FRESNO, California — Más de 54 mil niños nacidos en Estados Unidos en California tienen padres salvadoreños y hondureños que están en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), un programa en el limbo que la administración de Trump busca finalizar.
Las familias que se enfrentan a la incertidumbre se preocupan por lo que pasará con sus hijos si los padres son deportados, según los abogados que hablaron con The Fresno Bee.
"Una consecuencia lógica para estos niños es que serán separados de sus padres porque la pérdida del estatus te abre la posibilidad de ser deportado", explicó Almas Sayeed, subdirector de programas del California Immigrant Policy Center, durante una entrevista reciente. "Abrumadoramente, eso es lo que va a pasar con estos niños".
Se estima que 50 mil 300 niños en el estado tienen padres salvadoreños que están en el país bajo el programa TPS. Otros cuatro mil 400 niños nacidos en el país tienen padres hondureños que también son beneficiarios del TPS en California, según datos del Center for American Progress. Eso no incluye a los niños de familias de otros países también cubiertos por el TPS, como Haití.
Mendota, una pequeña ciudad agrícola al oeste del Condado de Fresno, es el hogar de una gran comunidad salvadoreña, que algunos líderes de la ciudad estiman que constituye alrededor del 50 por ciento de la población de la ciudad.
En toda la nación, hay más de 300 mil adultos que han vivido en el país bajo el TPS, según la ACLU del sur de California.
Con el futuro del programa en el aire, a algunos líderes locales y estatales les preocupa que muchos niños pudieran terminar en los sistemas locales de bienestar infantil si el programa es eventualmente eliminado y sus padres son deportados a sus países de origen. Pero otros expertos afirman que hay muchas maneras en las que la situación puede desarrollarse y se sienten optimistas respecto a la administración entrante del presidente electo Joe Biden.
En septiembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se puso del lado de la administración de Trump y permitió la eliminación gradual del programa. El estatus TPS ha sido otorgado a personas de países que enfrentan desastres naturales o guerras civiles, pero la administración de Trump ha argumentado que la protección ha sido renovada más allá de su necesidad.
No sería la primera vez que una política de inmigración de la era de Trump separara a familias.
Más de cinco mil 500 niños fueron separados de sus padres.
Sin embargo, Biden comentó que ordenaría una revisión inmediata del TPS "para las poblaciones vulnerables" que no estarían seguras en sus países de origen, según su plan de inmigración. Dijo que protegería a los beneficiarios del TPS y del Deferred Enforced Departure de ser deportados a países que no son seguros.
Aquellos que han estado en el país durante mucho tiempo bajo el TPS, y han establecido sus vidas aquí, verán un camino hacia la ciudadanía a través de la reforma legislativa de inmigración, según su plan.
Tom Jawetz, vicepresidente de Immigration Policy del Center for American Progress, comentó que no ve una razón por la que la administración entrante "no debería ser capaz de acabar con las incertidumbres que sienten las familias".
La nueva administración, agregó, tendrá la oportunidad de cambiar el curso de los litigios actuales y decidir no seguir buscando la terminación del programa en la corte.
"El presidente mismo puede designar a todos estos individuos que están en peligro de perder el TPS para un estatus llamado Deferred Enforced Departure que les permitiría mantener su protección contra la deportación y también su oportunidad de trabajar legalmente en el país", dijo a The Bee durante una entrevista.
La administración entrante se enfrentará a varias decisiones difíciles, pero resolver la situación del TPS debería ser fácil, dijo Jawetz.
"La administración tendrá amplia autoridad para proteger a estas familias y tiene todas las razones ... para hacerlo", agregó.
Pero, ahora mismo, la incertidumbre que rodea al programa ha creado "inestabilidad" para las familias de Mendota, indicó el vicealcalde, Víctor Martínez.
No saber lo que podría pasarle a sus hijos es solo una de las muchas incógnitas.
Finalizar el programa tendría varias consecuencias para el pueblo rural, mencionó Martínez, muchas personas han invertido en la compra de casas y en el inicio de negocios.
"Están viviendo en riesgo", dijo durante una entrevista reciente. "No saben lo que les deparará el futuro".
Martínez, sin embargo, está a favor de poner fin al TPS para aquellos con delitos previos, como conducción bajo influencia de sustancias o incidentes de violencia doméstica.
"Creo que eso es muy controvertido", mencionó. Pero "hay que entender quién califica" para permanecer en este país.
La ACLU del sur de California, junto con otras dos organizaciones nacionales, presentó una de varias demandas que cuestionaban el esfuerzo de la administración de Trump por rescindir el estatus de protección para miles de personas. Ahilan Arulanantham, abogado principal de la ACLU del sur de California, reveló que planean presentar una apelación antes de la fecha límite del 30 de noviembre.
La decisión de septiembre fue tomada por un panel de tres jueces, y la apelación pediría que el caso sea escuchado de nuevo por el pleno del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
La decisión de la Corte de Apelaciones no es definitiva hasta que el proceso de apelación se vuelva a presentar.
"Eso extiende el plazo para cuándo podría concluir el TPS", dijo durante una entrevista reciente.
Tal como están las cosas actualmente, los beneficiarios del TPS originarios de Haití, Nicaragua y Sudán mantendrían su estatus de protección al menos hasta el 5 de marzo de 2021. Los beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador tendrían hasta por lo menos el 5 de noviembre de 2021.
Después de presentar la apelación el 30 de noviembre, lo más pronto que el tribunal puede rechazar la apelación sería en un plazo de una semana, alrededor del 7 de diciembre, indicó. Y si eso se convierte en la orden final, lo más pronto que el TPS podría terminar para todos los países, excepto El Salvador, sería cuatro meses después de esa fecha.
Para los beneficiarios del TPS originarios de El Salvador, sería un año después de esa fecha, es decir, el 7 de diciembre de 2021, señaló.
"Creo que es una de las mayores catástrofes humanitarias creadas por las políticas de inmigración de la administración de Trump", argumentó Arulanantham. "Esas familias se enfrentarán a la elección de (si) pueden convertirse en indocumentados e ir a las sombras, perder sus empleos, perder sus casas en muchos casos, o pueden volver, pero si vuelven entonces tienen que decidir si quieren separar a su familia".
Las familias también pueden decidir si llevan a sus hijos de vuelta a sus países de origen, países en los que los niños "probablemente nunca han estado o solo han estado unas cuantas veces en sus vidas", dijo.
"Es extraordinariamente difícil", agregó. "Es una situación verdaderamente horrible".
¿Qué les pasaría a los niños si el programa de inmigración TPS termina?
El TPS está disponible para personas que no tienen antecedentes penales que los descalifiquen, explicó Arulanantham. Hay unos pocos individuos que tenían una orden de deportación definitiva, y luego obtuvieron el estatus de protección.
Si el TPS es eliminado, aquellos con una orden de expulsión definitiva serán sujetos a arresto y deportación inmediata, aseveró.
"En esos casos, ese es el contexto más común en el que se ve a los niños enviados al sistema de bienestar infantil, donde literalmente el gobierno federal ha desgarrado a la familia", señaló.
Cuando la gente tiene tiempo para planear, dijo, generalmente hacen planes para llevarse a sus hijos o dejarlos con miembros de la familia que puedan cuidarlos.
Pero los niños terminan en el sistema de bienestar infantil "rutinariamente como resultado de la deportación", afirma.
"Eso definitivamente puede sucederle al TPS", dijo.
"Pudieras ser arrestado, solo por mala suerte en una redada en el lugar de trabajo, y pueden deportarte literalmente al día siguiente, y entonces tu hijo se queda varado", explicó Arulanantham. "Creo que es una gran preocupación, en general, por cómo funciona la aplicación de la ley de inmigración en este país. Es una preocupación para todos los que viven con el temor de la aplicación de la ley de inmigración".
Tricia González, directora de bienestar infantil del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Fresno, dijo que siempre es preocupante cuando hay un grupo de niños en riesgo.
"Por lo general, eso no nos llevaría a involucrarnos a menos que haya algo que esté pasando en una familia en particular, o que un niño en particular no tenga un cuidador por alguna razón, y no se haya elaborado un plan de cuidado", comentó durante una entrevista reciente. "Si tuviéramos que incorporarlos al sistema, estaríamos trabajando con el consulado, tratando de encontrar a las personas con las que el niño está conectado, y hacer todo lo posible para reunirlos lo antes posible".
Sin embargo, González mencionó que no tiene conocimiento de ninguna comunicación formal con los consulados en este momento.
"Regularmente entramos en contacto con niños y familias de diferentes países y situaciones, por lo que tengo un enlace de inmigración que tiene esas relaciones, de modo que básicamente podemos contactar con la persona adecuada, dependiendo de la familia con la que estemos tratando", dijo González durante una entrevista.
González quiere enfatizar la importancia de la familia. Su agencia, afirmó, hace todo lo posible para "mantener la conexión cuando todo es posible".
Arulanantham y Sayeed animan a los beneficiarios del TPS a ver a sus abogados para averiguar si tienen otra opción para ajustar su estatus migratorio. Por ejemplo, sugieren, si tienen un hijo nacido en Estados Unidos de 21 años o más, o se han casado con un ciudadano estadounidense, la ley podría estar a su favor.
"Seguimos llevando el caso a los tribunales, y seguiremos todas las opciones legales posibles", dijo.
Sayeed tiene otros dos consejos para los beneficiarios del TPS: hasta que haya claridad, vivan sus vidas y busquen salud mental si es una opción en su comunidad.
"Solo hay confusión sobre lo que le va a pasar a la gente porque no está claro, y eso es muy aterrador para las familias", dijo. "Una vez que la gente ya no está en la comunidad, ese es un problema, pero antes de que todo esto resulte ... habrá, me imagino, una tremenda cantidad de estrés".
Martínez, de Mendota, dijo que contactó con representantes a nivel estatal y a nivel del Congreso sobre este tema. La respuesta no lo hizo sentir mejor.
Es "triste que no haya nada en lo que estén trabajando", señala. "No creo que se esté prestando suficiente atención a este problema".
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
