Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
Tribune News Service
Tribune News Service
World
Kate Morrissey

'Rentar a extranjeros está prohibido': Hondureña lucha por sobrevivir en el sur de México

TAPACHULA, México – A Jyohana no se le permitía hablar en el edificio de departamentos en donde vivía en Tapachula. Si lo hubiera hecho, probablemente habría perdido su casa.

Esto se debe a que el edificio en la ciudad del sur de México, en donde esta hondureña de 32 años ha rentado durante gran parte del año, no permite extranjeros. Está escrito en el reglamento.

Encontrar una vivienda en esta pequeña ciudad, que solo cuenta con tres albergues para inmigrantes, ya sería bastante difícil para los miles de solicitantes de asilo atrapados allí por las fuerzas de inmigración mexicanas, incluso sin considerar la creciente xenofobia de la región.

El sentimiento antimigrante dificulta la supervivencia, por no hablar de la forzosa aclimatación al lugar en el que muchos de los que huyen para salvar sus vidas se ven obligados a pedir refugio. Los retos son aún más difíciles para los migrantes afroamericanos, que se enfrentan a capas adicionales de discriminación por parte de los tapachultecos.

Las empresas de allí suelen incluir la nacionalidad mexicana como requisito en las ofertas de trabajo, y algunos vecindarios ni siquiera dejan entrar a los inmigrantes para visitar a sus amigos que viven allí.

"No veo como en México están brindando seguridad a los refugiados. Al contrario, es racismo", dijo Jyohana.

La rentera de Jyohana decidió saltarse las normas para ella y sus dos hijos, porque la rentera era cliente del negocio de salón de uñas que Jyohana administraba, por debajo del agua, en la habitación de hotel en la que había estado viviendo.

El acento de Jyohana como hondureña se distingue fácilmente del español mexicano que hablan los lugareños. Para evitar que la echaran del apartamento, la rentera le dijo a Jyohana que no hablara en el pasillo ni con al tener la puerta abierta. No le dijo nada a sus vecinos. Solo llevaba a su casa a clientas mexicanas para que les hicieran las uñas.

"Esto me parece muy indignante, la verdad", dijo Jyohana.

Por muy insultante que fuera, el departamento era el único lugar donde podía permitirse estar mientras esperaba un tiempo, al parecer indeterminado, para poder salir de la ciudad.

Jyohana pidió no ser identificada del todo, pues cree que las personas de las que huyó en su país podrían seguir intentando encontrarla.

Tardó unos seis meses en ganar su caso de asilo y en ser reconocida como refugiada en México. Pero, incluso después de eso, siguió atrapada en Tapachula.

Solo pudo mudarse a otro lugar de México cuando obtuvo un permiso adicional por parte de los funcionarios de inmigración mexicanos. Mientras tanto, lo único que podía hacer era esperar en una ciudad en la que no se sentía ni querida, ni bien recibida, ni segura.

Una vida perdida

Durante la mayor parte de su vida, Jyohana no había tenido intención de salir de Honduras. Cuando vio en la televisión noticias sobre las caravanas de migrantes, en 2018, pensó que estaban locos.

"Ahora que estoy en esta situación, comprendo que no es que ellos quieran, es que se les forzó a hacerlo", dijo.

Los huracanes consecutivos que se presentaron en noviembre de 2020 destruyeron su casa y gran parte de su ciudad, y ella se vio obligada a mudarse a Tegucigalpa, la capital del país, para obtener ingresos suficientes para sobrevivir. Una vez allí, abrió un negocio de importación de productos de belleza y, con la ayuda de varios trabajos, pudo reunir el dinero suficiente para construir una casa para ella y sus hijos, dijo.

Entonces empezó la extorsión.

Recibió amenazas y, un día, unos pandilleros la golpearon en la cabeza con una pistola. Llamó a las fuerzas antipandillas de Honduras, pero, cuando estas no aparecieron, tuvo que huir.

Acudió a una fiscalía cercana a la frontera entre Honduras y Guatemala y denunció a los pandilleros que la atacaron. Los abogados tomaron nota de su información, pero tenía claro que no podían protegerla. Y probablemente se había puesto en más peligro al denunciar.

Jyohana pensó en sus opciones. Sabía que la pandilla también tenía fuerte presencia en El Salvador y Guatemala. No creía que iba a estar segura en ninguno de los dos países.

Le habría gustado ir a Estados Unidos, dijo, en donde tiene familia, pero no quería tener que cruzar la frontera ilegalmente o vivir como indocumentada. Debido a una política que el gobierno de Trump inició al principio de la pandemia y que continuó el gobierno de Biden, no hay forma de que los solicitantes de asilo pidan protección sin cruzar ilegalmente a Estados Unidos, y, aun entonces, pueden terminar expulsados a México o a sus países de origen.

Jyohana decidió ir a México, en donde tiene unos parientes lejanos, pero nunca llegó a ellos después de cruzar desde Guatemala. Al igual que miles de personas antes y después que ella, Jyohana se quedó atrapada en Tapachula. Como no quería arriesgar su vida y la de sus hijos intentando burlar las defensas de la Guardia Nacional Mexicana, que apoya la labor de los funcionarios de inmigración en la región, hizo lo único que podía hacer: pedir asilo.

La oficina de la agencia mexicana de asilo en Tapachula estaba sobrecargada de solicitudes, al punto de cerrar sus puertas a nuevos casos a finales del verano, pero Jyohana logró iniciar el proceso antes de que eso ocurriera. Aun así, fue difícil conseguir información sobre lo que implicaba el proceso. Al principio le dijeron que tardarían 45 días en tramitar su solicitud, ya que la legislación mexicana exige que los casos se resuelvan en 45 días hábiles, o 90 en circunstancias extraordinarias. Pero la espera de Jyohana para ser reconocida como refugiada se alargó mucho más.

En lo que va de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha recibido casi 80 mil casos que representan a más de 123 mil personas. Los funcionarios han aprobado por debajo de 35 mil casos este año, menos de la mitad del total recibido.

Mientras esperaba, Jyohana se enteró de que la pandilla había tomado su casa en Tegucigalpa. Habían encontrado muerto a un guardia de seguridad. Los pandilleros se quedaron con su coche, su computadora, su celular del trabajo, todo.

"¿Cómo le explico? Yo perdí mi vida. Yo no tengo ya la vida que tenía", dijo.

Tratados como "invasores"

Desde el momento en que pisó suelo mexicano, dijo Jyohana, la hicieron sentir como una "invasora".

Como no quería colarse en el país, cruzó a pie el puente desde Tecún Umán, en Guatemala, hasta el puerto de entrada mexicano que lleva a Ciudad Hidalgo, una pequeña ciudad fronteriza cerca de Tapachula. Todavía llevaba puesta la pijama con la que huyó de su casa poco más de una semana antes, presa del pánico. La herida de la cabeza aún era visible.

Los funcionarios fronterizos mexicanos le gritaron, dijo, y le dijeron que no podía estar allí, que tenía que volver a suelo guatemalteco. El sentimiento de rechazo dolía, pero los trabajadores de derechos humanos de Guatemala la habían preparado para lo que probablemente le dirían los funcionarios cuando les dijera que era una solicitante de asilo, así que esperó. Sabía que los trabajadores de derechos humanos pronto estarían allí para apoyarla desde el lado mexicano.

Intentó tranquilizar a sus hijos, que cada vez estaban más nerviosos. Les dijo que no se lo tomaran como algo personal.

Si los trabajadores de derechos humanos no hubieran venido, dijo, no está segura de que hubiera podido soportar la presión de regresar a Guatemala. Pero saber lo que le esperaba si decidía regresar a su país la ayudó a insistir en que se le permitiera pedir asilo.

"¿A qué voy a volver? ¿Para que me maten? Es muy extraño como manejan ese proceso acá. Esto no es nada para todo lo que me ha pasado", dijo.

Con el apoyo de Andrew Bahena, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, o CHIRLA, con sede en Los Ángeles, Jyohana pudo finalmente entrar en México después de unas tres horas de espera.

En el refugio para inmigrantes al que fue llevada inicialmente, vio a unos jóvenes con tatuajes de pandillas, algunos de ellos de la misma pandilla de la que ella había huido. Uno de ellos atacó a su hijo adolescente. Abandonó el refugio a primera hora de la mañana siguiente, gastando el poco dinero que tenía en una habitación de hotel hasta que su cliente, la rentera, se ofreció a rentarle el departamento en el que no puede hablar.

Cuando salía a la calle, se daba cuenta de la forma en la que la gente la miraba y del tono que usaban al hablar con ella.

"Yo siento que aquí a uno lo ven como una amenaza. Sienten que nosotros no somos personas iguales que ellos", dijo.

Intentó proteger a sus hijos de la experiencia, manteniéndolos en casa todo lo posible.

"Estoy tratando de cuidar su infancia", dijo.

Un día estaba demasiado cansada de su trabajo en las uñas como para cocinar, así que fue a un restaurante del centro a comprar hamburguesas para sus hijos. Los funcionarios de inmigración la vieron caminar, dijo, y la detuvieron sin decirle nada.

Sus hijos estaban esperándola en el departamento a que les llevara la comida, y ella no podía hacer nada. Finalmente, después de horas de detención, pudo explicar a los funcionarios su situación migratoria, es decir, que tenía un caso de asilo pendiente, y la dejaron irse.

"Eso para mí fue horrible y que bueno que yo andaba sola. Imagínese si yo hubiera andado con mis hijos", dijo Jyohana.

Más vulnerable

A pesar de todas sus dificultades, Jyohana tuvo más suerte que muchos de los solicitantes de asilo que terminan en Tapachula.

Contó con el apoyo de múltiples organizaciones de derechos humanos. Encontró a una rentera dispuesta a rentarle. Con sus ingresos haciendo uñas pudo alimentar a sus hijos.

Cuando salía a Tapachula, ya fuera para conseguir comida o para comprobar su caso, veía a familias migrantes, sobre todo compuestas de mujeres y niños, muriéndose de hambre en las calles. Muchos de los niños estaban tan desnutridos que podía ver sus huesos, dijo. Empezó a llevar comida consigo para compartirla con ellos.

Intentó enseñar a algunas de las mujeres a arreglar uñas.

"Hay personas más vulnerables que yo que ni siquiera pueden trabajar, mujeres que de toda su vida han dependido de su marido y todo y son las que están allá afuera pidiendo alimento para sus niños, que vienen huyendo y no saben exactamente a lo que vienen acá", dijo.

Estaba especialmente enojada por la forma en que los tapachultecos locales trataban a los haitianos. Se vio obligada a observar en silencio cómo sus vecinos maltrataban a los haitianos de otros edificios cercanos. Esperaba poder denunciar a sus vecinos una vez que pudiera salir de Tapachula.

Guerline Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, una organización sin fines de lucro que apoya a los migrantes, especialmente a los afroamericanos, en la frontera con Estados Unidos y en México, dijo que su organización ha recibido reportes de ataques segregacionistas, desde insultos racistas hasta brutalidad policial, contra los haitianos en Tapachula.

Su colega Joelle Julien, que fue a Tapachula como consultora de investigación para la organización, dijo que el racismo afecta el acceso de los haitianos a la vivienda, la alimentación, la atención médica y la educación en la ciudad.

Los precios de las rentas anunciadas aumentan considerablemente cuando los haitianos se presentan a preguntar por una habitación, dijo Julien. Los taxis también cobran más.

Un hombre, dijo Jozef, perdió su empleo trabajando en una pequeña tienda de allí porque los lugareños le dijeron al propietario que ya no comprarían nada si el hombre se quedaba.

Esto, según Jozef, ilustra una diferencia clave entre la experiencia de los migrantes afroamericanos y la de Jyohana, que pudo conservar su departamento siempre y cuando no hablara.

"Los migrantes afroamericanos no pueden escapar. Cuando llegan, sienten que no pertenecen", dijo Jozef. "No tienen que hablar para que la gente tenga este prejuicio extremo contra ellos. Su sola presencia no es bienvenida".

Cree que la situación a la que se enfrentan los migrantes afroamericanos atrapados en Tapachula es deliberada por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha presionado a México para que los migrantes no lleguen a suelo estadounidense.

"No pueden hacer el viaje de vuelta, es simplemente imposible", dijo Jozef. "No pueden avanzar. No tienen refugio ni comida. Así que, por lo tanto, se les pone literalmente en ese espacio para que mueran".

Aún estancada

Jyohana constantemente verificaba el estatus de su caso con la oficina de asilo mexicana. Cree que su perseverancia le hizo obtener una respuesta más rápido de lo que pudo haber hecho de otro modo, aunque aun así el proceso siguió siendo dolorosamente lento.

Mientras esperaba, construyó una cocina improvisada con cajas y un quemador portátil. Compró colchones de aire para ella y sus hijos.

A finales de septiembre, recibió una llamada de la oficina para informarle que habían recibido los resultados. Ansiosa, fue a averiguar si la habían reconocido como refugiada. Pero cuando llegó a la oficina de la COMAR, en el centro de Tapachula, los trabajadores le dijeron que aún no tenían los documentos para su caso. Tendría que volver cuando la llamaran de nuevo.

Se fue desolada. Fue como si el sistema se burlara de ella, dijo.

Pasaron otras dos semanas antes de que los funcionarios la llamaran de nuevo para darle una cita y que acudiera a recibir su respuesta. La noche anterior a su cita, la ansiedad la mantuvo despierta, además de un agujero en su colchón de aire que hacía que su cama improvisada se desinflara.

Cuando un funcionario le entregó el papel que reconocía oficialmente a su familia como refugiada, se estremeció de emoción. Cuando se lo dijo a sus hijos, dijo, lloraron muchísimo.

Pero, según le dijeron los funcionarios, aún no podía abandonar Tapachula. Tenía que completar otro paso en el proceso para obtener un documento de residencia permanente del Instituto Nacional de Migración, la agencia de inmigración de México, que es independiente de la COMAR.

Mientras esperaba ese último paso, la asaltaron en una tienda de abarrotes. Los ladrones se llevaron todo, dijo, incluyendo su documentación de asilo.

En diciembre, por fin pudo mudarse.

Todavía está preocupada por cómo la experiencia ha afectado a sus hijos.

"Lo que me mata y me sigue matando es la situación de que yo no quiero que su infancia quede tan marcada, tan fea", dijo Jyohana.

Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.