Lee Wagner, veterano del Cuerpo de Infantería de Marina y especialista en intervención en suicidios, ha pasado los últimos seis años ayudando a sus compañeros veteranos a procesar el trauma de sus experiencias de combate, con la vista puesta en evitar que se quiten la vida. Como muchos de sus compañeros, Wagner es propietario de un arma.
En los últimos meses, Wagner ha presionado a los legisladores del estado de Pensilvania para que aprueben un proyecto de ley de órdenes de protección de riesgo extremo, respaldado por ambos partidos. Las llamadas leyes de alerta (o bandera roja) retiran temporalmente las armas de fuego a quienes pueden ser un peligro para sí mismos o para los demás, y son alabadas por expertos en salud pública, agentes de la ley y defensores de la seguridad de las armas. Al menos otros ocho estados también están considerando proyectos de ley de alerta.
"Cuando alguien tiene un día realmente malo", dijo Wagner, "debemos remover esa herramienta de daño y mantenerlos vivos".
La aprobación de estos proyectos de ley, sin embargo, quizá no sea políticamente factible este año: La mayoría legislativa republicana de Pensilvania y de muchos otros estados ni siquiera les concederá una audiencia en el comité.
La mayoría de los 19 estados que tienen leyes de alerta las adoptaron después del tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, una tragedia que pudo haberse evitado si el estado hubiera tenido una ley de alerta, argumentan los proponentes. Aunque la mayoría de las medidas se promulgaron en estados dominados por los demócratas, algunas se aprobaron con apoyo bipartidista, incluida la de Florida, donde el Partido Republicano controla tanto la legislatura como la gubernatura. Los gobernadores republicanos de Maryland y Vermont también promulgaron proyectos de ley similares.
Pero ese impulso se ha ido apagando a medida que la presión nacional a favor de las restricciones a las armas ha disminuido en los años transcurridos desde que las protestas lideradas por los jóvenes arrasaron el país después de Parkland. Todos los estados de Estados Unidos controlados por los demócratas tienen ahora una ley de bandera roja, excepto Maine, que tiene una alternativa suavizada alcanzada a través de un compromiso bipartidista. En el resto del país, los republicanos, centrados en las elecciones, están decididos a animar a su base favorable a la posesión de armas.
La aprobación de la legislación de alerta será un gran esfuerzo en los estados restantes, dijo Josh Horwitz, director ejecutivo de la Coalition to Stop Gun Violence y la Educational Fund to Stop Gun Violence. En los estados sin control demócrata de la legislatura, los legisladores republicanos están escuchando a las bases de su partido que temen que el gobierno intente quitarles las armas, dijo.
"De los estados que creemos que tienen una oportunidad de avanzar, no hay ningún lugar donde podamos decir: 'Eso es pan comido, será fácil'", dijo.
Según la mayoría de las leyes, los familiares o los agentes de la ley deben solicitar a un tribunal civil la confiscación temporal de las armas de fuego de alguien. Un juez estudia la evidencia, incluidas las declaraciones de los testigos, antes de emitir la orden no penal. Normalmente, la orden expira en el plazo de un año.
Pero los activistas de los derechos de las armas argumentan que las leyes de alerta violan el debido proceso e infringen los derechos de la Segunda Enmienda de los propietarios de armas. Además, las ex parejas y los familiares enfadados pueden abusar fácilmente de ellas para exigir un castigo, dijo Val Finnell, director en Pensilvania de Gun Owners of America.
"Le da la vuelta al debido proceso", dijo. "Los demandantes no tienen que demostrar que cometiste un delito. Ni siquiera tienen que demostrar que hay alguna posibilidad de que cometas un delito. Solo tienen que demostrar que eres subjetivamente un peligro para alguien. Eso es todo lo que hace falta para que te despojen de tus derechos constitucionales".
El proyecto de ley de Pensilvania no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en esta sesión, dijo Finnell, especialmente porque el representante estatal republicano Rob Kauffman, presidente del Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, se niega a dar audiencia al proyecto. Kauffman se negó a hablar con Stateline.
El representante estatal republicano Todd Stephens, uno de los copatrocinadores de la medida, dijo que ambos partidos deberían adoptar leyes de alerta para proteger a las familias y prevenir suicidios. Esto debería atraer a sus colegas republicanos, dijo, ya que las comunidades rurales de la mancomunidad tienen una mayor tasa de suicidios que las zonas urbanas. Los estudios muestran que las tasas de suicidios han disminuido en los estados con leyes de alerta.
"Seguiré trabajando para convencer al presidente de que esta legislación está estrechamente adaptada y centrada en ayudar a los que están en crisis y a sus familias", dijo Stephens, ex fiscal federal de armas de fuego. "Esperemos que, en algún momento, consigamos un diálogo significativo".
Esta medida también debería atraer a los propietarios de armas, dijo Adam Garber, director ejecutivo de CeaseFirePA, un grupo de seguridad de armas de Pensilvania. Según la ley estatal actual, los agentes de policía y los médicos pueden internar a una persona en un centro psiquiátrico, incluso en contra de su voluntad, si supone un riesgo para sí misma o para los demás. Esa persona también pierde el acceso a sus armas de fuego, posiblemente de por vida. Las leyes de bandera roja son una alternativa temporal que preserva los derechos de los propietarios de armas a largo plazo.
"Esta política no trata de interferir en el derecho a poseer armas", dijo. "Se trata de salvar la vida de los propietarios de armas. Esto les dará la oportunidad de ir a cazar otro día".
Pero los activistas de los derechos de las armas no se tragan ese argumento. Las leyes de alerta no respetan el debido proceso, dijo F. Paul Valone, presidente de Grass Roots North Carolina. Se opone a las disposiciones de las leyes de bandera roja, diseñadas para su uso en caso de crisis, que permiten a los jueces confiscar las armas después de una audiencia de emergencia sin dar a los propietarios de armas la oportunidad de defenderse. Sin embargo, los propietarios de armas suelen conservar el derecho a tener una audiencia completa a los pocos días de la orden inicial.
"La idea de mantener las armas de fuego fuera de las manos de personas peligrosas e inestables es una idea encantadora hasta que se analizan los pormenores de su aplicación", dijo Valone, que se ha pronunciado enérgicamente contra un proyecto de ley de alerta en Carolina del Norte. El proyecto de ley no tendrá una audiencia en el comité ni se aprobará en la legislatura, según le han dicho los legisladores republicanos.
La representante estatal demócrata Marcia Morey, una de las promotoras de la ley y ex jueza de distrito durante casi dos décadas, dijo a Stateline que su proyecto de ley no tiene interés en la configuración actual de la legislatura estatal. Esta es la segunda sesión en la que presenta el proyecto de ley. Planea introducir el proyecto de ley de nuevo en la próxima sesión en 2023, con una composición política potencialmente diferente de la legislatura.
"Es una obviedad", dijo. "Vamos a ser implacables con esto. Tenemos que hacer algo".
Por desgracia, dijo, a menudo se necesitan tiroteos masivos como el de Parkland para impulsar el debate sobre estas políticas. Pero ella no quiere limitarse a esperar otra tragedia.
En algunas comunidades, especialmente en las zonas urbanas, la violencia con armas de fuego nunca ha dejado de ser el centro de atención, dijo la representante del estado de Wisconsin, Lena Taylor, una demócrata por Milwaukee que patrocina un proyecto de ley de orden de protección de riesgo extremo. Al igual que en otros estados, el proyecto de ley de Wisconsin no ha recibido una audiencia por parte de la legislatura controlada por los republicanos.
"Nos hemos topado con un muro de ladrillos al no estar dispuestos a intentar siquiera resolver esto", dijo Taylor. "Para la gente que ha perdido a sus seres queridos, eso es lo que duele. Siento que se los debemos. Solo las oraciones y condolencias tienen un límite".
Tanto el gobernador demócrata Tony Evers como el fiscal general demócrata Josh Kaul han apoyado políticamente la medida, alegando que hará que las comunidades sean más seguras después de un año que fue el más mortífero en cuanto a violencia con armas de fuego en las últimas dos décadas. Cuanto más conozca el público estas leyes, dijo Kaul, más presión habrá sobre la legislatura para que se celebre una audiencia para el proyecto de ley.
"Es fundamental que tomemos medidas para reducir la violencia con armas de fuego", dijo Kaul a Stateline. "Lo que hemos visto a raíz de la pandemia con el aumento de los tiroteos en todo el país solo ha hecho que sea aún más urgente".
Los habitantes de Wisconsin parecen apoyar abrumadoramente la medida. Una encuesta de 2019 de la Universidad de Marquette mostró que el 81 por ciento de los encuestados estaba a favor de adoptar una ley de alerta. El sentimiento público sigue dando a los activistas de la seguridad de las armas, como Jeri Bonavia, directora ejecutiva del Wisconsin Anti-Violence Effort Educational Fund, la esperanza de que el Estado del Tejón pueda aprobar algún día este proyecto de ley.
"Quizá no ocurra en esta sesión", dijo, "pero creo que al final sucederá".
