Tratar a pacientes se ha vuelto más caro durante la pandemia, y los médicos y dentistas no quieren cargar con todos los nuevos costos.
Por ejemplo, la caja de 100 guantes que costaba 2.39 dólares en febrero de 2020 cuesta ahora 30 dólares, señaló la doctora Judee Tippett-Whyte, presidenta de la California Dental Association, que tiene un consultorio dental privado en Stockton.
Su consultorio solía utilizar mascarillas quirúrgicas que costaban 20 centavos cada una, pero se ha actualizado con mascarillas N95 a 2.50 dólares cada una. Además, en su consulta se programan dos o tres pacientes menos cada día para dar cabida al distanciamiento físico y dar tiempo a los miembros del personal a desinfectarse entre pacientes, comentó.
"Hemos soportado muchos cambios financieros", dijo Tippett-Whyte. "No deberíamos tener que asumir el costo de esto nosotros mismos".
Su argumento plantea un interrogante fundamental en torno al COVID-19: ¿Quién debe pagar los gastos de la pandemia? ¿Deben ser los proveedores de atención a la salud los que se enfrenten a los nuevos protocolos de la época de la pandemia o las compañías de seguros, que pueden trasladar sus costos adicionales a los clientes en forma de primas más altas?
Grupos cabilderos de dentistas y médicos de California afirman que las compañías de seguros están llenas de dinero después de haber cobrado las primas durante la pandemia, pero han pagado menos reclamaciones de lo habitual, y deberían pagar la cuenta. La California Medical Association, que representa a los médicos, patrocinó una legislación que exige a las aseguradoras reembolsar a los consultorios médicos y dentales los gastos relacionados con la pandemia, como el equipo de protección personal (EPP), el desinfectante y el tiempo del personal necesario para examinar a los pacientes en busca de síntomas antes de una cita.
Recientemente fracasó a nivel federal una petición de los médicos para facturar a Medicaid y Medicare los suministros y otros gastos relacionados con la pandemia. Pero en el estado de Washington, una nueva ley patrocinada por el grupo cabildero de los médicos del estado exige a las aseguradoras de salud privadas reembolsar una parte de esos costos.
Los grupos comerciales de las aseguradoras se han opuesto a ambas medidas estatales.
El reembolso del costo de los suministros no médicos no suele ser responsabilidad de las aseguradoras, subrayó Mary Ellen Grant, vocera de la California Association of Health Plans.
"Aquí estamos, con los niveles de tratamiento y consulta de vuelta a los niveles previos a la pandemia. Ahora quieren un pago adicional de los planes para pagar los gastos no médicos", agregó Grant.
La industria de las aseguradoras también señala que los médicos y dentistas no han tenido que valerse por sí mismos en lo que respecta a los EPP y otros gastos relacionados con la pandemia. Desde abril de 2020, el U.S. Department of Health and Human Services ha distribuido 9,900 millones de dólares a más de 50 mil proveedores médicos de California a través del Provider Relief Fund, de los 178 mil millones de dólares disponibles a nivel nacional.
Y más de 900 mil empresas en la categoría de "asistencia sanitaria y social" (incluyendo algunas prácticas médicas y dentistas) han obtenido préstamos del Paycheck Protection Program de la Small Business Administration desde marzo de 2020.
Una carta de los grupos de seguros que se oponen al proyecto de ley de California señala otros apoyos, como los pagos anticipados de las reclamaciones de seguros por parte del gobierno federal y los planes de seguros, las subvenciones y los préstamos estatales, y los programas que distribuyeron EPP gratuitos a algunos consultorios.
"Han recibido mucha ayuda de los federales para cubrir estos gastos", señaló Grant.
Un análisis publicado el lunes por Kaiser Family Foundation descubrió que la mayoría de las compañías de seguros médicos fueron más rentables durante la pandemia. En general, recaudaron más primas de los miembros cada mes de lo que pagaron en reclamaciones, y gastaron un porcentaje menor de primas en reclamaciones médicas en 2020 que en 2019. La mayor aseguradora médica del país, UnitedHealth Group, anunció recientemente que sus ingresos netos en el primer trimestre de 2021 fueron un 44 por ciento superiores a los del mismo trimestre del año anterior.
Allison Hoffman, profesora que investiga políticas de salud en la facultad de Derecho de la University of Pennsylvania, dijo que siente poca simpatía por las compañías de seguros médicos que "hicieron una fortuna durante el año pasado" cobrando primas sin pagar el número típico de tratamientos y visitas médicas.
"Estamos empezando a ver una especie de definición más amplia de lo que el seguro médico podría pagar para mantener a la gente sana", explicó Hoffman. "No hay nada como una emergencia de salud pública para sacar a relucir el hecho de que, a veces, no es un medicamento recetado o un procedimiento quirúrgico lo que va a mejorar la salud".
A finales del año pasado, la American Medical Association presionó a los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) federales para que aprobaran un código de procedimiento que los médicos pudieran utilizar para facturar a esos programas de seguros públicos el EPP, los materiales de desinfección, las modificaciones de oficinas para mantener a la gente separada y el tiempo que el personal dedica a instruir a los pacientes antes de sus visitas y a revisar síntomas. A menudo, cuando los reguladores federales aprueban un nuevo código de facturación para Medicare y Medicaid, las aseguradoras privadas empiezan a reembolsar también los costos correspondientes.
Permitir a los médicos facturar ese código les ayudaría a seguir los protocolos de control de infecciones sin reducir aún más los ingresos, escribió la asociación a la agencia federal.
Pero los CMS rechazaron la petición, alegando que consideran el pago de esos costos como parte del pago del resto de la consulta, según un portavoz de la agencia.
A raíz de esa decisión, dos asociaciones médicas estatales se sumaron a la causa.
La Washington State Medical Association respaldó una ley, que entró en vigor el 16 de abril, que permite a los proveedores de asistencia sanitaria facturar a las compañías de seguros privadas reguladas por el estado 6.57 dólares cuando atienden a un paciente en persona (además de facturar por cualquier servicio que presten) para cubrir el costo del EPP adicional, el tiempo del personal y los materiales para realizar y transportar las pruebas de detección de COVID-19. Las nuevas normas duran el resto de la emergencia de salud pública declarada por el gobierno federal.
Para una ley que puso a la asociación médica del estado y a la asociación de seguros en lados opuestos de la mesa de negociación, fue notablemente poco conflictiva, dijo el senador estatal David Frockt (demócrata por Seattle), que presentó el proyecto de ley.
La legislación californiana, que aún se está debatiendo, es más abierta que la de Washington.
El SB 242 no especifica una cantidad en dólares, pero exigiría que los planes de salud privados regulados por el estado reembolsen a los consultorios médicos y dentales los gastos empresariales "médicamente necesarios" asociados a una emergencia de salud pública.
La California Medical Association declaró que los ingresos de los consultorios médicos cayeron en un tercio, mientras que los costos de los EPP aumentaron en un 14 por ciento en los primeros seis meses de la pandemia, según una encuesta realizada a sus miembros en octubre de 2020. De los encuestados, el 87 por ciento dijo estar preocupado por su viabilidad financiera.
"Cuando se observan los beneficios récord de algunas de estas empresas que cotizan en bolsa, lo que muestran a sus accionistas es una gota de agua en una cubeta", dijo el portavoz de la asociación Anthony York sobre las aseguradoras de salud. "No nos sorprende que los planes no quieran pagar más, pero en última instancia esta es una lucha que tendremos en la legislatura".
El proyecto de ley pretende evitar que los consultorios pequeños y medianos cierren sus puertas ante el aumento de los costos, dijo su autor, el senador estatal Josh Newman (demócrata por Fullerton). Las asociaciones médicas y dentales del estado advierten que cualquier cosa que añada costos y recorte los ingresos podría obligar a los consultorios más pequeños a cerrar o consolidarse, agravando la escasez de médicos y dentistas en todo el estado.
"Lo que estoy haciendo, como legislador, es compensar deliberadamente algunos de estos costos onerosos para que no perdamos médicos y consultorios", dijo Newman. "Sería una pena que esas comunidades perdieran el acceso a la asistencia a la salud".
