Todas las miradas están puestas en la caótica distribución de la inmunización contra el COVID-19 en el país, mientras los funcionarios de salud pública luchan por adelantarse al coronavirus y sus variantes inoculando rápidamente a los que tienen más probabilidades de ser hospitalizados o morir si se infectan.
Sin embargo, en los próximos meses, a medida que la cadena de suministro de vacunas se desenrede, se espera que la demanda de vacunas disminuya, dejando a los organismos de salud pública con un desafío diferente y quizás mayor: convencer a las personas que no están seguras de querer vacunarse para que se arremanguen.
El objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño, un concepto ampliamente debatido que, según la mayoría de los científicos, puede lograrse vacunando a aproximadamente el 80 por ciento de la población adulta, dejando al coronavirus con tan pocos huéspedes que prácticamente desaparezca.
"Nunca hemos conseguido eso con ninguna otra vacuna para adultos", dijo el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva de la Facultad de Medicina de la Vanderbilt University. Es un objetivo digno, dijo, pero requerirá un esfuerzo monumental.
En algunos lugares, los departamentos de salud locales ya están haciendo incursiones en los barrios de minorías e inmigrantes, donde la gente puede desconfiar de la comunidad médica y rechazar las vacunas, señaló.
Pero incluso dentro de los grupos prioritarios designados en los lineamientos de los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (trabajadores sanitarios, residentes y personal de cuidados a largo plazo, y personas de 65 años o más) hay un número considerable de personas que se resisten.
Según los datos de una encuesta realizada en enero por Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que investiga cuestiones sanitarias a nivel nacional, aproximadamente tres de cada 10 trabajadores sanitarios expresan sus dudas sobre la conveniencia de vacunarse contra COVID-19. Esa proporción es mayor para el personal de los centros de atención a largo plazo, donde seis de cada 10 trabajadores de la salud no se vacunaron durante el primer mes de distribución de la vacuna, según los CDC.
La indecisión sobre la vacuna es menor entre las personas mayores de 65 años de todas las razas, ya que solo el 10 por ciento de los adultos mayores de raza blanca y el 14 por ciento de los adultos mayores afrodescendientes afirman que piensan esperar a ver si las vacunas causan efectos secundarios graves antes de ponérsela, según Kaiser.
"Cuantas más personas vacunemos, más tendremos que trabajar para convencer al siguiente grupo", dijo Schaffner. "Una vez que vacunemos a los primeros y ansiosos aceptantes, tendremos que salir a buscar a las personas de la población general que aún no se han convencido".
Cuando eso ocurra, los expertos en salud pública advierten que los estados, ciudades y condados se enfrentarán a una serie de retos. Entre ellos: llegar a grandes poblaciones de inmigrantes y afroamericanos, hispanos y nativos americanos que desconfían del gobierno, y combatir la desinformación que grupos antivacunas bien organizados están difundiendo en las redes sociales. Los trabajadores de salud pública también tendrán que crear clínicas emergentes y móviles para vacunar a los residentes de zonas rurales y barrios urbanos con acceso limitado a hospitales, médicos y farmacias.
"Descubrir cómo hacer llegar las vacunas a las personas que no pueden llegar a las clínicas es solo una parte del problema", señaló Schaffner. "La otra parte es la persuasión, la tranquilidad, el consuelo que necesitan las poblaciones intrínsecamente reticentes para acercarse y vacunarse. Hay que trabajar en ambos aspectos al mismo tiempo. Para eso hace falta gente, y la gente requiere salarios".
La vacuna de Johnson & Johnson, aprobada la semana pasada, puede presentar otro reto. La vacuna no requiere una segunda inyección, no necesita ser congelada y en un ensayo clínico evitó completamente la hospitalización y la muerte. Sin embargo, solo tuvo una eficacia del 66 por ciento en la prevención de los casos moderados y graves, en comparación con la eficacia de más del 90 por ciento de las vacunas de Pfizer y Moderna aprobadas anteriormente. (Sin embargo, a diferencia de las vacunas aprobadas anteriormente, las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson tuvieron lugar mientras circulaban variantes más contagiosas). A algunos funcionarios estatales y locales les preocupa que la gente rechace la vacuna de Johnson & Johnson para recibir una de las otras vacunas en su lugar.
En virtud de una ley firmada en los últimos días de la administración de Trump, los fondos federales asignados por el Congreso para los programas de vacunación recién comienzan a fluir a las agencias de salud pública que han estado insuficientemente financiadas durante 15 años.
Aproximadamente 3 mil millones de dólares están asignados específicamente a los programas de inmunización, y las agencias estatales y locales pueden utilizar partes de otros 19 mil millones de dólares en fondos relacionados con la pandemia para apoyar los esfuerzos de vacunación, dijo Adriane Casalotti, jefa de asuntos gubernamentales de la National Association of County and City Health Officials, que representa a los departamentos de salud locales.
Pero cuando las vacunas estuvieron disponibles a principios de diciembre, no había ningún plan ni dinero para distribuirlas, señaló Claire Hannan, directora ejecutiva de la Association of Immunization Managers, con sede en Maryland, que representa a los funcionarios de vacunación. Los departamentos de salud locales, preocupados por las pruebas de detección del COVID-19 y el rastreo de contactos, se encargaron de idear sus propios enfoques para distribuir rápida y equitativamente las vacunas que salvan vidas.
Tres meses después de la mayor campaña de inmunización de la historia de Estados Unidos, casi 50 millones de personas han recibido al menos una vacuna. La siguiente fase, según Hannan, será mucho más difícil.
"Sabemos que no podemos pulsar un interruptor y llegar a las personas que no hicieron fila para recibir la vacuna desde el principio", dijo. "Debemos empezar ahora a suministrar vacunas a las comunidades en las que la demanda es escasa, sobre todo donde los residentes ya han soportado una parte desproporcionada de las hospitalizaciones y las muertes".
Algunos estados ya están tomando medidas para ganarse la confianza de la comunidad e identificar los obstáculos que impiden que más personas se vacunen.
Arizona, Vermont y el estado de Washington, por ejemplo, están utilizando un índice de vulnerabilidad que incluye datos del censo sobre la pobreza, la falta de transporte, el hacinamiento en las viviendas y otros factores para identificar a las poblaciones especialmente vulnerables y adaptar los mensajes de salud pública a ellas, según un estudio realizado en diciembre sobre los planes iniciales de distribución de vacunas contra el COVID-19 de los estados.
Massachusetts, Nueva Hampshire, Tennessee y el Distrito de Columbia están utilizando cálculos similares para asignar una mayor proporción per cápita de vacunas a las zonas más necesitadas. Y Nueva Jersey está utilizando un índice de vulnerabilidad para decidir dónde ubicar las clínicas de vacunación contra el COVID-19, según el análisis realizado por investigadores de la University of Pensilvania, la Harvard University, el Georgetown University Law Center y el Children’s Hospital of Philadelphia.
En términos más generales, Arizona, Misuri, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Wyoming dieron prioridad a los residentes afroamericanos, latinos y nativos americanos en sus planes de distribución de la vacuna contra el COVID-19, según la National Academy for State Health Policy.
Pero en el estado natal de Hannan, Maryland, y en muchos otros, los funcionarios electos están recibiendo insistentes llamados de personas confundidas y ansiosas en los grupos de máxima prioridad que quieren recibir sus vacunas lo antes posible. Eso está distrayendo a los funcionarios de salud pública de hacer el minucioso trabajo de base necesario para crear confianza e identificar a los socios en las comunidades más vulnerables pero menos ruidosas, comentó.
"Si no hacen un esfuerzo realmente concertado ahora, me temo que las cosas se abrirán a más y más gente, pero dejarán atrás a muchas personas que son más vulnerables y corren mayor riesgo de sufrir resultados graves de la enfermedad".
Desde que la vacuna de la influenza se distribuyó por primera vez a mediados de los años 40, un promedio anual de alrededor del 50 por ciento de los estadounidenses se ha vacunado. Esto es así a pesar del alto grado de eficacia de la vacuna, sus escasos efectos secundarios y su amplia disponibilidad.
Cada año, las autoridades de salud pública se proponen vacunar a todos los residentes de Estados Unidos mayores de seis meses. Pero en un año normal, solo logran la mitad de ese objetivo. Entre el tres y el 11 por ciento de la población estadounidense contrae influenza cada año, y en la última década se han producido hasta 61 mil muertes y 810 mil hospitalizaciones anuales, según los CDC.
Las vacunas contra la influenza son seguras y eficaces para reducir la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, pero las vacunas solo tienen una eficacia de entre el 40 y el 60 por ciento para reducir la probabilidad de que una persona contraiga la enfermedad, según los CDC.
Por ello, muchas personas han llegado a la conclusión de que las vacunas contra la influenza no funcionan. Esto, combinado con el mito generalizado de que la vacuna contra la influenza puede enfermar o incluso causar la enfermedad, se ha combinado para obstaculizar a las agencias de salud pública durante décadas.
Las encuestas indican que muchas personas, sobre todo los adultos jóvenes, creen que no vale la pena vacunarse contra la influenza, ya que rara vez la contraen y, cuando lo hacen, no es tan grave.
Algunos expertos en salud pública calculan que, dado que el temor a contraer el COVID-19 es mayor que el de la influenza, las tasas de vacunación pueden acabar siendo más altas.
"A diferencia de la influenza, el COVID ha sido tan devastador y novedoso que la gente le tiene miedo", dijo el doctor Marcus Plescia, jefe médico de la Association of State and Territorial Health Officials, que representa a los funcionarios de los departamentos de salud estatales. "Como resultado, espero que al final haya más gente que quiera vacunarse contra el COVID que contra la influenza".
No obstante, según Plescia, los funcionarios de salud del estado están preocupados por las dudas sobre la vacuna, especialmente en las comunidades de color. "Donde hay problemas de confianza y educación es donde podemos marcar una gran diferencia para influir en la gente", dijo.
Los funcionarios estatales están menos centrados en cambiar la opinión de los "antivacunas" más intransigentes, un grupo pequeño pero bien organizado de personas de clase media, mayoritariamente blancas y educadas, que se opone a las vacunas por principio, dijo Plescia. "Nuestro mayor objetivo es tratar de vigilar a estos grupos para ver lo que están haciendo debido al daño que puede causar su desinformación", señaló.
Una de las formas más comunes de desinformación relacionada con las vacunas contra el COVID-19 son los rumores anecdóticos que relacionan la muerte prematura de una persona con el hecho de que se haya vacunado recientemente contra el COVID-19. Otro mito alega que la vacuna puede causar infertilidad y alterar permanentemente el código genético de una persona. Estas afirmaciones son falsas.
Ahora que millones de personas han sido vacunadas, incluidos casi 25 millones que han recibido una segunda dosis, los expertos de los CDC podrán separar los raros efectos secundarios causados por la vacuna de las enfermedades y muertes casuales, explicó el doctor Paul Offit, director del Vaccine Education Center en el Children's Hospital of Philadelphia, en una entrevista con U.S. News & World Report.
Los estados han sido muy criticados por no recopilar datos sobre la raza y el origen étnico de las personas que reciben las vacunas. Por ello, no está claro qué porcentaje de población racial y étnica se vacuna.
Según Rebecca Coyle, directora ejecutiva de la American Immunization Registry Association, que representa a los expertos en datos de vacunación, los cuidadores no piden sistemáticamente información sobre la raza en los centros de vacunación más concurridos, ni los pacientes están siempre dispuestos a proporcionarla. Y en los hospitales y clínicas que utilizan los registros sanitarios electrónicos existentes, la información sobre la raza suele dejarse en blanco y no se actualiza, dijo.
Los profesionales de la salud pública pueden combinar los conjuntos de datos existentes para determinar la raza y el origen étnico con el fin de analizar lo bien que lo están haciendo en la distribución equitativa de las vacunas, agregó.
Pero mientras tanto, los datos de los códigos postales pueden apuntar a las comunidades en las que las tasas de infección y las muertes por COVID-19 son más altas y las tasas de vacunación son más bajas, dijo.
En Massachusetts, el gobernador republicano Charlie Baker anunció el 16 de diciembre que el estado gastaría un millón de dólares en una iniciativa de divulgación específica en las 20 ciudades y localidades más afectadas por el COVID-19. En colaboración con la Massachusetts League of Community Health Centers, que representa a las clínicas locales de salud familiar, el plan pretende facilitar la vacunación en esas comunidades históricamente desatendidas.
"Massachusetts debió haber adoptado este enfoque mucho antes", dijo Shan Soe-Lin, profesora de la Yale University sobre salud mundial y directora gerente de Pharos Global Health Advisors, un grupo político sin ánimos de lucro con sede en Boston. "Habría salvado cientos de vidas y evitado miles de enfermedades".
Soe-Lin y su marido, Robert Hecht, profesor de epidemiología en la Yale School of Public Health, han sido críticos del despliegue de vacunas de la administración de Baker. Argumentan que llevar las vacunas a los vecindarios desatendidos y colaborar con líderes comunitarios de confianza puede llevar un poco más de tiempo al principio, pero en última instancia acercará a la nación a la inmunidad de rebaño sin dejar atrás a los más vulnerables.
En todos los estados, hay un puñado de ciudades de entre 40 mil y 90 mil habitantes, como Brockton, Chelsea y Revere en Massachusetts, que son responsables de la mayor parte de los casos de COVID-19, dijo Soe-Lin. "Lo más fácil es desplegar una clínica de vacunación móvil y proporcionar vacunas las 24 horas del día hasta que todos, jóvenes y mayores, estén vacunados".
Si se combina este tipo de enfoque con clínicas en iglesias, escuelas y centros comunitarios y farmacias locales, el problema estaría resuelto, argumentó Soe-Lin. "Solo haría falta una o dos semanas en cada comunidad", dijo.
Otra forma de llegar a las personas que no pueden ir en coche a los centros de vacunación masiva, y que pueden tener dudas y querer hablar con alguien de confianza antes de vacunarse, es recurrir a los médicos de familia, sugirió Soe-Lin.
Según Kaiser Family Foundation, el 85 por ciento de las personas afirma que confía más en su propio médico para obtener información fiable sobre las vacunas.
Massachusetts decidió desde el principio no enviar las vacunas a los médicos familiares y, en su lugar, optó por lugares de vacunación remotos a los que solo pueden llegar las personas con auto, dijo Soe-Lin. "Con la tasa de asegurados más alta del país, casi todo el mundo en Massachusetts tiene un médico o una clínica comunitaria a la que puede acudir para vacunarse".
