DALLAS – Greisa Martínez Rosas era todavía una adolescente cuando lideró una huelga en 2006 en su preparatoria en Dallas por las propuestas que amenazaban con la deportación a su familia indocumentada. Hoy, a los 32 años, desde Washington, D.C., dirige la mayor organización de la nación para inmigrantes indocumentados que se llaman a sí mismos “Dreamers”.
Como directora de United We Dream, está al frente y en el centro de una defensa para mantener viva la iniciativa de 2012 conocida como Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA, que proporciona permisos de trabajo y aplazamientos de deportación. La salida de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, un oponente de la DACA, está a solo semanas, pero el programa aún se enfrenta a un gran desafío: El 22 de diciembre, un juez federal tiene programada una audiencia sobre su legalidad en un caso presentado por el Estado de Texas.
La audiencia ante el juez de Distrito Andrew Hanen, en Houston, tiene lugar después de las victorias en la corte para los Dreamers cuyos abogados dijeron que la administración de Trump se equivocó en la forma en que trató de poner fin a la DACA. El caso de Texas es más significativo.
"Estamos manteniendo a la gente en la disciplina de la esperanza", dijo Martínez Rosas, quien se convirtió en directora ejecutiva del grupo de defensa United We Dream en agosto. "No estamos fuera de peligro en lo que se refiere a los litigios todavía. Sabemos que Hanen, en Texas, va a tomar una decisión sobre si la DACA es legal o no".
Aquellos con la DACA, "están enfrentando posiblemente la peor decisión de la corte desde que el programa fue creado", comentó Sarah Pierce, una abogada y analista de políticas en el no partidista Migration Policy Institute. "Es una situación desgarradora".
Cerca de 650 mil inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos en la niñez con un padre ahora tienen el DACA. Las familias cruzaron la frontera ilegalmente o se quedaron más de lo debido. Hoy en día, los inmigrantes más jóvenes pueden trabajar legalmente y obtener licencias de conducir, crucial para ganarse la vida. Pero no tienen un camino a la ciudadanía.
Cabe destacar que el juez federal en el caso de Texas, presentado por el fiscal general republicano Ken Paxton, ha fallado en contra de otros dos programas de acción diferida iniciados por la administración Obama. Uno de ellos potencialmente cubría a unos cuatro millones de adultos.
Stephen Yale-Loehr, un profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que un fallo de Hanen podría ser desalentador para los beneficiarios de la DACA.
"Dadas las decisiones anteriores del juez Hanen sobre este tema, creo que es probable que dictamine que el programa DACA es ilegal", comentó Yale-Loehr.
Las apelaciones, o la emisión de una nueva medida ejecutiva por parte del presidente electo Joe Biden, podrían resultar en un largo litigio antes de que haya una decisión final, señaló Yale-Loehr.
Martínez Rosas cruzó la frontera mexicana con sus padres cuando era una niña pequeña. La familia se estableció en la zona de Oak Cliff de Dallas. Se graduó de Yvonne A. Ewell Townview Center. En los últimos 15 años, ha luchado en temas de inmigración, incluso cuando su padre fue deportado a México y su madre murió de cáncer.
Mientras cursaba la preparatoria, trabajó con la difunta líder de los derechos civiles Adelfa Callejo en una campaña para que cada joven llevara cinco votantes a las urnas. Le atribuye a Callejo el haber sido su mentora en liderazgo político.
Fue una de las primeras creyentes en el movimiento de los Dreamers, jóvenes inmigrantes que esperaban un camino exitoso hacia la ciudadanía a través de una legislación permanente. Pero fracasó. Su gran logro llegó en 2012, cuando el entonces presidente Barack Obama inició la DACA a través de una medida ejecutiva.
Trump declaró que pondría fin a la DACA después de convertirse en presidente. Los ataques contra la inmigración, teñidos de retórica racista, fueron una marca de su presidencia.
Pero, según una decisión de la corte este diciembre, las solicitudes para la DACA pueden reanudarse por primera vez desde que la administración de Trump trató de eliminar el programa en septiembre de 2017. Alrededor de 56 mil niños inmigrantes han llegado a cumplir los 15 años de edad desde 2017, según el Migration Policy Institute.
Martínez Rosas está conduciendo United We Dream a través del mayor desafío de la DACA hasta ahora, y luego dirigirá su atención a la nueva administración y a temas más amplios de deportación, incluyendo el impulso de un programa para proporcionar una vía de ciudadanía para muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados de la nación.
El presidente electo Joe Biden ha pedido una moratoria de las deportaciones para sus primeros 100 días en el cargo, excepto cuando una persona a ser deportada haya cometido un delito grave. También dijo que presentará rápidamente una revisión integral de las leyes de inmigración de la nación.
"Sentimos mucho derecho de propiedad sobre esta presidencia, tras haber aportado millones de personas y a millones de jóvenes millones de latinos a través del voto", dijo Martínez Rosas.
Dijo que se siente alentada por la elección de Biden de Alejandro Mayorkas, un inmigrante latino, como jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Anteriormente trabajó en la administración de Obama y ayudó a crear la DACA.
Pero primero, la DACA da otro giro en la montaña rusa de los litigios.
El caso sobre la legalidad de la DACA se remonta a 2018, cuando Paxton se presentó en el distrito sur del sistema de tribunales federales. Un puñado de otros estados se unieron.
"Texas es el único caso que desafía la legalidad de la DACA", dijo Tom Sáenz, el abogado que dirige el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, conocido como MALDEF. El grupo de derechos civiles sostiene que se construyó como "un ejercicio legal de la discreción ejecutiva consistente con un ejercicio similar de la discreción ejercida por los presidentes de ambos partidos".
"Tenemos la discreción de los fiscales y reconocemos que el gobierno debe tomar decisiones sobre la asignación de recursos", explicó Sáenz. "Si le dijéramos a cada fiscal de distrito que debe procesar todas las posibles violaciones, estarían desperdiciando su tiempo y recursos en casos que van a perder, en lugar de decidir gastar los recursos limitados en casos que creen que pudieran ganar".
Pero Paxton, en su demanda, argumenta que el gobierno de Estados Unidos, a través del poder ejecutivo, sobrepasó sus límites. "Si la nación realmente quiere tener un programa de DACA, depende del Congreso decirlo", argumentaron los fiscales estatales en una demanda federal. "El Congreso aún no lo ha dicho, por lo que la DACA sigue siendo tan ilegal hoy como cuando fue creada a través del memorando DACA 2012".
La demanda de Texas no se trata de la capacidad del poder ejecutivo para "priorizar los recursos de remoción, tampoco", dice una argumentación de Paxton.
"Esta demanda es enfáticamente sobre el estado de derecho", dicta la demanda. "Los méritos políticos de las leyes de inmigración son debatidos y decididos por el Congreso. El Poder Ejecutivo no ejerce un papel de legislador. Su deber es cuidar que la ley se ejecute fielmente, tanto la ley sustantiva de inmigración como la ley administrativa procesal".
Si los Dreamers pierden en la corte de Houston, MALDEF presentaría una apelación, la administración de Biden pudiera crear otra política, algo como la DACA pero capaz de soportar desafíos de la corte, comentaron Saenz y otros.
Pero el tema de una solución permanente sigue en pie. Durante años, el Congreso no ha sido capaz de acordar ni siquiera una legislación fragmentaria para ayudar a los Dreamers, y mucho menos una revisión completa.
Eso no mitiga el optimismo de Martínez Rosas.
"Parto de un lugar de oportunidades y promesas", dijo. "Lo que no será aceptable es una respuesta retardada a este dolor que la gente ha tenido en los últimos 20 años y que de repente se intensificó en los últimos cuatro".
