ATLANTA — Los inmigrantes que enfrentan la deportación tienen menos probabilidades de tener acceso a un abogado en Georgia que en casi todos los demás estados.
Esa es la conclusión de un informe reciente de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación no partidista de la Universidad Syracuse.
Según los datos de la corte de inmigración compilados por TRAC, había más de 40,400 casos de deportación pendientes en Georgia a fines de mayo de 2021, pero sólo alrededor de 15,500 de ellos tenían representación legal. Eso significa que las probabilidades de estar representado en casos de deportación de alto riesgo son de alrededor del 39%. Sólo otros cuatro estados registraron tasas de representación más bajas, y tres de ellos (Noth Carolina, South Carolina y Alabama) también se encuentran en el sureste. Ninguno de los estados con tasas de representación más bajas que Georgia tiene una mayor acumulación de casos de deportación: ese estado ocupa el octavo lugar a nivel nacional en cuanto al total de casos de deportación pendientes.
Las escasas probabilidades de representación de los inmigrantes de Georgia se deben, en parte, al uso más generalizado de la detención de inmigrantes por parte del estado. Según un informe de 2016 del Consejo Estadounidense de Inmigración, los inmigrantes detenidos tenían menos probabilidades de obtener un abogado, con una tasa de representación de sólo el 14% (en comparación con alrededor del 65% para los inmigrantes no detenidos). Al 22 de julio, Georgia albergaba la cuarta población más grande de detenidos de ICE en el país, según los datos compilados por TRAC.
La geografía también es un factor. De los tres tribunales de inmigración del estado, dos están en Atlanta, pero el tercero está dentro de las instalaciones del Centro de Detención Stewart, ubicado en la remota y pequeña ciudad de Lumpkin, donde los inmigrantes detenidos superan en número a los residentes.
Los defensores dicen que la ubicación de la corte Stewart, a más de 100 millas al sur de Atlanta, históricamente ha disuadido a los abogados de tomar casos allí. Según el informe del Consejo Estadounidense de Inmigración, sólo el 6% de los detenidos en Stewart tuvo acceso a un abogado en el período de 2007 a 2012, según los últimos datos disponibles. Eso es menos de la mitad de la tasa nacional de inmigrantes detenidos.
Entre los abogados que se encuentran en el terreno en el tribunal de inmigración de Stewart se encuentra Matt Boles, que vive a tiempo completo en Lumpkin. Boles es abogado de la Iniciativa de Libertad para Inmigrantes del Sureste del Southern Poverty Law Center, un programa iniciado en 2017 para brindar representación legal gratuita a los inmigrantes en el sur profundo. Él dice que las tasas de representación en Georgia son bajas en parte porque no hay suficientes servicios pro bono en el estado para satisfacer la demanda existente.
En julio, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que administra el sistema de tribunales de inmigración, actualizó su lista de servicios legales gratuitos disponibles en Georgia. Sólo se incluyen tres proveedores en el documento.
"Simplemente muestra cómo hay una falta de este tipo de recursos, desafortunadamente", dijo Boles.
Palmer Lawrence dirige el departamento de servicios legales de Asian Americans Advancing Justice, con sede en Atlanta, que ofrece defensa de deportación gratuita y de bajo costo, entre otros servicios. Ella dice que su oficina de cuatro abogados recibe docenas de llamadas cada semana.
"Simplemente no podemos representar a todos", dijo. "Hacer este tipo de casos de defensa de deportación requiere mucho, mucho tiempo. Básicamente, no hay suficientes abogados que se especialicen en esta área del derecho, y los que lo hacen, tienen que cobrar por su tiempo".
En ausencia de representación pro bono, muchos inmigrantes y sus familias luchan por reunir los fondos necesarios para contratar un abogado privado. Esa barrera de costos aumentó en el transcurso de la pandemia de COVID-19 y la recesión que desencadenó, que afectó de manera desproporcionada el estado laboral de los trabajadores inmigrantes.
"Cuando hablamos con posibles clientes, dicen: 'Bueno, ya sabes, supongo que mi familia antes podía pagar por un abogado. Pero ahora, esa persona está de licencia en su trabajo o ha perdido su trabajo, o sus horas se han reducido considerablemente'”, dijo Boles. "Entonces, tal vez esta vez hace 18 meses habrían podido pagar un abogado. Ahora, ciertamente ese no es el caso".
A diferencia de los acusados de delitos, los inmigrantes no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno si no pueden pagar una representación privada.
El acceso a un abogado tiene un impacto enorme en la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU.
Según un informe de 2018 del Vera Institute of Justice, un grupo de expertos no partidista, solo el 5% de los casos de inmigración que terminaron con la victoria entre 2007 y 2012 lo hicieron sin un abogado, mientras que el 95% de los casos exitosos estuvieron representados.
"Es casi imposible ganar casos de deportación sin la ayuda de un abogado", señalaron los autores del informe.
En la corte de Stewart, las tasas de representación que se encuentran entre las más bajas del país ayudan a generar tasas de deportación que se encuentran entre las más altas. En el año fiscal 2015, menos del 2% de los inmigrantes ganaron sus casos, según datos del Departamento de Justicia.
Amilcar Valencia es el director ejecutivo de El Refugio, una organización sin fines de lucro que apoya a inmigrantes detenidos y sus familias. Dice que unos pocos pueden tratar de representarse a sí mismos de manera significativa en la corte de inmigración, si son completamente bilingües y lo suficientemente inteligentes como para estudiar las leyes que gobiernan el sistema de inmigración estadounidense "notoriamente complejo", como lo expresó el Instituto Vera.
"Pero la realidad es que no todo el mundo es capaz de eso", dijo Valencia. "Si no tiene (un abogado), está a merced de ICE".
Lawrence está de acuerdo.
"Yo diría que incluso la mayoría de los abogados que no se especializan en inmigración no comprenden sus matices. Se requiere mucha experiencia técnica", dijo. "Es casi imposible que una persona se represente a sí misma sin algún tipo de apoyo y realmente tenga éxito".
Y aunque asegurar la representación no siempre se traducirá en éxito en los tribunales, Valencia señala que también existen beneficios para la salud mental que vienen con la asociación con un abogado.
"Incluso si sabes que tienes muchas cosas en tu contra, si tienes representación, estás más al día de lo que está pasando en tu caso, sabes qué esperar", dijo. "Eso afecta su salud mental, su moral".
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(Lautaro Grinspan is a Report for America corps member covering metro Atlanta's immigrant communities.)
