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Robert Burnson

Ley utilizada para enjuiciar a migrantes en EEUU es tachada de racista

Una ley federal de casi un siglo que tipifica como delito el reingreso de migrantes deportados a Estados Unidos fue declarada inconstitucional por un juez que dijo que su aprobación en 1929 fue motivada, en parte, por prejuicios contra los mexicanos y otros latinos.

La jueza de distrito estadounidense Miranda Du en Reno, Nevada, dictaminó el miércoles que la ley, conocida como Sección 1326, viola las garantías de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución.

"El poder plenario del gobierno federal sobre la inmigración no le da licencia para promulgar leyes de discriminación racial en violación de la protección igualitaria", dijo en el fallo de 43 páginas.

Du emitió el fallo en el caso de Gustavo Carrillo-López, quien fue acusado de ser un extranjero deportado después de su arresto en Nevada en 2019. Anteriormente había sido deportado en 1999 y nuevamente en 2012, según los fiscales.

En lugar de negar el cargo, que conlleva una pena de prisión de dos años, los abogados de Carrillo-López atacaron la ley misma, argumentando que tenía sus raíces en el racismo y la animadversión cultural.

Los defensores de los inmigrantes acogieron con satisfacción la decisión.

El Congreso declaró por primera vez un delito volver a entrar a los Estados Unidos después de ser deportado en 1929. Reafirmó la regla cuando promulgó la Sección 1326 en 1952. Cuando se estaba considerando la ley en 1929, algunos legisladores instaron a su aprobación basándose en la teoría de la eugenesia; un congresista republicano del estado de Washington dijo que la ley era necesaria porque los mexicanos estaban "envenenando al ciudadano estadounidense" y eran de una clase "muy indeseable", según los expertos traídos por los abogados de Carrillo-López.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que a pesar del tono racista del debate de 1929, el Congreso habría aprobado la ley para proteger la seguridad nacional.

Du, designado por el ex presidente Barack Obama, no estuvo de acuerdo y escribió que "el gobierno no había logrado establecer que existía una motivación no discriminatoria en 1952 para volver a promulgar la Sección 1326 que existe independientemente de las motivaciones discriminatorias, ya sea en 1929 o 1952".

El caso es U.S. v. Carrillo-Lopez, 3: 20-cr-00026, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Nevada (Reno).

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