El presidente Joe Biden pronto exigirá a millones de trabajadores que se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas de detección semanales. Sin embargo, antes del anuncio de Biden a principios de este mes, 18 estados y el Distrito de Columbia ya habían ordenado a los trabajadores del sector público que se vacunaran o se arriesgaran a perder sus empleos, y 21 estados más el Distrito de Columbia tenían este tipo de mandatos para los trabajadores del sector salud.
Muchos de esos mandatos estatales entrarán en vigor en las próximas semanas, lo que permite vislumbrar los efectos que el plan de Biden pudiera tener en la mano de obra una vez que la norma federal definitiva entre en vigor.
Al igual que el plan federal, la mayoría de esos requisitos estatales permitirán la realización de pruebas de detección semanales como alternativa a la vacunación.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) pasó meses considerando la aprobación total de las vacunas. Durante ese tiempo, los funcionarios de varios estados negociaron con los sindicatos y consideraron si un mandato expulsaría a un gran número de empleados de la plantilla estatal.
"En general, los estados que ordenaron las vacunas han dicho: 'Necesitamos hacerlo, y no creemos que vayamos a tener una gran pérdida en nuestra fuerza laboral", dijo Hemi Tewarson, directora ejecutiva de la National Academy for State Health Policy, un foro no partidista de legisladores estatales.
"Debemos empezar a entender dónde (los trabajadores) van a atrincherarse y decidir si prefieren perder el empleo a vacunarse", dijo. "¿Qué tipo de experiencia se pierde, y se cierra un sistema de transbordadores o un programa público? Creo que hay preocupación por lo que va a pasar con algunas partes de la mano de obra".
Incluso los estados con estrictos mandatos de vacunación han ofrecido exenciones médicas, y la mayoría permiten también exenciones religiosas. Pero los expertos dicen que las directrices de muchos estados para conceder esas exenciones son a menudo poco claras, e incluso en los casos en que se permiten, los empleados pueden perder sus empleos si no se les puede dar cabida con seguridad.
El plan de Biden, que aplica a las empresas de más de 100 trabajadores, equipararía en su mayor parte a todo el país con los organismos e industrias ya cubiertos por los mandatos estatales. Sin embargo, en el puñado de estados que no cuentan con una alternativa de prueba de detección a la vacunación, los trabajadores que aún dudan de las vacunas contra el COVID-19 enfrentan una difícil decisión.
En Colorado, Nevada, Oregón y Washington, algunos o todos los empleados estatales están sujetos a reglas sobre vacunas las que no incluyen una alternativa de prueba de detección. Los trabajadores de la salud y los profesores enfrentan requisitos similares en varios otros estados, sistemas de salud y distritos escolares.
Mientras tanto, los legisladores de Montana aprobaron a principios de este año una ley que prohíbe a los organismos públicos y a los empleadores privados obligar a la vacunación. Afirman que la nueva ley anula el mandato federal.
"Nunca se debería discriminar a nadie porque opte por no vacunarse", dijo a NBC Montana la representante estatal republicana Jennifer Carlson, promotora del proyecto de ley. "Les animo a que respeten los derechos de aquellos que deseen optar por no hacerlo".
En Washington, el supervisor de incendios forestales Mike Colombo dijo a The Seattle Times que renunciaría antes que cumplir con el mandato estatal, llevándose consigo la experiencia institucional que lleva años construir.
"Si la comisionada de tierras públicas y el gobernador se salen con la suya, no volveré a combatir los incendios en el estado de Washington", dijo al periódico.
Siete estados prohibieron a los organismos públicos exigir la vacunación. Y los gobernadores republicanos de muchos estados, como Arizona, Dakota del Sur, Texas y Wyoming, se han comprometido a luchar contra el mandato de Biden, prometiendo batallas legales.
El mandato del estado de Washington, emitido el mes pasado por el gobernador demócrata Jay Inslee, cubre a más de 800 mil trabajadores. Y, a diferencia del mandato para toda la economía anunciado por Biden la semana pasada, no permite a los empleados someterse a pruebas de detección semanales en lugar de vacunarse.
Cuando los profesores, los trabajadores de la salud y los empleados del sector público de Washington se presenten a trabajar el lunes 18 de octubre, tendrán que estar vacunados contra el COVID-19 o correrán el riesgo de perder sus empleos.
"La razón por la que no hay una opción de prueba de detección es que simplemente no estábamos convencidos de que fuera una forma eficiente o efectiva de mantener seguras a la gente y a las comunidades", dijo Mike Faulk, subdirector de comunicaciones de Inslee. "Ya teníamos pruebas antes de que la vacuna estuviera disponible de forma generalizada en el Departamento de Correccionales y en otros entornos de trabajo congregados".
"Las pruebas regulares no evitaron necesariamente tantos casos, y hemos visto a empleados estatales contraer COVID en el trabajo y finalmente morir".
Faulk también señaló que un programa de pruebas de detección semanales habría costado al estado unos 66 millones de dólares al año.
Leanne Kunze, directora ejecutiva de la Federación de Empleados Estatales de Washington, el mayor sindicato de trabajadores de los servicios públicos del estado, dijo que a algunos trabajadores se les han concedido exenciones, pero que se les ha dicho que el Estado no puede darles cabida de forma segura, lo que significa que aún pueden perder sus empleos. Algunos de esos empleados siguen trabajando a distancia, dijo.
"Hay personas en estas situaciones que normalmente estarían interactuando con sus colegas y el público en general, pero no lo están y no lo han estado durante 18 meses", dijo. "Hasta que vuelvan a un entorno de trabajo poblado, el plazo parece más arbitrario para esa gente".
A principios de este mes, el sindicato de empleados de Washington ratificó un acuerdo con el Estado que permitirá a los trabajadores que no cumplan el plazo del 18 de octubre utilizar el tiempo de permiso no remunerado para completar sus vacunas, a la vez que concede a los trabajadores un día de permiso adicional como incentivo. El acuerdo también permite a los empleados que se jubilan en 2021 utilizar el tiempo de licencia para llegar a su fecha de jubilación, en lugar de pasar por la separación inmediata.
"Una vez que se llegó a un acuerdo tentativo, la gente ya estaba empezando a hacer sus citas para las vacunas", dijo Kunze. "Creo que vieron los indicios, y se dieron cuenta de que realmente estábamos negociando los efectos, no el mandato en sí".
Los funcionarios del Estado de Washington todavía están recopilando datos, pero esperan que las tasas de vacunación de la fuerza laboral reflejen aproximadamente el porcentaje de todo el estado, alrededor del 70 por ciento. Faulk dijo que Washington ha visto aumentar las tasas de vacunación desde que se anunció el mandato, una señal de esperanza, pero todavía no está claro qué porcentaje de la fuerza laboral del estado perderá sus empleos en lugar de recibir la vacuna.
"Nadie está en estado de pánico aquí; no estamos creyendo en los peores escenarios", dijo.
Kunze no quiso especular sobre el número de trabajadores estatales que podrían perder sus empleos por el mandato, pero dijo que incluso una tasa de pérdida del 10 por ciento sería un golpe significativo para los servicios públicos. Se preocupó especialmente por los trabajadores de primera fila que se ocupan de las poblaciones vulnerables, y los empleados que pudieran estar en riesgo si quedan con personal reducido.
A principios de esta semana, el Seattle Times informó que al menos el ocho por ciento de la plantilla del estado (casi cinco mil empleados de 24 organismos) había solicitado exenciones por motivos médicos o religiosos. El periódico descubrió que, hasta ahora, se han concedido 737 solicitudes de exención, pero el Estado solo ha hecho adaptaciones para siete de esos trabajadores.
No está claro cuántos de esos trabajadores optarán por vacunarse si se les niega la exención, o cuántos trabajadores no solicitaron una exención pero siguen planeando desafiar el mandato.
Washington no es el único que se enfrenta a la incertidumbre sobre lo que los mandatos de vacunación supondrán para su plantilla. En San Diego, el 65 por ciento de los agentes de policía que respondieron a una encuesta dijo que consideraría la posibilidad de renunciar por los requisitos de las vacunas. Se espera que unos tres mil empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles (casi una cuarta parte de la plantilla del organismo) soliciten exenciones, en su mayoría por motivos religiosos.
Los distritos escolares de todo el país han manifestado su preocupación por la escasez de personal. Los dirigentes de un distrito de Oregón aprobaron el mes pasado una resolución en la que expresaban su preocupación por la posibilidad de que el mandato del estado provocara una pérdida de personal y de alumnos, lo que pudiera poner en peligro la capacidad del distrito para impartir enseñanza presencial de tiempo completo.
Oregón, al igual que Washington, no tiene ninguna exención de pruebas de detección en su norma sobre la vacunación. California será uno de los primeros estados en poner a prueba un mandato tan estricto, cuando sus nuevos requisitos para los trabajadores de la salud entren en vigor el 30 de septiembre. Inicialmente, el estado permitía que los trabajadores no vacunados se sometieran a pruebas semanales de COVID-19, pero eliminó esa exención a medida que aumentaban los casos.
"Todavía no está claro cómo va a funcionar después del 30 de septiembre", dijo Jan Emerson-Shea, vicepresidente de asuntos externos de la California Hospital Association. "Hay una preocupación acerca de cómo esto va a impactar la dotación de personal cuando ya estamos enfrentando la escasez de personal en todo el país".
Emerson-Shea dijo que su organización apoya el mandato, calificándolo de esencial para la seguridad pública, pero espera que se aplique de una manera que minimice la disrupción de la industria.
Aunque la escasez de personal de salud tiene muchas causas (incluido el agotamiento por la pandemia) CalMatters informa de que los enfermeros itinerantes están rechazando asignaciones en California en lugar de vacunarse, lo que empeora el problema. No está claro si el nuevo mandato nacional igualará las condiciones de estados como California al imponer requisitos similares en otros lugares.
Faulk, el funcionario de Washington, señaló que la ausencia de un mandato de vacunación pudiera causar también problemas de personal.
"Hay mucha gente que trabaja en la salud que probablemente se iría si no hubiera un mandato de vacunación", dijo. "Entienden que la falta de vacunación es lo que está haciendo que sus vidas y trabajos sean tan caóticos en este momento".
Incluso antes del anuncio de Biden, muchas organizaciones de salud del sector privado habían empezado a decirle a su personal que se vacunara.
"En el espacio de unas pocas semanas, vimos un aumento significativo en el número de hospitales y sistemas de salud que optaron por establecer políticas de vacunación obligatoria", dijo Akin Demehin, director de políticas de la American Hospital Association. "Pasó de decenas a principios de junio a acercarse a un par de miles".
Demehin dijo que la industria de la salud, al igual que muchos estados, todavía tiene datos incompletos sobre las tasas de vacunación entre sus trabajadores.
"Lo que hemos escuchado es que en muchos casos, el anuncio de un mandato sirve como ese empujón final para que la gente se vacune", dijo.
El grupo hospitalario no se ha pronunciado sobre si las pruebas periódicas son una alternativa segura para los trabajadores no vacunados.
En Connecticut, los empleados estatales de los centros hospitalarios están obligados a vacunarse, pero la mayoría de los sistemas de salud han emitido mandatos de vacunación también para los trabajadores del sector privado, y algunos entrarán en vigor en las próximas semanas.
Paul Kidwell, vicepresidente de política de la Connecticut Hospital Association, dijo que las tasas de vacunación entre los trabajadores de los hospitales han aumentado por encima del 80 por ciento desde que se emitieron los mandatos, y el grupo espera que esa cifra aumente.
"Habrá algunas personas que decidan no vacunarse y dejar el empleo, pero es demasiado pronto para decir si eso será perjudicial", dijo. "No hemos escuchado de nuestros miembros que el mandato de la vacuna sea una razón para los desafíos de personal".
Aunque algunos temen que la directriz nacional de Biden pueda alterar la economía, existe la esperanza de que pueda ayudar a las industrias y agencias que ya se enfrentan a los mandatos.
Tewarson, el experto en política de salud estatal, dijo que el anuncio de Biden podría aliviar la presión sobre los estados que tienen sus propios mandatos, pero su efecto sobre la fuerza laboral en general sigue siendo incierto.
"Esto hace que muchos más estados entren en el redil por defecto, y eso definitivamente apoya a los estados que se han adelantado y lo han hecho", dijo. "¿Cambia eso la mentalidad de la gente, que se resigna a ello? ¿O va a fomentar la rebelión contra ella y a crear un mayor rechazo?"
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