Cuando Corey Hill se presenta a trabajar en la planta manufacturera de Daimler Trucks en Cleveland, Carolina del Norte, sabe que no podrá mantenerse a una distancia física segura de sus compañeros en la línea de montaje.
Ya que la maquinaria de la planta no se puede mover, su sindicato luchó y consiguió otras protecciones, como controles de temperatura, un mandato de uso de tapabocas, transparencia de pruebas de detección y periodo de enfermedad pagado. Aunque su planta ha visto varios casos de COVID-19 durante la pandemia, hasta ahora ha evitado un brote importante. Él sabe que muchos trabajadores de su estado no tienen tanta suerte.
A lo largo de la pandemia, los funcionarios laborales del estado de Carolina del Norte no han emitido ni una sola citación por una violación de seguridad relacionada con el COVID-19.
"¿Qué estamos haciendo por esos trabajadores que no tienen voz en su lugar de trabajo?", preguntó Hill, presidente del United Auto Workers Local 3520. "Todavía es una lucha porque no tenemos ningún organismo gubernamental que haga cumplir estas cosas. ... Las empresas tienen la libertad de hacer lo que quieran".
Hasta ahora, el Departamento del Trabajo de Carolina del Norte no ha emitido ningún requisito relacionado con el COVID-19 para los lugares de trabajo, y tampoco lo han hecho muchos otros estados. Algunos citan normas u órdenes ejecutivas existentes como base para su aplicación, pero los defensores de los derechos de los trabajadores indican que muchos estados no han sido agresivos en cuanto a la inspección de los lugares de trabajo o la emisión de penalizaciones, pese a un número abrumador de quejas, dejando a los trabajadores en peligro.
Esa negligencia se debe en parte a que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés) no ha emitido nuevas normas durante la pandemia. Veintinueve estados están bajo la jurisdicción de la OSHA para los trabajadores del sector privado. Los 21 estados con sus propias agencias de seguridad en el lugar de trabajo deben cumplir o superar los estándares de la OSHA, pero no se les ha dado un punto de referencia federal sólido a seguir. El presidente electo Joe Biden ha dicho que pedirá a la OSHA que reevalúe su decisión de no emitir reglas de emergencia.
En una declaración a Stateline, la OSHA declaró que ha publicado recomendaciones para la seguridad en relación con el COVID-19 en el lugar de trabajo, pero que sus reglas actuales son suficientes para mantener a los trabajadores seguros de la pandemia.
Cuatro estados (California, Michigan, Oregón y Virginia) han emitido normas de emergencia y han cambiado sus tácticas de divulgación y aplicación de la ley para trabajar mejor durante la pandemia. Esas normas cubren aspectos como las pruebas de detección, la notificación de casos, el equipo de protección personal, el distanciamiento físico y la ventilación.
Varios otros estados están haciendo cumplir las órdenes ejecutivas de un gobernador o una cláusula de obligaciones generales que exige que los lugares de trabajo estén "libres de riesgos reconocidos", pero los defensores de los trabajadores indican que incluso esos requisitos no son lo suficientemente amplios.
La falta de reglas firmes y de la aplicación de las mismas ha afectado especialmente a la gente de color, a los inmigrantes y a los trabajadores de bajos salarios que no pueden trabajar a distancia y que se han enfrentado a las peores consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.
Los empleados sin documentación legal, que a menudo trabajan en los lugares de trabajo más peligrosos en cuanto al COVID-19, son particularmente vulnerables. Muchos no quieren denunciar a sus empleadores, señalan los activistas, por temor a las repercusiones basadas en su condición de inmigrantes.
Muchas agencias estatales de seguridad en el lugar de trabajo han visto un número récord de quejas durante la pandemia. Los expertos dicen que tales agencias carecen de personal incluso en tiemposnormales, y el año pasado ha planteado un desafío sin precedentes.
"Todo lo que se puede hacer es dirigirse a los peores infractores", dijo Deb Roy, presidenta de la American Society of Safety Professionals, una organización comercial con sede en Illinois para trabajadores de los sectores público y privado.
"Es básicamente para avergonzar a los peores infractores y tratar de mantener honesto al resto. Desde el punto de vista de los recursos, nunca vas a tener suficiente dinero o gente para ir tras todos".
En Carolina del Norte, los activistas alentaron a los trabajadores a quejarse ante el Departamento del Trabajo del estado a principios de la pandemia, comentó Clermont Ripley, abogado del North Carolina Justice Center, una organización sin fines de lucro que ofrece ayuda legal, divulgación y defensa de políticas en nombre de los grupos desfavorecidos. "En última instancia, dejamos de poner esfuerzo alguno en eso porque obtuvieron respuestas muy decepcionantes. Los funcionarios de la agencia simplemente decidieron que no iban a investigar".
Ripley y otros han presionado para que la agencia emita normas de emergencia específicamente para combatir la propagación del COVID-19, pero en una carta en noviembre a esos activistas, la entonces comisionada del departamento, la republicana Cherie Berry, dijo que no se ha probado que "sea probable que [el coronavirus] cause muerte o daños físicos graves desde la perspectiva de un riesgo laboral".
Desde entonces, Berry fue sucedida por Josh Dobson, también republicano, pero el departamento aún no ha indicado que cambiará su postura sobre el riesgo de la pandemia para los empleados. Los funcionarios afirman que el coronavirus no alcanza el umbral legal necesario para emitir reglas de emergencia.
"Llegar a ese nivel de estándar es difícil de promover cuando se trata de una enfermedad de origen comunitario, no de una enfermedad del lugar de trabajo", comentó Scott Mabry, subcomisionado adjunto de la División de Salud y Seguridad Ocupacional de la agencia.
"Algunos de estos estados [con normas contra el COVID-19] podrían tener problemas a largo plazo para tratar de mantener su actividad de aplicación de la ley".
En estados como Carolina del Norte, donde los sindicatos son débiles y la membresía es baja, la mayoría de los empleados no tienen la capacidad de luchar por un lugar de trabajo seguro si los funcionarios estatales no actúan en su nombre.
"El 97 por ciento de los trabajadores en este estado tienen que confiar en que su corporación tome la decisión correcta", señaló Hill. "Eso es para lo que se supone que está el Departamento del Trabajo, para proteger la seguridad de los trabajadores".
Los activistas afiman que algunos trabajadores en Carolina del Norte (particularmente en la industria empacadora de carne) han sido forzados a trabajar en cuartos cerrados, se les ha proporcionado equipo de protección personal inadecuado y se les ha mantenido silenciados sobre los brotes entre sus compañeros de trabajo.
Los registros estatales atribuyen 24 muertes en el lugar de trabajo a la pandemia, lo cual muchos activistas consideran un recuento insuficiente. El estado se ha negado a revelar la ubicación de los brotes en las plantas empacadoras de carne, alegando que hacerlo pondría en peligro su relación de cooperación con la industria.
"Los trabajadores son realmente vulnerables en Carolina del Norte", afirmó Julia Solórzano, abogada del Southern Poverty Law Center, una organización de derechos civiles sin fines de lucro que se especializa en litigios de interés público.
"Es un ambiente siniestro donde la gente deja de ir a trabajar y nadie sabe por qué. Los trabajadores con los que he hablado no tienen confianza en que su lugar de trabajo los vaya a proteger. No estamos exigiendo a sus empleadores que adopten medidas básicas para protegerlos".
Mabry, el funcionario de Carolina del Norte, comentó que la mayoría de los empleadores han estado dispuestos a seguir las sugerencias respecto al COVID-19 voluntariamente cuando la agencia los contacta. Dijo que las quejas de los trabajadores de las plantas empacadoras de carne han disminuido en los últimos meses, y la industria no ha reportado ningún brote en la última semana.
Pero algunos grupos empresariales han dicho que las nuevas reglas perjudicarían a los empleadores que ya están pasando apuros durante la pandemia. La National Federation of Independent Business ha demandado a California por sus estándares, alegando errores de procedimiento y afirmando que impondrían una "carga financiera significativa" a las pequeñas empresas. La sucursal del grupo en Virginia ha calificado las normas en ese estado como "demasiado gravosas", a la vez que se opone a una extensión permanente de las normas.
La National Retail Federation también ha tratado de anular el estándar de California, mientras que la National Association of Manufacturers ha dicho que ha comenzado a hacer gestiones ante la administración entrante de Biden para ofrecer su aportación sobre un posible estándar federal.
La agencia estatal de la OSHA de Oregón ha recibido más de 18 mil quejas relacionadas con la pandemia solamente, lo que representa un aumento de diez veces con respecto a las quejas que recibe en un año normal para todos los asuntos del lugar de trabajo combinados. Los funcionarios han confiado principalmente en las llamadas telefónicas y las cartas para buscar el cumplimiento de las empresas. La agencia ha realizado 227 inspecciones, emitiendo citaciones por 104 violaciones de seguridad. Con 76 oficiales de cumplimiento en el personal, eso hace un promedio de menos de tres inspecciones cada uno en un lapso de casi nueve meses.
A finales del año pasado, The Oregonian descubrió que la agencia había sido advertida sobre las condiciones de 23 empleadores que la Agencia de Salud de Oregón luego detectó entre los 35 mayores brotes de COVID-19 en sitios de trabajo estatales. Los funcionarios de la agencia inspeccionaron solo dos de esos negocios y no emitieron ninguna multa.
"¿Desearíamos haber captado algunas de estas banderas rojas? Absolutamente", dijo Aaron Corvin, un vocero de la agencia en una entrevista con Stateline. "No voy a pretender que tenemos todos los recursos que necesitamos para abordar todas estas cosas. Podría ser más fácil ver los fracasos que los éxitos. Esos son más difíciles de ver, ¿cómo evitamos que contraigan la enfermedad?"
Corvin añadió que la OSHA de Oregón no puede garantizar el cumplimiento de todos los empleadores, e indicó que es "irrazonable" esperar que la pequeña agencia por sí sola mantenga a todos los trabajadores seguros. Comentó que la agencia redujo su presencia de cumplimiento al principio de la pandemia porque no quería que los funcionarios contribuyeran a la propagación de la enfermedad.
La agencia de seguridad en el lugar de trabajo de California ha recibido casi 10 mil quejas sobre seguridad en el lugar de trabajo durante la pandemia. La de Michigan ha recibido más de 12 mil, mientras que la de Washington ha recibido 84 mil (esas quejas llegaron a través de una página de reportes en el sitio web del Emergency Operations Center del estado, mientras que las quejas de otros estados han sido iniciadas únicamente por trabajadores).
Los funcionarios de muchos estados afirman que han asignado más personal para ayudar en el campo de las quejas. Las agencias manejan la mayoría de las quejas con una notificación por escrito al empleador, que suele ser el final de la investigación si la agencia considera que la empresa ha dado una respuesta adecuada. Los estados realizan inspecciones in situ solo para una pequeña fracción de las quejas que reciben. En algunos estados, los defensores de los trabajadores alegan que las empresas están abusando de ese sistema.
"Nunca he escuchado a una sola persona decir que la Industrial Commission of Arizona haya salido a echar un vistazo a lo que está sucediendo", comentó Shefali Milczarek-Desai, un profesor asistente de derecho de la University of Arizona que dirige la Workers’ Rights Clinic de la escuela, que proporciona asistencia legal gratuita a los trabajadores de bajos salarios.
"Su posición es que, si el empleador en absoluto disputa lo que el demandante alega, levantan las manos y dicen: 'No podemos hacer nada al respecto'. Han renunciado completamente a su responsabilidad de llevar a cabo una investigación".
Los votantes de Arizona aprobaron una iniciativa en la votación de 2016 que requiere que los empleadores proporcionen licencia por enfermedad remunerada. Sin embargo, en la práctica, dijo Milczarek-Desai, incluso durante la pandemia, muchos trabajadores siguen viéndose obligados a elegir entre ir a trabajar enfermos o perder sus sustentos de vida.
"Tenemos esta gran ley en los libros, pero no es realmente significativa", dijo. "Bien podría no existir si no se hace cumplir. Es difícil no sentir que la agencia estatal ve esto como una fuerza de trabajo prescindible".
Un vocero de la Industrial Commission of Arizona no respondió a una solicitud de comentarios.
Incluso en estados con reglas estrictas en el lugar de trabajo, los funcionarios reconocen que no pueden realizar inspecciones en el lugar para cada queja. California, que cuenta con los estándares de seguridad en torno al COVID-19 más estrictos del país, ha pasado a la modalidad de "triaje" para tratar las quejas, señaló Doug Parker, jefe de la División de Salud y Seguridad Ocupacional, reservando las inspecciones para los casos más graves.
California emitió normas a finales del año pasado que cubren los procedimientos de selección, la notificación de casos, los tapabocas, el distanciamiento físico y la baja por enfermedad remunerada. Los estándares de emergencia también prevén protecciones específicas para los trabajadores agrícolas que han compartido la vivienda y el transporte proporcionados por un empleador.
La Cal/OSHA se ha vuelto a centrar en la educación y la divulgación a los empleadores. En lugar de concentrarse en investigaciones que requieren mucho tiempo, muchos de los funcionarios del departamento han estado realizando inspecciones en regiones e industrias de alto riesgo con visitas de "asistencia para el cumplimiento", ayudando a las empresas a corregir las cosas en el acto y reteniendo la acción de de aplicación a menos que los empleadores se nieguen a cumplirlas.
"No teníamos la capacidad de responder de la manera tradicional a estos hechos, pero pudimos multiplicar nuestra capacidad para llegar a muchos más lugares de trabajo", agregó Parker. "Esta es la primera vez que los empleadores se acercan a nosotros diciendo: 'Dinos qué hacer'".
California ha realizado miles de esas visitas durante la pandemia. También ha realizado más de mil 800 inspecciones de cumplimiento de la ley, encontrando más de 250 violaciones y emitiendo dos millones de dólares en multas. El estado ha reportado 406 muertes por COVID-19 en sitios de trabajo, que Parker considera un recuento insuficiente, ya que muchos nunca son reportados.
La California Chamber of Commerce se quejó en una carta de que los empleadores no tuvieron suficiente tiempo para cumplir con los nuevos estándares del estado antes de que entraran en vigor. El grupo afirmó que los requisitos de pruebas de detección del estado podrían ser imposibles de cumplir para algunos empleadores, y pidió a los funcionarios que permitan una mayor flexibilidad en los periodos de cuarentena si los trabajadores dan negativo. La Cámara también pidió a la agencia que aclarara sus requisitos para la licencia por enfermedad remunerada.
En Michigan, la agencia estatal OSHA proporcionó millones de dólares en subvenciones para ayudar a los empleadores a comprar equipos de seguridad y ayudar a los restaurantes a ampliar los asientos al aire libre. Los funcionarios se han centrado en eventos de divulgación y consultas sorpresa para dar a las empresas la información que necesitan. Sean Egan, el director estatal de Seguridad Laboral ante el COVID-19, declaró que los estándares sobre el coronavirus de Michigan han puesto a los funcionarios en una posición mucho más firme para mantener a los trabajadores seguros.
"Uno de los desafíos para muchos estados es que se basan en la cláusula de obligaciones generales", explicó. "Emitimos reglas de emergencia en octubre; eso cambia su capacidad de hacer cumplir las restricciones del COVID-19, porque ahora tienen una norma oficial".
La agencia ha emitido más de 40 multas e investigado más de 30 muertes en lugares de trabajo.
Muchos defensores de los trabajadores culpan al gobierno federal por no emitir nuevas normas durante la pandemia, lo que obligaría automáticamente a las agencias estatales a seguir su ejemplo.
"Sin la actuación de la OSHA federal, muchos de estos estados han dicho: 'No parece que necesitemos hacer algo", dijo Rebecca Reindel, directora de seguridad y salud ocupacional de la AFL-CIO, una federación nacional de sindicatos. "El ejemplo que están dando ahora mismo no deja mucho que los estados puedan intentar hacer".
Algunos activistas creen que muchos estados están más enfocados en reducir la responsabilidad de las corporaciones que en mantener a los trabajadores seguros. Sin la guía federal, muchas agencias no se atreven a desafiar a los líderes empresariales de su estado, dijo Juley Fulcher, defensora de la salud y la seguridad de los trabajadores de Public Citizen, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor con sede en Washington, D.C.
"Cuando se redactan estos estándares, se recibe una gran presión de la comunidad empresarial para no poner requisitos, y desafortunadamente eso es lo que sucede", señaló. "Realmente se reduce a la presión de la comunidad empresarial, a las conexiones de la comunidad empresarial. Las grandes corporaciones tienen conexiones en el gobierno y nadie las hace responsables".
Grupos de trabajadores han instado a la OSHA federal a emitir reglas de emergencia, lo que la agencia se ha negado a hacer.
"La OSHA carece de evidencia para concluir que todas las enfermedades infecciosas a las que los empleados pueden estar expuestos en un lugar de trabajo constituyen un 'grave peligro' para el que un [estándar temporal de emergencia] es un remedio apropiado", escribió Loren Sweatt, principal subsecretario adjunto del trabajo de la OSHA, en respuesta a la AFL-CIO.
Un tribunal rechazó más tarde la demanda del sindicato que buscaba obligar a la OSHA a establecer nuevas normas. En el transcurso de la pandemia, la OSHA federal ha emitido multas en 300 inspecciones relacionadas con el coronavirus, por un total de casi cuatro millones de dólares.
Aun así, sin reglas específicas para la pandemia y una aplicación más estricta, los activistas dicen que los empleadores de muchos estados saben que es poco probable que enfrenten consecuencias.
"Ni siquiera es el sistema de honor", dijo Ripley, el activista de Carolina del Norte. "El sistema de honor sugiere que hay algo que se supone que debes hacer y que podría haber una consecuencia. Aquí solo hay directrices y recomendaciones. La única cosa a la que se arriesgan es a ser avergonzados".
