La ley de atención médica de 2010 llegaría a la Corte Suprema por tercera vez el martes, con el potencial de sacudir a una industria de atención médica que ya está lidiando con la pandemia del COVID-19 y preparándose para trabajar con una nueva administración.
La industria de la atención médica, que adoptó la ley de 2010 durante su promulgación, continúa apoyándola y ha instado a los jueces en los escritos de amicus curiae presentados a principios de este año a sostenerla. Si el tribunal anula la ley (también conocida como la Affordable Care Act, o ACA) o partes significativas de la misma, la industria, que incluye planes de seguro, hospitales y otros proveedores, tendría que readaptarse.
"En este momento, a la mayoría de los líderes de la industria de la salud les gustaría que esto desapareciera", dijo Benjamin Isgur, el líder del instituto de investigación de la salud en la firma fiscal y consultora PwC US. "Tratar de contemplar siquiera la anulación de la ACA es muy difícil para ellos en este momento porque tienen muy poca capacidad para lidiar con el cambio".
Si se elimina la ley, unas 20 millones de personas en Estados Unidos perderían su cobertura de seguro médico, lo que tendría el efecto de aumentar la cantidad de atención no compensada que se proporciona. Isgur dijo que la industria probablemente espera que cualquier decisión de eliminar la ley tenga un periodo de transición para permitir que el Congreso responda, en lugar de poner fin a sus programas de inmediato.
"Yo diría que la mayoría de ellos no tiene una idea clara de lo que sería el Plan B, por así decirlo, si la ACA fuera completamente derogada", dijo Isgur.
El desafío legal en el caso, ahora conocido como Texas vs California, depende del llamado mandato individual, una disposición de la ley que requiere que la mayoría de los estadounidenses tenga cobertura de seguro de salud o pague una cuota. En 2017, los republicanos pusieron fin efectivamente a esa disposición al reducir a cero la penalización como parte de una revisión fiscal.
Una coalición de fiscales generales de los estados republicanos demandó que se derogara la ley, alegando que había sido confirmada previamente porque la Corte Suprema consideraba que el mandato individual era un impuesto. La administración de Trump se negó a defender la ley y está respaldando la demanda. Varios funcionarios estatales demócratas intervinieron para defender la ley, y la Cámara de Representantes encabezada por los demócratas también la está defendiendo.
No se espera un fallo en el caso hasta este invierno o la primavera, antes de que el mandato de la Corte Suprema termine en junio.
Expertos legales han sido escépticos del argumento en el caso, pero reconocen que la adición de la jueza Amy Coney Barrett a la corte el mes pasado pudiera poner a la ley en mayor riesgo. Durante sus audiencias de confirmación, los demócratas del Senado se centraron en el desafío legal, y Barrett ofreció pocos indicios de cómo se pronunciaría sobre el caso. Señaló que la demanda se centra en el concepto de separabilidad, la teoría de que si una parte de la ley es inconstitucional, el resto de la ley puede seguir en pie.
Impacto en la industria
Dependiendo de los detalles de la decisión, la industria del cuidado de la salud pudiera encontrar que las regulaciones estatales varíen aún más que ahora. Mientras que algunos estados han tratado de contrarrestar las acciones de la administración de Trump destinadas a debilitar la ley de atención médica, los expertos en política advierten que las diferencias pudieran agravarse si los estados tratan de apuntalar la red de seguridad en caso de que la ley sea anulada.
Jennifer Schultz, codirectora del Programa de Administración del Cuidado de la Salud de la University of Minnesota, dijo que el mercado de seguros de salud podría segmentarse más si la ley es revocada.
Schultz, que también es miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota, comentó que los legisladores demócratas estatales de allí introdujeron una legislación que pudiera servir de respaldo a algunas políticas dentro de la ley de salud si ésta es derogada. Su proyecto de ley requeriría que las aseguradoras cubrieran los beneficios esenciales de salud de la ley; protegieran los derechos de las personas LGBTQ, los residentes con discapacidades y los que tienen padecimientos de salud crónicas; y requeriría que no se negara la cobertura a las personas con padecimientos preexistentes.
"Va a estar más segmentado y dividido en grupos, lo que es una forma completamente errónea de proceder desde la perspectiva de un economista de la salud", señaló.
Otro desafío para los estados sería la pérdida de financiamiento federal, lo que podría sentirse aún más agudamente a medida que los presupuestos de muchos estados se vean afectados a causa de la pandemia.
El aumento de la atención no compensada que los hospitales probablemente proporcionarían sin la ley de salud en vigor pudiera causar problemas financieros, agregó Schultz. Ya este año, los hospitales han perdido ingresos debido a que los pacientes retrasaron los procedimientos electivos a causa de la pandemia, aunque el gobierno federal proporcionó fondos de emergencia.
Respuesta congresal
Aunque la demanda ha sido objeto de un puñado de votaciones en el Capitolio, los legisladores no han considerado una legislación para enmendar la ley de salud que invalidara la demanda. Algunos funcionarios de la industria de la salud y legisladores han planteado ideas tales como establecer de nuevo una cuota nominal (como un dólar) para las personas que no tienen cobertura de seguro; añadir una cláusula de separabilidad a la ley; o revocar por completo el mandato.
John Baackes, el director ejecutivo de LA Health Care Plan (el plan de salud más grande de la nación), dijo que si los demócratas controlan Washington el próximo año, recomendaría que el grupo cabildee a favor de restablecer un pequeño impuesto como una forma de anular la demanda.
Varios legisladores republicanos han dicho que no esperan que la ley sea anulada en su totalidad, sino que esperan que la Corte Suprema considere si el mandato es separable del resto de la ley.
"Yo pensaría que una mayoría en la corte reconocería que eso es inconstitucional, pero no hay razón para que eso signifique que el resto de la ley tenga que desaparecer", declaró el senador Patrick J. Toomey, republicano por Pensilvania, a la prensa el mes pasado. "Creo que en realidad la decisión correcta es anular el mandato individual y que el resto de la ley permanezca vigente".
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
