WASHINGTON — El gobierno de Biden es joven, pero se enfrenta a su primer contraataque de sus compañeros demócratas en materia de política exterior, y es sobre en qué medida castigar a Arabia Saudita y a su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, por el asesinato del residente estadounidense y destacado disidente saudí Jamal Khashoggi.
La revelación la semana pasada por parte del gobierno de Biden de un hallazgo de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el príncipe "aprobó una operación ... para capturar o matar" a Khashoggi, un columnista de The Washington Post en 2018, fue aplaudida por los demócratas. Pero algunos dijeron que presionarían a favor de consecuencias más duras para el príncipe heredero.
Al publicar la evaluación desclasificada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la administración estaba cumpliendo con una ley reciente aprobada por el Congreso, la cual la administración de Trump se había negado a cumplir.
El presidente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam B. Schiff, celebró la divulgación, pero dijo que era necesario adoptar más medidas. "Como el príncipe heredero sigue sin demostrar remordimiento alguno por sus acciones y protegiendo a los altos funcionarios saudíes de la responsabilidad por su papel en el asesinato del señor Khashoggi, la administración de Biden necesitará dar seguimiento a esta atribución de responsabilidad con serias repercusiones contra todas las partes responsables que ha identificado".
El Departamento del Tesoro anunció el pasado viernes que aplicaría las sanciones Globales Magnitsky contra el ex subjefe de inteligencia de Arabia Saudita, acusado de ser el autor intelectual del asesinato, y el destacamento de protección personal de élite del príncipe heredero, la Fuerza de Intervención Rápida, que llevó a cabo el asesinato y el desmembramiento de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Las medidas Magnitsky permiten a la Tesorería sancionar a funcionarios extranjeros implicados en abusos de los derechos humanos contra periodistas y disidentes.
El secretario de Estado, Antony Blinken, también anunció que el Departamento de Estado iba a imponer prohibiciones de viaje a 76 individuos saudíes, cuyos nombres no se han hecho públicos, y que "se cree que han participado en amenazas a disidentes en el extranjero, incluyendo, pero no limitándose, al asesinato de Khashoggi".
Además, el departamento anunció que su informe anual sobre derechos humanos ampliaría la información sobre incidentes en los que los países acosan o atacan a disidentes, activistas y periodistas que viven en el extranjero.
Pero los demócratas exigieron consecuencias más duras.
"Seguimos estando lejos de hacer justicia para el señor Khashoggi y su familia", declaró en un comunicado el miembro destacado de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Benjamin L. Cardin, quien pidió a la administración que imponga sanciones de Magnitsky más duras, las cuales Cardin promulgó en 2016, a "todos los responsables del brutal asesinato del señor Khashoggi. ... Ahora es el momento de enviar una señal clara de que las ejecuciones extrajudiciales son universalmente inaceptables y que nadie está por encima de la ley".
Los activistas de derechos humanos se mostraron incluso menos reprimidos que los demócratas a la hora de expresar su decepción con la administración por no utilizar sus poderes sancionadores directamente contra el príncipe.
Omar Abdulaziz, un prominente disidente saudí que vive exiliado en Montreal, dijo que temía que Salman concluyera de la experiencia que puede salirse con la suya en el asesinato de residentes de Estados Unidos y así sentirse más empoderado para llevar a cabo actos adicionales de intimidación y asesinato contra los críticos de su régimen.
"Hasta ahora, nada ha cambiado. Si Mohammed bin Salman (MBS) no es sancionado, repetirá sus errores, pero esta vez va a tratar de encubrirlos, cometerlos de mejor manera, eso es todo", dijo a CQ Roll Call, Abdulaziz, quien colaboraba estrechamente con Khashoggi antes de su asesinato.
El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, estuvo de acuerdo con esta preocupación en una llamada con la prensa el pasado viernes.
"Si los saudíes pueden salirse con la suya matando a un residente de Estados Unidos en un consulado extranjero y no sufrir ninguna consecuencia, se abrirá la veda contra los periodistas en todas partes", dijo Wyden, señalando que es hijo de un periodista.
"Creo que debería haber consecuencias personales para MBS. Estamos hablando de (repercusiones) financieras, de viaje y legales", comentó el senador, utilizando el apodo del príncipe heredero, que tiene una gran fortuna personal, incluyendo yates y mansiones en otros países.
También criticaron la falta de prohibición de que el príncipe viaje a Estados Unidos el presidente de Asignaciones del Senado, Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont, y el vicepresidente de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Tom Malinowski, demócrata por Nueva Jersey, quien se desempeñó como secretario adjunto de estado para los derechos humanos durante la administración de Obama.
En una declaración conjunta, señalaron que una estipulación de la ley general de gastos para el año fiscal 2021, aprobada en diciembre, era "inequívoca" al exigir que "los funcionarios de gobiernos extranjeros y los miembros de sus familias inmediatas sobre los que el secretario de Estado tenga información creíble de que han estado involucrados, directa o indirectamente, en ... una grave violación de los derechos humanos, no podrán entrar en Estados Unidos".
El lunes, Malinowski presentó una legislación que impondría la prohibición de viajar a todas las personas mencionadas en el informe de la ODNI sobre el asesinato de Khashoggi, incluido el príncipe heredero. La propuesta incluye una exención, pero el presidente tendría que notificar públicamente al Congreso con dos semanas de antelación antes de expedir cualquier visado para las personas designadas. El proyecto de ley requeriría además que el Departamento de Estado informara periódicamente sobre si el comportamiento de Riad ha desencadenado un estatuto que prohíba la exportación de armas a las naciones que intimiden o acosen a personas que vivan en Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, no dijo el lunes si la administración había decidido ejercer la exención incluida en la ley ómnibus en lo que respecta a cualquier posible plan de viaje futuro al país del príncipe heredero.
La Casa Blanca también defendió el lunes su decisión de no imponer sanciones directas al príncipe, aunque no descartó la posibilidad de que se produzcan sanciones en el futuro.
"Por supuesto, nos reservamos el derecho de emprender cualquier acción en el momento y la forma que elijamos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre si la administración contemplaría alguna vez sancionar al príncipe.
Price amplió ligeramente los motivos de la administración para no sancionar directamente al príncipe, exponiendo un argumento de realpolitik sobre por qué Estados Unidos debía tener en cuenta otras prioridades al sopesarlas con la indignación por el asesinato de Khashoggi.
"Es innegable que Arabia Saudita es un país enormemente influyente en el mundo árabe y más allá. Lo que sucede en Arabia Saudita tendrá y ha tenido profundas implicaciones mucho más allá de las fronteras de Arabia Saudita", dijo Price. "Sin duda, las decisiones que tome Riad tendrán implicaciones enormes para la región y para ... países más allá de la región, incluyendo a Estados Unidos".
El gobierno de Biden quiere contar con la ayuda de Arabia Saudita (la economía más grande del Medio Oriente y con una influencia preeminente entre los países árabes) en su estrategia para hacer frente a Irán. Durante el gobierno de Obama, la oposición de Riad al acuerdo nuclear multinacional con Irán se convirtió en un importante punto de encuentro para los críticos nacionales e internacionales del acuerdo, que ahora está en soporte vital después de los persistentes intentos de la administración de Trump para aniquilarlo.
Estados Unidos también sigue confiando en la cooperación antiterrorista de Arabia Saudita, especialmente en el ámbito de la inteligencia, en la lucha contra Al Qaeda.
Price sugirió que las sanciones directas contra el gobernante de facto del reino serían contraproducentes si conducen a una ruptura de las relaciones estratégicas con Riad.
"Creemos que podemos tener mayor influencia sobre esta asociación cuando se plantea como una recalibración y no como una ruptura", comentó a los periodistas. "Si hubiera algo más dramático ... de lo que hemos hablado, creo que la influencia que tendríamos sobre cualquier líder extranjero ... se vería muy disminuida".
En comparación con la avalancha de ira y las exigencias de responsabilizar de los demócratas tras la publicación del informe de la ODNI, los republicanos han permanecido en su mayoría en silencio, en parte por preocupación a decir algo que desate la ira del expresidente Donald Trump, quien sigue manteniendo el control del partido.
El miembro de mayor rango de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Michael McCaul, de Texas, fue uno de los pocos republicanos que habló del tema. El pasado viernes, declaró a la NBC que cree que "debería haber consecuencias" para Riad por el asesinato de Khashoggi, aunque no pidió explícitamente que se sancionara al príncipe.
McCaul indicó que le preocupaba que el asesinato de Khashoggi perjudicara las perspectivas de que Estados Unidos persuadiera a Arabia Saudita de abrir relaciones diplomáticas con Israel.
"Lo malo de todo esto es que finalmente estamos avanzando en una asociación con la familia real saudí ... se están alineando con Israel, contra la mayor amenaza en la región y que es Irán", dijo. "La cuestión geopolítica se vuelve muy complicada, muy difícil ahora a la luz del asesinato (de Khashoggi) ... El verdadero premio iba a ser que los saudíes se unieran a los Acuerdos de Abraham. Esto ha sido un verdadero paso atrás".
Wyden dijo que creía que la administración debería adoptar más medidas para desclasificar las comunicaciones entre el príncipe heredero y los altos miembros de la administración de Trump, incluido el yerno de Trump, Jared Kushner.
El ex alto asesor presidencial entabló una amistad con el príncipe heredero y, al parecer, se comunicaba con él a través de aplicaciones de mensajes de texto al margen de los canales diplomáticos habituales.
"Hay más cosas que todavía no sabemos, como la relación entre Jared Kushner y MBS. Espero que en los próximos meses sepamos más sobre eso", dijo Wyden. "Mi sensación es que hay bastante más que puede desclasificarse aquí y en muchas otras áreas del gobierno de manera que se garantice la protección de la seguridad del pueblo estadounidense".
Algunos de los críticos del príncipe heredero, como Abdulaziz, quieren que la administración divulgue comunicaciones embarazosas con altos funcionarios de Trump, las cuales posiblemente pudieran ser lo suficientemente perjudiciales como para disuadir más inversiones extranjeras y turismo en el reino.
Si los costos de mantener al príncipe heredero en el poder se vuelven demasiado altos, se piensa que entonces una masa crítica de la familia real saudí gobernante y, lo que es más importante, el gobernante nominal del país, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, podría decidir apartarlo del poder.
"En Arabia Saudita, sí tenemos otras alternativas además de Mohammed bin Salman", dijo Abdulaziz. "Mohamed bin Salman no es Arabia Saudita".
En las semanas posteriores al asesinato de Khashoggi en el otoño de 2018, la comunidad empresarial internacional trató de dar la apariencia de distanciarse públicamente de la rica Arabia Saudita, con muchos ejecutivos de negocios occidentales y funcionarios del gobierno cancelando o tratando de restar importancia a su participación en la conferencia anual de inversión del reino, apodada "Davos en el desierto".
Pero ese aislamiento no duró mucho, ya que las empresas y las compañías de servicios financieros al parecer no podían mantenerse alejadas por mucho tiempo del reino, que está intentando desligar su economía de su dependencia de décadas de las ventas de petróleo. En la conferencia de inversiones celebrada la semana pasada en Riad, estaba previsto que se hablaran ante la reunión varios líderes empresariales de marcas bien conocidas, entre ellos ejecutivos de Goldman Sachs, Morgan Stanley, SoftBank, Credit Suisse y Nasdaq, según The New York Times.
"Atrás quedaron los días en los que los líderes de la industria de los servicios financieros se mantenían al margen, temiendo los costos para su reputación de asociarse con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman", escribió Steven Cook, miembro para Estudios de Oriente Medio en el grupo de análisis Council on Foreign Relations, en un artículo de opinión para Foreign Policy la semana pasada. "Los inversores han decidido ahora que hay tratos por hacer. Están apostando a que el compromiso declarado por las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y un grupo relativamente bipartidista de legisladores estadounidenses para hacer que Arabia Saudita rinda cuentas no llegue a mucho, y quizá tengan razón".
