SURFSIDE, Florida – Líderes de elección y agencias gubernamentales se comprometieron a descubrir qué causó el repentino derrumbe de las Champlain Towers South, matando a docenas de personas mientras dormían, y todos, desde los contratistas de la construcción hasta los funcionarios de la ciudad y los miembros del consejo de administración de los condominios, serán examinados por su papel.
Las demandas presentadas por los supervivientes y los familiares de los fallecidos pudieran dar lugar a sentencias multimillonarias. Es posible que se pierdan licencias profesionales, que se impongan multas y que se despida a personas.
Pero, ¿puede alguien enfrentar cargos penales, o incluso penas de cárcel por la tragedia?
Si los casos anteriores sirven de precedente, sería un caso difícil de resolver. Los expertos legales indican que construir un caso criminal por las muertes será extremadamente difícil bajo la ley de Florida, dados todos los planos de construcción, trabajos de construcción, mantenimiento y decisiones de reparación –o falta de decisiones– durante los últimos 40 años que serán examinados en el colapso sin precedentes.
"Puedes ir a cualquier edificio de condominios en el sur de Florida, y vas a encontrar daños por agua, concreto descascarillado y deterioro. Tendrías que demostrar que alguien sabía que esto era un peligro inminente y lo ignoró", dijo el destacado abogado defensor del sur de Florida Roy Black. "Un inspector tendría que haber dicho a la H.O.A.: 'Oiga, este lugar podría caerse, o esta columna que sostiene el edificio está en peligro de derrumbarse'. Sin eso, no van a poder presentar un caso penal".
Al final, la decisión recaerá en los fiscales estatales, que probablemente se basarán en las conclusiones de un equipo federal de científicos e ingenieros forenses sobre la causa del derrumbe, así como en las pruebas descubiertas por los detectives de homicidios de la policía de Miami-Dade u otros expertos que analicen la catástrofe. La fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle, pudiera presentar cargos directamente, o pudiera recaer en el jurado de instrucción de Miami-Dade, que puede acusar a personas o empresas, mientras examina cuestiones de seguridad más amplias planteadas por la tragedia.
La investigación de la policía de Miami-Dade se asemeja, en una escala aún más grande, a la del colapso del puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en marzo de 2018. El puente, que estaba en construcción, se derrumbó sobre Southwest Eighth Street, matando a cinco personas en los coches, así como a un trabajador de la construcción.
Fernández Rundle recibió críticas poco después del derrumbe por comentar a reporteros de televisión que los cargos parecían "improbables en este momento". Más tarde se defendió, diciendo a The Miami Herald que estaba hablando en general sobre "la complejidad de estos casos". Una junta federal de seguridad de tránsito culparía más tarde del colapso del puente a un importante error de diseño y a la falta de supervisión.
Aun así, tres años después de la tragedia, la fiscalía del estado todavía no ha decidido si alguien involucrado en el proyecto se enfrentará a cargos penales. Un portavoz de la fiscalía declinó hacer comentarios sobre cuándo podría concluir la investigación del puente.
La investigación de Surfside podría durar aún más tiempo.
El condominio de 12 pisos y 136 unidades en la ciudad playera de Surfside colapsó en medio de la noche del 24 de junio, matando al menos a 64 personas, dejando a docenas más desaparecidas y desencadenando un enorme y complicado esfuerzo de rescate y recuperación.
Las demandas civiles son un hecho en la mayoría de los fallos de estructuras en Estados Unidos. Hasta ahora, se han presentado más de una docena en el tribunal de circuito de Miami-Dade. Pero a falta de pruebas, es habitual que los fiscales en este tipo de casos concluyan que no hay suficientes para un caso penal.
Una persona o empresa puede ser declarada negligente en un tribunal civil, pero la barra es mucho más alta en un tribunal penal. Para un caso de homicidio criminal, los fiscales de Florida tendrían que probar que las personas involucradas en el edificio actuaron con tanta negligencia que equivalió a un "desprecio imprudente por la vida humana" o tuvieron "un desprecio gravemente descuidado por la seguridad y el bienestar del público".
Hay más de un ejemplo en Florida, algunos tan atroces que llevaron a cambiar las normas de construcción:
▪ El edificio que albergaba la oficina de la Drug Enforcement Administration de Miami se derrumbó en 1974, matando a siete empleados federales. Nadie fue acusado penalmente. Pero la tragedia condujo a la implementación de un requisito que exige que los edificios del Condado de Miami-Dade sean recertificados para su ocupación cada 40 años, proceso al que las Champlain Towers estaban a punto de someterse.
▪ El edificio Harbour Cay Condominium, en Cocoa Beach, se derrumbó durante su construcción y mató a 11 trabajadores en 1981. El Departamento de Regulación Profesional acusó al arquitecto y a los ingenieros de diseño de negligencia –perdieron sus licencias–, pero no fueron acusados penalmente. La catástrofe llevó a los legisladores de Florida a aprobar una ley que exige la inspección de la construcción de edificios de condominios de más de tres pisos.
▪ En la última década, ningún accidente mortal de la construcción ha dado lugar a un proceso penal, incluyendo el caso de los cuatro trabajadores de la construcción que murieron en el derrumbe de un estacionamiento del Miami Dade College en 2012, un accidente mortal de grúa cerca del centro de Miami que mató a dos trabajadores de la construcción en 2008 y el fallo de vertido de concreto que dejó a tres trabajadores muertos en un proyecto de condominios de Bal Harbour en 2006.
A nivel nacional, en lo que durante mucho tiempo se ha considerado el fallo de construcción más mortífero de la historia de Estados Unidos, dos pasarelas del hotel Hyatt Regency de Kansas City, Missouri, se derrumbaron sobre un vestíbulo abarrotado de gente, matando a 114 personas en 1983. De nuevo, no se presentaron cargos penales, aunque los ingenieros perdieron sus licencias.
Al acusar a las empresas, los fiscales no siempre buscan penas de cárcel. Sin embargo, los casos pueden dar lugar a sanciones económicas y enviar un mensaje a las industrias sobre las normas de seguridad. Y se han producido algunos juicios de gran repercusión en todo el país a raíz de fallos en las estructuras y accidentes industriales o de la construcción de gran repercusión.
En Massachusetts, un contratista fue acusado de homicidio involuntario después de que una mujer muriera al derrumbarse una parte del techo del proyecto de obras públicas "Big Dig" de Boston en 2006. La empresa fue acusada de suministrar a sabiendas un adhesivo insuficiente al que se atribuye el accidente.
Los fiscales de la ciudad de Nueva York dirigieron el Grupo de Trabajo de Fraude e. Construcción de Manhattan, que presentó cargos penales en una serie de casos de prácticas inseguras. El comando consiguió múltiples condenas por homicidio involuntario, como en el caso de un trabajador de la construcción que murió al caer 29 pisos debido a prácticas inseguras, y de un trabajador que murió cuando una zanja de construcción colapsó sobre él a pesar de las repetidas advertencias sobre la seguridad de la obra.
Al norte de Filadelfia, un contratista fue condenado por homicidio involuntario tras ignorar las advertencias de seguridad, lo que provocó el derrumbe de una tienda de segunda mano y la muerte de seis personas.
Al igual que ocurre con otros accidentes de construcción en los que se abren causas penales, los investigadores tendrán que indagar para averiguar si se ignoraron advertencias de seguridad, o si alguien sabía de la existencia de materiales de construcción de baja calidad o de defectos en el edificio, explicó el abogado de Filadelfia Robert Mongeluzzi, que ha representado a víctimas de accidentes de construcción durante décadas.
"Sobre todo ahora, con el correo electrónico y la información electrónica, hay mucho más rastro que hace 30 ó 40 años", dijo Mongeluzzi, que presentó una demanda en nombre de los hijos de Harold Rosenberg, residente de las Champlain Towers, quien murió en el derrumbe.
La magnitud y el alcance del desastre de Surfside harán que la investigación penal sea única.
La oficina de homicidios de la policía de Miami-Dade, que es la que más investiga los apuñalamientos, los tiroteos y otros asesinatos, también se encarga de investigar las muertes no naturales, entre las que se incluyen accidentes industriales y aéreos. Mientras los trabajadores de búsqueda y rescate han rastreado la enorme pila de escombros, equipos de detectives de homicidios de Miami-Dade han estado en el lugar de los hechos, ayudando a documentar cada vez que se encuentra un cuerpo y a notificar a los familiares de las personas identificadas como fallecidas.
La Fiscalía Estatal de Miami-Dade asignó a fiscales de alto nivel para ayudar. Una de ellas, Laura Adams, es también la fiscal principal asignada a la revisión del colapso del puente de la FIU. Otro es el jefe fiscal estatal adjunto Stephen Talpins.
Su análisis dependerá en gran medida de lo que descubran los expertos del National Institute of Standards and Technology (NIST), que encabeza la investigación sobre las causas del derrumbe.
Al pedir al jurado de instrucción de Miami-Dade que explore los problemas de seguridad del edificio derivados del colapso de Surfside, Fernández Rundle señaló que una investigación penal no sería el eje de este jurado "a la espera de la conclusión de la investigación a largo plazo que arroje la causa del derrumbe".
Desde el colapso del condominio, ha habido un flujo de pistas sobre el estado del edificio a lo largo de los años.
Hace tres años, un ingeniero contratado por la asociación de condominios reportó "importantes daños estructurales" debido a la falta de un drenaje adecuado en la terraza de la piscina, pero no dio ninguna indicación de que el edificio estuviera en inminente peligro. Los entonces responsables de la construcción de Surfside dijeron después a la asociación que el edificio estaba en "buen estado".
El edificio había comenzado su revisión programada para los 40 años y se habían iniciado las reparaciones del tejado, mientras que la asociación de condominios también había estado inmersa en años de agitación por las reparaciones, lo que no es inusual en las comunidades del sur de Florida. "Quizás hayan sido demasiado lentos, pero eso no es una conducta criminal", dijo Black, el abogado defensor.
Los residentes han informado de muchos trabajos de reparación a lo largo de los años en la zona del estacionamiento y la terraza de la piscina, donde los expertos creen hasta ahora que se originó el colapso. Un contratista de piscinas reportó la existencia de grietas alarmantes y de agua estancada en el estacionamiento dos días antes del derrumbe.
Los problemas probablemente también se remontan al diseño y la construcción originales del edificio. El diseño original del arquitecto no permitía un drenaje adecuado, según el informe del ingeniero de 2018. The New York Times informó que al parecer los equipos de construcción pudieron no haber colocado suficientes barras de refuerzo de acero cruciales en los pilares de concreto, lo que podría haber debilitado el edificio con el tiempo.
La investigación del NIST –que investigó el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001– podría tardar años en terminar formalmente, aunque las actualizaciones al público pueden llegar en unos meses. La dirección de la investigación penal dependerá de sus conclusiones.
"Sin una causa, es difícil procesar a alguien", señaló la fiscal superior de Miami-Dade, Penny Brill, ya jubilada. "Tienen que averiguar quién estuvo involucrado en esa causalidad. ¿Fue el arquitecto? ¿El constructor? ¿Un inspector? Hubo tantas personas a lo largo de tantos años que pudieron estar involucradas. Será un reto presentar un caso penal".
La ex jefa del Grupo de Trabajo de Fraude en la Construcción de Manhattan, Diana Florence, agregó que los investigadores penales probablemente se centrarían en los acontecimientos más recientes, como las obras del tejado, o los informes de que las obras de construcción de un condominio cercano a menudo hacían temblar a las Champlain Towers South.
"El hecho de que las barras de refuerzo pudieran o no haber sido colocadas correctamente, es horrible, pero ¿cómo podrían acusar de eso? ¿Cómo van a encontrar de forma realista al tipo que decidió colocarlas allí hace 40 años?", comentó Florence.
Florence, que procesó a una importante empresa de pruebas de concreto de Nueva York que falsificó los resultados de las pruebas de las mezclas de concreto utilizadas en proyectos de construcción, dijo que si los investigadores lanzan una red lo suficientemente amplia, es posible que acaben con otros casos delictivos aparte de las muertes, como el fraude.
"Siempre es una caja de Pandora, y con la gravedad de lo ocurrido aquí, exige una investigación a fondo", señaló.
Los fiscales de Miami-Dade ya habían presentado cargos penales en catástrofes industriales. Acusaron a una empresa de aviación de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en el accidente del ValuJet 592 en 1996. El estado acusó a SabreTech, una empresa contratada, de manipular de forma negligente los generadores de oxígeno que se colocaron en el interior del avión, lo que provocó el accidente en el que murieron más de 100 personas.
La empresa acabó declarándose inocente de un delito menor a cambio de pagar $500,000, que se destinaron a ayudar a los familiares de las víctimas de la catástrofe aérea.
La Fiscalía estatal también acusó a la empresa de señalización exterior Eller Media, junto con un electricista, de homicidio involuntario por la electrocución de un niño de 12 años en una de sus paradas de autobús. Sin embargo, en 2001 los miembros del jurado absolvieron a Eller y al electricista en el juicio.
En el caso de Surfside, los fiscales de Miami-Dade han guardado silencio sobre el alcance de la investigación penal.
Por ahora, Fernández Rundle se ha centrado en el jurado de instrucción, que emitirá "recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir un desastre como este, no solo en Surfside, y no solo en los condominios, sino en todos los edificios y estructuras de las zonas costeras, intercosteras y circundantes de nuestro condado, estado y nación", declaró en un comunicado el miércoles.
A lo largo de décadas, los jurados de instrucción de Miami-Dade han emitido informes sobre la salud financiera del sistema de hospitales públicos de Miami, el estado medioambiental de la Bahía de Biscayne y el tratamiento de enfermos mentales en las cárceles del condado, y las prácticas corruptas en las inspecciones de edificios, entre otros muchos temas.
En una declaración anterior, ella aseveró que el jurado de instrucción "no pondría en peligro ninguna investigación científica, de seguridad pública o potencialmente criminal". El mandato del actual jurado de instrucción finaliza a principios de noviembre, aunque sus miembros pueden pedir que se amplíe hasta 90 días para poder terminar cualquier informe sobre un tema más amplio.
Otra posibilidad: un futuro jurado de instrucción pudiera estudiar la posibilidad de presentar acusaciones penales, tras una investigación federal.
Sin embargo, Gary Winston, un ex fiscal de Miami-Dade que trabajó en la acusación contra ValuJet, dijo que los cargos penales serán difíciles debido a la naturaleza sin precedentes del colapso de Surfside, sería difícil demostrar que las personas involucradas en la construcción, las reparaciones o el mantenimiento podían haber previsto que todo el edificio se derrumbaría.
"Los edificios no se derrumban así", señala Winston. "Es difícil imaginar que alguien hubiera reaccionado y no hubiera dicho: huyan todos porque se va a derrumbar".
