El escenario de desinformación que los funcionarios electorales locales temían hace meses se ha hecho realidad: Las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump sobre el fraude electoral han sido retomadas por muchos funcionarios republicanos estatales y locales en todo el país, y las encuestas muestran ahora que más de dos tercios de los votantes republicanos creen que las elecciones de 2020 no fueron ni libres ni justas.
Diez fiscales generales estatales firmaron un informe de amigos de la corte hace dos semanas apoyando el intento fallido del presidente de bloquear una extensión de los votos por correo en Pensilvania, y los legisladores estatales de Carolina del Sur escribieron una carta en apoyo de las impugnaciones judiciales que no tenían nada que ver con su propio estado.
La semana pasada, los miembros republicanos de una junta electoral de Michigan retrasaron la certificación durante horas, lo que provocó una serie de noticias nacionales y una avalancha de protestas. Los republicanos de Arizona trataron de bloquear la certificación de los resultados del Condado de Maricopa, aunque la Junta de Supervisores votó unánimemente para certificarlos.
La secretaria de estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, dijo que había recibido amenazas de muerte debido a que los funcionarios republicanos de su estado repetían "teorías de conspiración amplias e infundadas” y “extremadamente peligrosas". Esa retórica, agregó, pudiera suprimir la participación en futuras elecciones. Ella y otros funcionarios electorales advirtieron de este escenario de pesadilla durante meses.
"Es desafortunado que estemos en este lugar donde lo que dijimos que sucedería está sucediendo realmente", declaró a Stateline. "Me entristece por nuestro país".
La negativa de Trump a ceder y las implacables e infundadas acusaciones de fraude electoral generalizado emitidas por él y otros legisladores republicanos amenazan la integridad de la democracia estadounidense, advierten muchos funcionarios electorales y expertos.
En las semanas que siguieron a su derrota ante el presidente electo Joe Biden, Trump y sus aliados han lanzado una cruzada sin pruebas contra lo que él ha llamado "la elección más fraudulenta de la historia". La mayoría de los funcionarios electorales, tanto demócratas como republicanos, lo refutan con vehemencia, alegando que fue segura y justa. En un sondeo de The New York Times entre funcionarios electorales de todos los estados, ninguno dijo que hubiera pruebas de un fraude electoral generalizado.
Pero el daño puede estar ya hecho.
Existe un peligro real de que estos ataques al proceso democrático puedan desalentar a los estadounidenses de votar en futuras elecciones, dijo Myrna Pérez, directora del Programa de Derechos de Votación y Elecciones del Brennan Center for Justice en la Escuela de Derecho de la New York University.
"Hay algunas personas que se creerán la desinformación que están recibiendo y eso les hará perder la fe", advirtió. "Pero también hay grupos que se van a disgustar. Hay un potencial para enfriar al votante no informado pero elegible".
Estos ataques a los funcionarios electorales y al proceso de votación también dan a los políticos motivos peligrosos para rechazar resultados electorales desfavorables, comentó Justin Levitt, decano adjunto de investigación de la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles, y ex funcionario superior de derechos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la administración de Obama. Este ataque contra la democracia, dijo, va mucho más allá de las normas anteriores en torno a pedir un recuento o impugnar un número limitado de votos.
Ya está sucediendo. Los candidatos republicanos que perdieron las elecciones para el Congreso y para la gubernatura en varios estados, haciéndose eco del presidente, se negaron a ceder después de que sus elecciones fueron declaradas cerradas, alegando sin pruebas que hubo un enorme fraude electoral. Los republicanos que aún no han cedido incluyen a la candidata a la Cámara de Representantes de Maryland Kimberly Klacik, el candidato al Senado de Michigan John James, y el candidato a gobernador de Washington Loren Culp.
"Debemos tener la posibilidad de perder una elección justa para que nuestra democracia funcione", comentó Levitt. "Si las únicas posibilidades de ir a una elección son: 'Ganamos o nos la robaron', eso ya no es una democracia".
Múltiples encuestas recientes muestran que la mayoría de los votantes republicanos no confía en los resultados de las elecciones. Una encuesta de Morning Consult realizada del 13 al 16 de noviembre encontró que siete de cada 10 republicanos afirman que las elecciones no fueron libres y justas, casi el doble de los que decían lo mismo justo antes de las elecciones.
"Esto convence aún más a los partidarios (de Trump) de que la elección fue de alguna manera robada o amañada pese todas las pruebas disponibles de lo contrario", dijo Richard L. Hasen, profesor de derecho y ciencias políticas de la University of California, Irvine. Este esfuerzo político, señaló, podría llevar a algunos votantes a no aceptar nunca la presidencia de Biden y socavará aún más la confianza en el proceso democrático.
La campaña de Trump y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un reciente estudio no publicado realizado por académicos de seis universidades de Estados Unidos encontró que cuando los votantes de Trump están expuestos a su retórica sobre fraude electoral, esto "erosiona la confianza en las elecciones y aumenta la creencia de que estuvieron amañadas". Se está preparando el estudio para someterlo a revisión.
Aunque los académicos realizaron la encuesta de panel en el transcurso de octubre antes de las elecciones, mostrando a los participantes docenas de tuits de Trump, los resultados siguen siendo aplicables a este periodo postelectoral, dijo Katie Clayton, una de las autoras del estudio y estudiante de posgrado de la Stanford University con interés en la investigación en ciencias políticas.
"Cuando Trump tuitea este tipo de cosas, tiene consecuencias", dijo Clayton. "Si tenemos un gran segmento de la población que no confía en las instituciones democráticas, es un gran problema".
Trump ha pasado gran parte de su presidencia criticando las elecciones, incluyendo su propia victoria en 2016 cuando perdió el voto popular.
Estos ataques del presidente se dieron mientras funcionarios de seguridad nacional advertían que Rusia y otros malos actores estaban tratando de dividir a los estadounidenses a través de la desinformación.
Los ataques de Trump se intensificaron a medida que los estados y las localidades aumentaron este año el acceso al voto por correo como precaución de seguridad en medio de una pandemia mundial. Su retórica obligó a muchos funcionarios electorales locales, incluidos los del partido del presidente, a rechazar la idea de que votar por correo era inseguro.
Desde que se cerraron las elecciones, el presidente ha llevado sus quejas a los tribunales, a Twitter (que ha calificado muchos de sus tuits como falsos) y dentro de su propia administración, despidiendo al principal funcionario de seguridad electoral de la nación, Christopher Krebs, que había declarado que las elecciones fueron "las más seguras de la historia de Estados Unidos".
El resto de los casos federales no incluyen suficientes votos para revertir las victorias de Biden en esos estados, ni los abogados de Trump han presentado ninguna prueba sustantiva de fraude electoral generalizado, comentó Hasen. En muchas de las más de dos docenas de demandas presentadas en los tribunales estatales y federales, los jueces han ofrecido respuestas mordaces a las afirmaciones.
Algunos líderes republicanos, entre ellos el gobernador de Maryland, Larry Hogan, han instado al presidente y a sus aliados a reconocer la victoria de Biden y a seguir adelante por el bien del partido y de la confianza del país en la democracia. Pero las acciones de Trump, en su mayoría, no han sido controladas o incluso alentadas por los miembros de su partido.
Diez fiscales generales estatales republicanos presentaron una declaración amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos en apoyo al esfuerzo legal de Trump para desafiar la extensión de la votación por correo en Pensilvania, mientras que los legisladores republicanos de Michigan y Pensilvania iniciaron investigaciones sobre la elección de 2020.
La semana pasada, los miembros de la junta electoral republicana en el Condado de Wayne, Michigan, se negaron inicialmente a certificar los resultados de las elecciones de Detroit, alegando que tenían preocupaciones por las irregularidades. Después de una amplia protesta de los votantes y los funcionarios estatales, que lo llamaron una medida abiertamente política, los miembros republicanos cambiaron de rumbo y certificaron los resultados. Eso cambió poco después, cuando, tras una llamada con Trump, los dos miembros republicanos pidieron rescindir sus votos. Más tarde, Trump invitó a los principales legisladores republicanos de Michigan a la Casa Blanca.
Los demócratas temen que Trump esté tratando de evitar que Michigan y otros estados con legislaturas dominadas por los republicanos certifiquen la victoria de Biden, lo que permitiría a los legisladores estatales republicanos elegir a los electores que votarán por Trump aunque Biden haya ganado más votos en sus estados.
El procurador general de Estados Unidos, William Barr, autorizó una investigación federal sobre presuntas irregularidades en la votación. Mientras tanto, la senadora estadounidense Lindsey Graham, republicana por Carolina del Sur, habló con el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, también republicano.
La conversación dejó a Raffensperger atónito después de que Graham pareciera pedirle desechar votos legalmente emitidos. Graham negó esta denuncia y dijo que tenía curiosidad por las políticas de verificación de firmas de votos del estado.
Los grupos de derechos electorales, como el Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, dijeron que Graham pudo haber violado las leyes electorales federales. Raffensperger dijo que él y su esposa han recibido amenazas de muerte.
Los dos senadores republicanos de Georgia, Kelly Loeffler y David Perdue, ambos candidatos a la reelección en la segunda vuelta del 5 de enero, pidieron la dimisión de Raffensperger. Todo esto, dijo Raffensperger a The Washington Post la semana pasada, pone en duda el proceso electoral y puede obligar a los estadounidenses a preguntarse: "¿Por qué votar?"
En medio de los ataques de Trump, se hicieron amenazas de muerte contra funcionarios electorales en Arizona, Georgia y Pensilvania. Esta campaña partidista contra los funcionarios electorales locales es especialmente inquietante, dijo Levitt, considerando las condiciones extraordinarias en las que gestionaron una elección general exitosa durante el brote de COVID-19.
"Si así es como se ve el futuro de la gestión electoral, se puede contar con una calidad degradada de la gestión electoral", dijo Levitt. "Y eso no es algo que ninguno de nosotros debería esperar".
La duda en el proceso democrático continuará creciendo si la desinformación del presidente y sus aliados continúa, dijo Tammy Patrick, asesora principal del programa de elecciones del Democracy Fund, una fundación bipartidista.
"Solo se están perpetuando mentiras y falsedades que, desafortunadamente, la gente cree que son verdaderas", dijo. "No solo se refleja mal en el hombre, el cargo, el país, sino que se refleja mal en nuestro proceso y fuerza democráticos.
"Aquí estamos con nuestro presidente en ejercicio siendo el que más daño está haciendo a nuestra democracia".
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
