Para las ciudades y condados que buscan proteger a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos de la deportación, los resultados de las elecciones de noviembre fueron un arma de doble filo.
Algunos alguaciles fueron elegidos en las ciudades y sus suburbios en parte por su oposición a los esfuerzos federales de deportación, y es probable que el gobierno de Biden apoye a las llamadas ciudades santuario y permita que los funcionarios locales tengan más voz para decidir quién es deportado, sugieren expertos.
Pero las legislaturas estatales dominadas por republicanos que han favorecido políticas de inmigración estrictas mantuvieron las mayorías republicanas en la elección. Es posible que repriman los esfuerzos de los nuevos alguaciles y que se resistan a la presión de la administración de Biden para limitar la deportación, aunque sus protestas no lleguen muy lejos.
"No hay mucho que puedan hacer al respecto", comenta Randy Capps, director de investigación del Migration Policy Institute en Washington, D.C., en una entrevista. "Se podrían ver comunicados de prensa quejándose de que el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) no aceptaría a alguien de quien quisieran deshacerse".
En Georgia y Carolina del Sur, los alguaciles cumplieron con éxito sus promesas de detener o limitar la cooperación con los arrestos federales de inmigración en sus cárceles.
"Nunca esperé presentarme a un cargo público, pero ya no podía quedarme de brazos cruzados y ver los titulares de las demandas y las familias rotas", señaló el demócrata Craig Owens, un comandante de policía que desbancó al veterano alguacil republicano Neil Warren en el Condado de Cobb, Georgia, cerca de Atlanta.
En el cercano Condado de Gwinnett, el comandante de policía retirado Keybo Taylor, otro recién llegado a la política demócrata, también prometió poner fin a la participación del condado en el programa federal 287(g), en virtud del cual los ayudantes del alguacil ayudan a examinar a los detenidos para determinar su condición de inmigrantes en colaboración con los agentes del ICE.
Los Condados de Cobb y de Gwinnett representan dos de los ocho condados de Georgia en el programa 287(g). Los dos condados son atípicos en la zona metropolitana de Atlanta, donde la migración de afroamericanos de todo el país ha cambiado el panorama político de la zona, y ambos alguaciles serán los primeros afroamericanos en desempeñar ese papel.
Sus triunfos han sido otra victoria para los activistas que han apuntado a los mayores programas 287 (g) del país, eliminando los programas urbanos de Arizona, California y Tennessee en el último decenio. Gwinnett tiene el mayor programa 287(g) del país, con cuatro mil 211 detenciones por motivos de inmigración entre 2015 y 2018, según las últimas cifras disponibles de la Syracuse University, que hace un seguimiento de las estadísticas de aplicación de la ley de inmigración.
Cobb tiene el siguiente programa activo más grande, con mil 435 arrestos desde 2015. Los programas más grandes en Carolina del Norte, Texas y Virginia han terminado.
"Casi se ha convertido en una declaración política, que estas áreas urbanas se están volviendo azules y están convirtiendo en un argumento el rechazo al programa, mientras que las áreas rurales más pequeñas realmente lo quieren", dijo Capps. "Ese es realmente el país de Trump y lo están aceptando". Docenas de condados suburbanos y más pequeños se inscribieron cuando Trump pidió más participación en el programa.
En Georgia, ambos alguaciles demócratas electos sucederán a veteranos republicanos con políticas de inmigración intransigentes. Pero los republicanos se mantuvieron firmes en la legislatura estatal de Georgia y pudieran emprender acciones contra los alguaciles, de manera similar a lo que ocurrió en Carolina del Norte, donde alguaciles urbanos con opiniones contrarias a la 287(g) tomaron posesión del cargo el año pasado.
La legislatura de Carolina del Norte, liderada por los republicanos, aprobó en agosto de 2019 una legislación que exige la destitución de los alguaciles que no cooperen con las autoridades de inmigración. El gobernador demócrata, Roy Cooper, vetó el proyecto de ley.
El grupo de análisis progresista Georgia Budget and Policy Institute, que se opone al programa 287(g), comentó que las elecciones no trajeron muchos cambios a la legislatura de Georgia, generalmente hostil a la inmigración.
"Esperamos la oposición del estado", dijo Stephanie Angel, becaria especializada en inmigración en el instituto, añadiendo que poner fin a los acuerdos de la 287(g) en el área de Atlanta dará a los inmigrantes más estabilidad.
"Esto permitirá a la comunidad seguir viviendo y trabajando e ir a la escuela, y tener un poco de tranquilidad al saber que cuando salgan de sus casas, volverán", comentó Angel. Los arrestos por cargos de delitos menores como conducir sin licencia han terminado en la deportación de muchos inmigrantes, dijo.
Los delitos de tráfico fueron las condenas penales más comunes en los Condados de Gwinnett y Cobb para los arrestados bajo los programas 287(g), aunque muchos no tenían ningún historial criminal, según datos de la Syracuse University.
Los republicanos de Georgia siguen planificando su respuesta a las elecciones de alguacil.
"Es probable que veamos movimiento en esto, este año, pero es demasiado pronto para saber qué forma tomará", dijo el representante estatal Philip Singleton, un legislador republicano de Sharpsburg que patrocinó un infructuoso proyecto de ley antisantuario en febrero. Habría requerido la plena cooperación con las autoridades de inmigración, y multar a los infractores hasta con 25 mil 500 dólares al día.
Aun así, el sentimiento republicano no es unánime. El representante Kasey Carpenter, un republicano que representa a un distrito del noroeste de Georgia que depende de la mano de obra inmigrante para las fábricas de alfombras, no está tan seguro de que la legislatura vaya a actuar. Sin embargo, apoya el programa 287(g) en su propio distrito, donde el Condado de Whitfield adoptó el programa.
"No sé si vamos a hacer algo", dijo Carpenter, añadiendo que los republicanos del estado necesitan un punto de vista más diverso. "Este no es el momento de cerrar la carpa. Necesitamos abrirla".
Carpenter dijo que copatrocinará un proyecto de ley bipartidista el próximo año que dará matrícula universitaria estatal a los llamados Dreamers, personas traídas a Estados Unidos como niños sin estatus legal.
"No fue su culpa que sus padres los hayan arrastrado hasta aquí", dijo Carpenter. "Ya invertimos en estos niños dándoles una educación aquí en Georgia. Desde el punto de vista republicano, es prudente continuar con esa inversión".
En Carolina del Sur, un alguacil del Condado de Charleston también fue elegido en un compromiso para poner fin a los acuerdos del 287(g). Pero en el Condado de Tarrant, Texas, que incluye a Fort Worth, un aspirante con la misma plataforma perdió la contienda para alguacil.
La resistencia local a la aplicación de la ley de inmigración cobró un precio en los planes de la administración de Trump de adoptar medidas enérgicas contra la inmigración, señaló Capps, director de investigación del MPI. El instituto investiga y analiza temas de inmigración y ha hecho recomendaciones de política al equipo de transición de Biden, incluyendo la gestión simplificada de los casos de asilo para minimizar la detención.
A los pocos días de asumir el cargo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva ampliando la aplicación de la ley de inmigración para incluir la deportación de cualquier persona que viva en Estados Unidos ilegalmente. Los arrestos por inmigración aumentaron más del 40 por ciento con respecto al año anterior.
"Pero nunca alcanzaron el alto nivel en que habían estado en el pico de 2011 y 2012 bajo la administración de Obama", dijo Capps en una conferencia de prensa el 9 de noviembre. "Esto se debe a que había estados como California, Illinois y Connecticut y grandes ciudades como Nueva York y Chicago que redujeron severamente la cooperación. La administración de Trump lo intentó pero nunca tuvo éxito en revertir estas políticas de santuario".
Una administración de Biden sería más amigable con las ciudades santuario que limitan la cooperación con los arrestos de inmigración, agregó Capps, y las autoridades probablemente detendrán "las redadas de alto perfil y de represalia contra ellos".
Y la nueva administración probablemente renegociará los términos de cooperación usando "detenciones de inmigración", o retenciones usadas por las autoridades de inmigración para mantener la custodia de los inmigrantes para su posible deportación, esté o no en vigor el 287(g). La administración de Obama hizo lo mismo después de 2012, para dar a las ciudades más opciones sobre a quién entregar para su deportación, con base en los antecedentes penales.
El equipo de transición de Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
Las ciudades han luchado contra las autoridades federales de inmigración durante años, y cada vez más los estados se convirtieron en árbitros a medida que los conflictos se intensificaban bajo la administración de Trump.
La Ley de Fideicomiso de California en 2017 prohibió incluso intercambios de información someros con las autoridades de inmigración, obligando a cerrar el programa 287(g) del Condado de Orange. En el otro extremo del espectro, Texas prohibió las políticas de santuario, obligando a una mayor cooperación con las autoridades federales.
"Antes era algo estrictamente local, y ahora los estados están interviniendo más", comentó Lena Graber, abogada del Immigrant Legal Resource Center, el cual hace un seguimiento de las políticas de santuario en ciudades y estados. Los acrivistas de la inmigración también han tenido éxito al utilizar las elecciones de alguaciles para eliminar algunos de los programas 287(g) más grandes del país, incluyendo el del Condado de Harris, Texas, en 2017, dijo.
Sin embargo, poco después fue aprobada una nueva ley de Texas que entró en vigor en septiembre de 2017, exigiendo la plena cooperación con las autoridades de inmigración. Así que, aun cuando el Condado de Harris,que alberga a Houston, dejó el programa 287(g), se vio obligado a trabajar con las autoridades de ICE dentro de las prisiones para identificar a los inmigrantes para su deportación, y los arrestos continuaron a un alto nivel, dijo Capps.
No está claro lo que la administración entrante de Biden hará con el programa 287(g). En un documento de posición sobre temas latinos, la campaña prometió "poner fin al uso histórico de los acuerdos de 287(g) por parte de la administración de Trump", pero solo abordó una sección de la orden ejecutiva de la administración del 25 de enero de 2017, que "facultaría a las agencias de aplicación de la ley estatales y locales en todo el país para realizar las funciones de un agente de inmigración".
"No veo a Biden eliminando el 287(g)", señaló Capps. "Mucho de esto fue creado por legislación y él estaría buscando una pelea con el Congreso". Es más probable que una administración de Biden, como la de Obama, limite la deportación a los delitos graves y a los recién llegados, señaló Capps.
Algunos funcionarios estatales y locales esperan compromisos que permitan una mayor inmigración legal para ayudar a cubrir puestos de trabajo si las condiciones de la pandemia disminuyen.
Antes de la pandemia, por ejemplo, los republicanos de Utah estaban presionando para obtener un nuevo tipo de visado, patrocinado por el estado, que permitiría a los trabajadores procedentes del extranjero trabajar todo el año en el estado, cubriendo vacantes en la agricultura en el verano y en las estaciones de esquí en el invierno.
El libertario Cato Institute destacó esa propuesta después de la elección como un ejemplo del tipo de flexibilidad que el gobierno federal pudiera dar a los estados para trazar su propio rumbo en materia de inmigración.
Según el informe de Cato del 11 de noviembre, "este enfoque localizado extendería los beneficios de la inmigración a lugares que hasta ahora han recibido pocos inmigrantes". El gobernador republicano saliente de Utah, Gary Herbert, declaró a Stateline que todavía está a favor de la propuesta, pero el gobernador electo, Spencer Cox, también republicano, no respondió a la solicitud de comentarios.
Los empresarios de tecnología de Silicon Valley de California también han pedido que se reduzcan las restricciones de los visados para empleados altamente calificados utilizados para atraer a empleados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
