Algunos centros de cuidados a largo plazo están exigiendo las vacunas contra el COVID-19 entre el personal, en una medida que divide al sector y amenaza con desencadenar desafíos legales.
La aceptación de la vacuna entre los trabajadores de cuidados a largo plazo sigue siendo baja, mientras los expertos en salud pública luchan contra todo, desde las teorías conspiratorias hasta los simples temores que conlleva una nueva vacuna. El tema pudiera dar lugar a disputas legales, ya que los empleadores tienen que lidiar con acuerdos sindicales, leyes estatales y la falta de aprobación total de las vacunas por parte de la Food and Drug Administration (FDA).
Un mandato de vacunación también plantea cuestiones éticas. La desconfianza en el gobierno está muy extendida entre las comunidades de color con bajos ingresos, que constituyen una parte desproporcionada del personal de cuidados a largo plazo. Someterse a una vacunación obligatoria ordenada por jefes más blancos y más ricos parece una falta de respeto a su marginación histórica, indican los defensores de los trabajadores. La desconfianza entre los empleados blancos también es generalizada.
"Nuestros miembros merecen ser escuchados para saber por qué dudan, y hay muchas razones para ello que no son ridículas", comentó Lori Porter, directora general de la National Association of Health Care Assistant (NAHCA), que representa a 26 mil asistentes de enfermería certificados, o CNA.
Las encuestas nacionales muestran que hasta el 70 por ciento del personal de cuidados a largo plazo sigue desconfiando de la vacuna, subrayó Porter. Las encuestas entre los miembros de la NAHCA son mejores, ya que cerca del 50 por ciento de los trabajadores dicen que la aceptaría.
"Estamos viendo que muchos asistentes de enfermería certificados están dejando los centros que la exigen y, francamente, ningún centro de enfermería en Estados Unidos puede permitirse el lujo de perder asistentes de enfermería", dijo, y añadió que hay más de 170 mil vacantes para asistentes de enfermería certificados solo en centros de enfermería especializados. La tasa de rotación anual es del 120 por ciento.
Shanna Lacy, una auxiliar de enfermería de 38 años de edad en una residencia de ancianos de Iowa, está optando por no recibir la vacuna debido a la preocupación por los efectos desconocidos a largo plazo, avivada por el rápido desarrollo de la vacuna junto con su desconfianza en el gobierno.
"No creo que ninguna corporación o gobierno o quién sea deba obligar a alguien a hacer algo en su cuerpo que no quiera", dijo a CQ Roll Call.
Lacy disfruta trabajando en su centro e indica que se vacuna contra la influenza todos los años. Pero agregó que la pandemia no es grave donde ella vive, y su creencia en las afirmaciones del ex presidente Donald Trump de que ganó las elecciones presidenciales de 2020 socava aún más su confianza en la operación de vacunación del gobierno.
La residencia de ancianos de Lacy ofrece sorteos de premios a los empleados que se vacunan, reveló, mientras que los que no lo hacen son examinados tres días a la semana. El centro no le ha exigido que se vacune, pero si eso ocurre, afirmó que buscará trabajo en otro sitio, o tal vez incluso dejaría el sector.
"Podría trabajar en un McDonald's haciendo hamburguesas, ganando lo mismo y sin que me obliguen a vacunarme", dijo. "¿Quiero trabajar en el McDonald's? No, no quiero. Pero si tuviera que hacerlo, lo haría".
Los mandatos para otras vacunas como la de la influenza son habituales, pero exigir una vacuna autorizada en caso de emergencia es un terreno nuevo. La cadena Atria Senior Living está exigiendo a sus 14 mil empleados que se vacunen antes del 1º de mayo.
"Estamos firmemente convencidos de que nuestros residentes y personal merecen vivir en un entorno vacunado", declaró el director general John Moore a CQ Roll Call. "Y es un privilegio tener acceso a la vacuna anticipadamente".
Moore añadió que el número de empleados que habían renunciado desde la implementación del mandato era bajo. Los empleados que finalmente rechacen la vacuna serán despedidos, aseveró.
Otras cadenas, como Juniper Communities, también están haciendo de la vacuna una condición del empleo. Moore dijo que sabe de otra media docena de cadenas que están considerando la posibilidad de imponer la vacuna.
"Nadie quiere ni elige tener COVID", dijo. "No hay respuestas perfectas, solo existe la siguiente mejor respuesta y eso es lo que seguimos buscando".
La Equal Employment Opportunity Commission emitió en diciembre unas directrices en las que se autorizaba la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con leyes como la Americans with Disabilities Act, pero el lenguaje estatutario en las autorizaciones de uso de emergencia, que requieren menos datos de eficacia y seguridad que una aprobación completa, es menos claro, dijo Dorit Reiss, profesora de la Facultad de Derecho de la University of California, Hastings.
La ley exige que se informe a los receptores del derecho a rechazar una vacuna en el marco de las autorizaciones de emergencia, pero también que se les informe de las consecuencias. No está claro si las consecuencias pueden incluir la pérdida del empleo, comentó Reiss.
"Si llega a los tribunales, creo que es un 50-50", declaró a CQ Roll Call.
Las consideraciones para la obligatoriedad de la vacuna en un entorno de cuidado de ancianos son firmes, pero los empleadores podrían exponerse a demandas por agravio y negligencia si algo sale mal, dijo Robin Shea, socio de Constangy Brooks, Smith and Prophete.
"A mí me preocuparía, y en un lugar de trabajo no sanitario, me lo pensaría mucho antes de imponerlo", consideró.
En Pensilvania, una orden de vacunación en una residencia de ancianos gestionada por el Condado de Bucks provocó una disputa sindical. La American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) presentó una queja contra Neshaminy Manor, argumentando que los cambios en las condiciones del empleo son una cuestión de negociación según la ley estatal.
"Realmente creo que esto es algo que puede resolverse", afirmó el director del District Council 88 de AFSCME, Tom Tosti. "Los trabajadores de ese lugar (y de todas las residencias de ancianos y de todas las instalaciones, ya sea que tengan pacientes de salud mental o lo que sea) han estado trabajando incansablemente desde que se produjo esta pandemia, y dar la vuelta y decir ahora que tienes la obligación de introducir algo en tu cuerpo o que te van a despedir no es justo en absoluto para lo que han hecho en este último año".
El Condado de Bucks alega que el mandato cuenta con una base legal sólida, señalando el saldo de afectados que el coronavirus cobra en los ancianos. El centro perdió a 86 pacientes a causa del virus.
"Todo el personal que no se haya vacunado a finales de marzo pudiera ser despedido", anunció el condado en un comunicado.
La mayoría de los acuerdos de negociación otorgan a los empleadores un margen de maniobra para implementar cambios sin negociar a través de una cláusula de derechos de gestión, dijo Shea.
"Si se trata de una cláusula de derechos de gestión muy firme, el empleador podría tener la capacidad con base en eso. Y, sin tener en cuenta las leyes estatales, podría tener el derecho de seguir adelante y obligar a las vacunas contra el COVID sin negociar primero", dijo. "Si no, yo diría que probablemente deberían intentar negociar".
La negociación tampoco garantiza la victoria del sindicato. Los conflictos pueden ser sometidos a arbitraje, donde el árbitro podría fallar a favor del empleador.
Los defensores de los trabajadores quieren más educación en lugar de mandatos.
A menudo se pasan por alto las emociones de la decisión, dijo el miembro del grupo de trabajo contra el COVID-19 de Pensilvania Joshua Uy, director médico del Renaissance Healthcare and Rehabilitation Center de Filadelfia. Explicar la mecánica de la vacuna no siempre borra el miedo. Todos los residentes de Renaissance fueron vacunados, agregó Uy, en comparación con solo el 50 por ciento de su personal. Uy se centra en resaltar las emociones positivas que puede aportar la vacuna, como el fin del aislamiento.
"Intento recordarles que no ignoren lo que sienten, sino que añadan otras emociones, como que esta vacuna es una esperanza", dijo.
Porter comentó que la NAHCA está considerando un proyecto para influir en las familias de los pacientes de cuidados a largo plazo.
"Los CNA no confían en el gobierno. Los CNA no confían en sus empleadores", señaló. "Los CNA confían en los CNA. Esos dos obstáculos en la confianza son profundos".
Confiar en los médicos personales, que según encuestas son una fuente de confianza para muchas personas, no siempre funciona. En Misuri, donde tiene su sede la NAHCA, muchos médicos no llevaban tapabocas en diciembre, según dijo.
Porter también subrayó que recibir prioridad para una vacuna con el potencial de acabar con una pandemia es una victoria sin precedentes para la industria.
"Seguimos diciendo a nuestros miembros que esto fue una victoria para nosotros", dijo. "No dejen que sea en vano".
