ricos y multimillonarios. Las leyes tributarias actualmente proveen condiciones favorables para los extranjeros adinerados que residen en Puerto Rico por un periodo de solo 183 días, con la exención casi completa de toda las ganancias de su inversión. El New York Times se refiere a este grupo como “los millonarios por debajo del radar” y un profesional de finanzas describió a Forbes los suministros de los extranjeros en el código de impuestos como “El Twilight Zone”. Reuters reporta que la isla se ha “beneficiado poco” al refugiar el ingreso de los inversionistas extranjeros que no residen en la Isla, y algunos legisladores miembros del Partido Popular Democrático (PPD) al cual estoy afiliado han cuestionado los alegados beneficios que aportan a la economía local. Dicho plan mantiene intocable la sección del código de rentas internas.
Grandes empresas también serán exoneradas de las propuestas de este plan, ya que las corporaciones estadounidenses reciben un tratamiento fiscal favorable en Puerto Rico. El impuesto local a las foráneas es de un 4%, con una eliminación gradual programada para el 2017. Aunque el nuevo plan propone la extensión de arbitrio por cinco años adicionales (al 2022), en la página 25 de este documento hay una recomendación de eventualmente disminuir la tasa del impuesto corporativo nominal. Sin embargo, si el gobierno aumenta de manera permanente el arbitrio corporativo foráneo a un 10% - como propone una de las propuestas en el Senado - esto podrá evitar aumentos de impuesto para todos los puertorriqueños mientras se sigue siendo extremamente competitivo considerando que los niveles de la tasa estadounidense llegan hasta un 39.1%.
Aunque no está incluido en el plan bajo consideración del gobernador, algunos legisladores de mi partido han propuesto un impuesto especial en las tiendas por departamento, o megatiendas. Las cadenas extranjeras han sido particularmente exitosas en Puerto Rico con la isla siendo denominadas por la prensa comercial como la “meca detallista”. A pesar de una recesión desde el 2006, Puerto Rico es hogar para una alta concentración de Walmarts y Walgreens en comparación a lugares con poblaciones similares. Muchas tiendas de este tipo obtienen subsidios e incentivos gubernamentales para abrir sus negocios en Puerto Rico. Walmart, por ejemplo, recibe millones de dólares en subsidios gubernamentales directos para salarios y generosas exoneraciones de patentes e impuestos sobre la propiedad. Incluso, CVS está construyendo tiendas en terrenos gubernamental. El impuesto a las megatiendas recuperará incentivos que no eran necesarios para ser rentables, relevando efectivamente la carga que los contribuyentes han tenido que pagar a través de subsidios e incentivos.
Sin embargo, se dice a los puertorriqueños que con los aumentos de los impuestos corporativos o con la eliminación de incentivos contributivos, vendrán el éxodo de capital y empleos. Por ejemplo, un legislador de la oposición del Partido Nuevo Progresista criticó una propuesta para un impuesto a las corporaciones con mas de $600m en ingresos brutos en nuestro territorio, argumentando que dichos negocios sufrirán un golpe “casi mortal” y que serán obligados cerrarse.
Pero el opuesto ciertamente es verdad: bajar salarios y eliminar beneficios de manera agresiva contrario al aumento de impuestos e incentivos corporativos provoca que los ciudadanos continúen saliendo de la Isla en masas. Algunos medios locales ya han reportado casos de emigración como la causa principal de dichos aumentos en impuestos. El actual plan del grupo de trabajo erosiona el bajo ingreso que ya muchos puertorriqueños ganan en sus empleos de baja calidad y paga. El ingreso neto nacional per capita de Puerto Rico es una tercera parte del nivel actual en EEUU.
Muchos puertorriqueños podrán aceptar la reforma laboral, ciertos aumentos contributivos y otras medidas de austeridad, particularmente si es para salvarse de la crisis económica. Pero mientras los ciudadanos de bajos y medianos ingresos se sienten que le ha tocado la peor parte, la ciudadanía continuará su oposición frente a cualquier plan gubernamental para arreglar nuestro problema de la deuda.
El gobernador Alejandro García Padilla estará enfrentando difíciles decisiones durante los próximos días, y deberá comparar cuidadosamente los costos y beneficios de cada una de las propuestas del grupo de trabajo. Mientras tanto, la legislatura y la ciudadanía espera pacientemente al curso de acción del gobernador. Pero para dar validez a su declaración de que “los sacrificios deben ser compartidos”, las grandes empresas y los contribuyentes de alto ingreso tienen que compartir el peso económico del pago de la deuda, en lugar de imponerlo a quienes menos pueden costearlo.
