Gobernadores de ambos partidos se enfrentan a un aluvión de demandas de legisladores de derecha, grupos jurídicos conservadores y activistas republicanos que afirman que los jefes ejecutivos necesitan la aprobación legislativa para cerrar empresas, exigir el uso de tapabocas u obligar a los residentes a quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus.
Los jueces han desestimado las demandas o se han puesto del lado de los gobernadores en la mayoría de los estados donde se han presentado casos. Pero en Wisconsin y Michigan, las Cortes Supremas estatales de tendencia conservadora han revocado las órdenes de emergencia de salud pública de los gobernadores.
Ahora el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ambos demócratas, luchan por combatir los crecientes casos de COVID-19 sin entrar en conflicto con los tribunales.
Evers anunció la semana pasada una orden ejecutiva que recomienda, pero no obliga, que los residentes de Wisconsin se queden en casa y que los negocios limiten el número de visitantes y empleados, así como que requieran tapabocas. Señaló que una orden de confinamiento en el hogar y el requisito de cierre de negocios de marzo emitida por el departamento de salud del estado no sobrevivió a las impugnaciones judiciales.
"Esa orden fue anulada por la Corte Suprema de Wisconsin, una decisión que limita nuestra capacidad de responder a este virus utilizando las herramientas apoyadas por los expertos en ciencia y salud pública", dijo en un discurso en el que imploró a los residentes del estado que tomaran el virus en serio.
Solo hubo 457 casos confirmados de coronavirus en Wisconsin cuando el departamento de salud emitió la orden de marzo. La semana pasada, más de seis mil 400 personas fueron diagnosticadas cada día, según los datos del estado publicados el domingo.
A nivel nacional, muchas de las demandas de los republicanos fueron presentadas a principios de este año cuando los casos de COVID-19 se estancaron o disminuyeron. A medida que los casos se elevan a niveles sin precedentes, la política de las órdenes de salud pública podría cambiar.
El aumento de los casos en estados como Indiana, Iowa, Dakota del Norte y Utah está llevando a los gobernadores republicanos a adoptar políticas como los mandatos de uso de tapabocas y los límites a las reuniones, al igual que los gobernadores republicanos de Arizona y Texas anunciaron nuevas restricciones en respuesta a los casos que se dispararon este verano. En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine ha dicho en los últimos días que pudiera ordenar el cierre de restaurantes, bares y gimnasios.
Los legisladores conservadores también pudieran cambiar de opinión. El presidente republicano de la Asamblea de Wisconsin, Robin Vos, quien no ha hablado con Evers en seis meses, dijo a los periodistas la semana pasada que estaba dispuesto a "pulsar el botón de reinicio" y empezar a trabajar con el gobernador, según el Milwaukee Journal Sentinel.
Y los resultados de las elecciones de noviembre quizá conduzcan a fallos más favorables para Whitmer: Los votantes de Michigan eligieron a un nuevo juez, moviendo la corte a una mayoría demócrata de cuatro a tres.
Algunos expertos dudan que los líderes elegidos en Wisconsin y Michigan puedan acordar un plan para controlar el virus a corto plazo.
"Nuestro sistema político está tan polarizado que ni siquiera se puede lograr que se sienten y hablen racionalmente sobre lo que tiene sentido para detener la pandemia", dijo Peter Jacobson, codirector de la Mid-States Region Office en la Network for Public Health Law, un grupo no partidista con sede en Edina, Minnesota, que asesora a los funcionarios de salud pública.
Vos ha pedido más pruebas, pero se ha opuesto a los requisitos de uso de tapabocas y al cierre de empresas, según informes de prensa. Su oficina no respondió a las llamadas o correos electrónicos de Stateline en busca de comentarios.
Legisladores republicanos y grupos jurídicos conservadores dicen que las demandas solo buscan mantener un equilibrio de poder entre los gobernadores y las legislaturas.
"No se trata de qué medidas políticas debemos adoptar para responder al COVID-19, sino quién toma esas decisiones y según qué procesos", dijo Anthony LoCoco, consejero adjunto del Wisconsin Institute for Law and Liberty, un grupo legal conservador que se ha puesto del lado de los líderes legislativos republicanos en sus casos.
Sin embargo, algunos demócratas y expertos legales externos afirman que las demandas son a menudo esfuerzos partidistas para reducir el poder de los gobernadores demócratas y reflejan el escepticismo conservador ante políticas como las restricciones económicas y los mandatos de uso de tapabocas.
Si bien los demócratas tienden a apoyar las intervenciones gubernamentales importantes para reducir la propagación del virus, el presidente Donald Trump y muchos conservadores han sostenido que el COVID-19 no es tan peligroso y que las órdenes de salud pública no deben obstaculizar la economía ni infringir las libertades civiles, como el derecho a reunirse para rendir culto.
En algunos casos, grupos de izquierda han demandado a los gobernadores por no hacer lo suficiente para frenar la propagación del virus. En Florida, por ejemplo, los maestros demandaron en julio al gobernador republicano Ron DeSantis y a los funcionarios de educación del estado en un intento de bloquear una orden de emergencia que requería que las escuelas abrieran sus edificios para la enseñanza en agosto. El último fallo de la corte se puso del lado del gobernador.
"Lo que tienen, en esencia, son diferentes filosofías sobre el papel del gobierno y lo peligroso que es esta pandemia", señaló Jacobson.
Este año, legisladores, funcionarios municipales, propietarios de negocios, pastores, padres e individuos han presentado casi mil demandas en todo el país contra las políticas estatales sobre el coronavirus, la mayoría de ellas desafiando las acciones ejecutivas de los gobernadores, según Ballotpedia, una enciclopedia en línea de política y elecciones.
Algunas de las demandas han sido apoyadas por la administración de Trump, que ha instado a los tribunales a asegurarse de que las órdenes de salud pública no abusen de las libertades civiles.
Los legisladores republicanos han demandado a los gobernadores demócratas por sus órdenes contra el COVID-19 en al menos siete estados, desde bastiones demócratas como Colorado y Oregón hasta estados disputados como Pensilvania. En Carolina del Norte, el vicegobernador republicano demandó al gobernador demócrata. En Kentucky, el fiscal general republicano demandó al gobernador demócrata.
Los litigios no se detienen ahí. Legisladores republicanos también han demandado a los gobernadores republicanos de Arkansas y Maryland. En Ohio, han redactado artículos de impugnación contra DeWine.
El gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, demandó a los legisladores republicanos para bloquear una petición para poner fin a su proclamación de emergencia de salud pública. La gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, demandó a los legisladores republicanos para que no anulen su orden de limitar las reuniones religiosas.
En general, los jueces se han puesto del lado de los gobernadores. Pero en Michigan y Wisconsin, los fallos de los tribunales han limitado el poder del poder ejecutivo para actuar solo.
En Michigan, la Corte Suprema del estado dictaminó el mes pasado que la gobernadora no puede extender una declaración de emergencia sin el consentimiento de la legislatura y anuló una de las dos leyes que le daban a Whitmer autoridad de emergencia. El fallo invalidó muchas de las órdenes que Whitmer había emitido desde el 30 de abril.
La mayoría de las órdenes (como los requisitos del uso de tapabocas para ciertos ambientes, y los límites de capacidad para reuniones en interiores) fueron rápidamente replicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, que bajo la ley estatal puede emitir órdenes de emergencia durante una epidemia.
Pero la agencia también ha sido demandada, incluso por una escuela privada y la oficina de un quiropráctico que impugnan sus reglas de reunión y uso de tapabocas. "Existen vulnerabilidades legales potenciales si los tribunales piensan que nuestro director de salud pública ha ido demasiado lejos", comentó Nicholas Bagley, profesor de la Facultad de Derecho de la University of Michigan.
La administración de Whitmer parece estar apoyándose en el departamento de salud para emitir órdenes de salud pública, por ahora. El domingo, el departamento de salud del estado ordenó nuevas limitaciones a las reuniones, incluyendo la prohibición de la mayor parte de la instrucción en persona y las actividades extracurriculares en las universidades y preparatorias.
En una declaración publicada en línea, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mike Shirkey, criticó a la administración de Whitmer por emitir nuevas órdenes de salud pública sin la aprobación de los legisladores. "Estamos decepcionados de que la gobernadora Whitmer decidiera sola, de nuevo", dijo.
Whitmer está tratando de trabajar con la legislatura para codificar las órdenes que el departamento de salud no puede emitir. Trabajó con la legislatura en una ley que codificó parte de su orden ampliando los beneficios del seguro de desempleo, por ejemplo.
También ha pedido a los legisladores que codifiquen un mandato sobre el uso del tapabocas. "Creo que es importante, ahora que la Corte Suprema ha enturbiado las aguas y creado mucha confusión sobre cuál es la ley actual aquí en Michigan", explicó durante una rueda de prensa la semana pasada.
No está claro si la legislatura controlada por los republicanos quiere imponer nuevas restricciones de salud pública.
Tanto Shirkey como el presidente de la Cámara de Representantes, Lee Chatfield, se han opuesto a los mandatos del uso del tapabocas en el pasado. La vocera de Shirkey, Amber McCann, escribió en un correo electrónico que Shirkey y su equipo están hablando con la gobernadora y su equipo sobre una respuesta contra el COVID-19, pero no hizo más comentarios sobre esas discusiones.
En ningún lugar el debate en torno al poder ejecutivo ha sido más rencoroso que en Wisconsin, donde la gobernadora y los líderes legislativos apenas se hablan, pese a que el virus ha matado a más de dos mil 600 personas y las camas de los hospitales se están llenando de pacientes de COVID-19.
Todas las medidas ejecutivas importantes que Evers y el departamento de salud del estado han tomado para frenar la propagación del coronavirus han sido impugnadas en los tribunales por legisladores republicanos, grupos jurídicos conservadores y grupos empresariales, comenzando por la demanda en primavera de la legislatura que impugnó la orden de confinamiento en el hogar.
"Los residentes de Wisconsin merecen ... un plan para poner fin al constante flujo de órdenes ejecutivas que están erosionando tanto la economía como su libertad, incluso cuando el estado está viendo claramente un descenso en las infecciones de COVID-19", señalaron Vos y el líder de la mayoría del Senado republicano, Scott Fitzgerald, en una declaración conjunta en ese entonces.
La Corte Suprema de Wisconsin dictaminó en mayo que la orden de confinamiento en casa del departamento de salud era inaplicable porque no pasó por el proceso normal de elaboración de normas. Ese proceso implica la aprobación de un comité legislativo controlado por los republicanos.
La opinión mayoritaria de la presidenta del Tribunal Supremo, Patience Drake Roggensack, no se refería a los poderes de emergencia de Evers, solo a los del departamento de salud. Pero incluyó una advertencia: "En caso de una pandemia, que dure mes tras mes, el gobernador no puede confiar en los poderes de emergencia indefinidamente".
Desde entonces, Evers ha sido demandado por los contribuyentes y los grupos legales conservadores por sus declaraciones de emergencia y las órdenes hechas bajo ellas, como la orden de que los residentes de Wisconsin usen tapabocas en lugares públicos interiores. Los legisladores republicanos presentaron un escrito de amigo de la corte apoyando las demandas, una de las cuales fue escuchada por la Corte Suprema de Wisconsin el lunes.
Evers también ha sido demandado por bares y grupos industriales por su orden que limita las reuniones en interiores. La orden sigue vigente.
Edward Fallone, profesor asociado de derecho de la Marquette University que se ha postulado dos veces a la Corte Suprema del Estado (las elecciones judiciales no son partidistas), dijo que el fallo de la corte sobre la orden del estado de quedarse en casa fue puro activismo conservador. "Realmente han cortado las piernas de nuestros funcionarios de salud", indicó.
Fallone agregó que le preocupaba que los argumentos legales del tribunal (que se centraban en el texto de la ley, más que en la intención de la ley) pudieran ser utilizados para volver a socavar el poder del gobernador. "Es la adopción de ese enfoque lo que creo que tiene las consecuencias de mayor alcance", dijo.
Evers está preparando una legislación de ayuda para la pandemia y espera que la legislatura la acepte. Como en Michigan, no está claro si los republicanos aceptarán los mandatos de salud pública.
Los votantes volvieron a elegir mayorías republicanas tanto para la Asamblea estatal como para el Senado este año. Tras su reelección a principios de mes, Vos comentó en una entrevista con un periódico local que los resultados de las elecciones muestran que los votantes han rechazado el enfoque de Evers sobre la pandemia.
"Está sentado en su sótano, no muy diferente a Joe Biden", dijo Vos de Evers, informó el Racine Journal Times. "Este (voto) es un repudio al estilo de liderazgo de Tony Evers. ... Fracasó abyectamente".
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
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