Get all your news in one place.
100’s of premium titles.
One app.
Start reading
Tribune News Service
Tribune News Service
National
Carol Marbin Miller

Autoridades de Florida mantuvieron en secreto expediente de un 'horrible' abuso infantil. Una jueza acaba de reprenderlos

Feb. 17—El 12 de noviembre de 2020, los administradores de bienestar infantil del estado presentaron una moción en el tribunal para solicitar la custodia de siete de los hijos sobrevivientes de Christopher Bryant y Jabora Deris.

El hijo de 22 meses de la pareja, Rashid Bryant, había muerto una semana antes, y la autopsia reveló fracturas de cráneo "antiguas y recientes". Rashid, según la petición judicial, murió tras "sufrir múltiples lesiones debidas a graves abusos físicos y a la negligencia médica mientras estaba bajo el cuidado y la custodia de [sus] padres".

Pero dos meses más tarde, cuando el Miami Herald presentó una demanda para obtener los registros que detallaban el historial de Rashid con el Departamento de Niños y Familias (DCF), en virtud de una ley estatal que exige transparencia cuando un niño muere a manos de sus padres, los administradores se negaron a entregarlos. Insistieron — entonces y durante un año después — en que seguían investigando si la muerte de Rashid era el resultado de abuso o negligencia.

De hecho, los registros publicados por el juez muestran que la decisión ya estaba tomada.

El caso es emblemático de un patrón en el que la Florida hace que las organizaciones de noticias y el público acudan cada vez más a los tribunales para asegurarse el acceso a documentos que caen bajo la ley de registros públicos del estado, una de las más fuertes de la nación. En el caso del DCF, lo que está en juego no podría ser mayor: la agencia está encargada de proteger a los niños de los abusos y la negligencia. Sus registros pueden mostrar si las decisiones de los investigadores, trabajadores de casos y jueces dejaron a los niños en peligro.

El Herald solicitó el expediente del DCF sobre Rashid el 17 de noviembre de 2020, 11 días después de la muerte del niño. El DCF proporcionó un informe del incidente que contenía menos de cinco frases completas. En cuanto a la larga historia del DCF con la familia, el informe decía: "Hubo un involucramiento previo del DCF". Luego, el DCF se negó a revelar más registros.

La semana pasada, la jueza de Circuito de Miami-Dade Barbara Areces —observando que el expediente del DCF sobre el niño contenía "mucha información que es horrorosa"— dictaminó que el DCF no tenía base para retener los documentos,y ordenó a la agencia que los entregara.

La disputa, que sigue en curso, pudiera tener importantes repercusiones en la capacidad de los floridanos para aplicar una ley estatal destinada a garantizar la transparencia tras la muerte de niños que estuvieron en contacto con el problemático sistema de bienestar infantil del Estado.

Frances Allegra, una abogada de bienestar infantil desde hace casi 30 años que dirigió la agencia de hogares de acogida privados de Miami Our Kids de 2004 a 2014, dijo que "lo que está en juego [en el litigio] es increíblemente importante". "La muerte de un niño en estas circunstancias es extraordinaria, y el remedio debe ser extraordinario. Eso significa desvelar los registros para que todos los que se preocupan puedan inspeccionar y revisar lo que sucedió". Y añadió: "Todos deberíamos preocuparnos".

"Abrir los registros no es un ejercicio de crítica o de señalar culpables. Se trata de lo que podemos aprender; qué errores se cometieron, si es que se cometieron en el pasado, y qué mejoras se pueden hacer".

En una audiencia judicial celebrada la semana pasada, el asesor legal adjunto del DCF, John Jackson, aseguró a Areces que la agencia no pretendía guardar secretos. "Le diré al tribunal que no tenemos nada que ocultar en este momento. Tampoco hemos tenido nada que ocultar desde el principio", dijo Jackson.

Mark Caramanica, cuyo despacho representa al Herald —y a varias otras organizaciones periodísticas estatales y nacionales que se unieron más tarde a la demanda del Herald— sugirió en la audiencia que el conflicto se refería en realidad a "hasta dónde llega el DCF para alargar estas investigaciones y ocultar esta información al público".

En un alegato judicial, los abogados del Herald dijeron que permitir que el DCF tenga autoridad exclusiva sobre la divulgación de los registros cuando muere un niño "es profundamente perjudicial, porque permite a la agencia retrasar el proceso y eludir la responsabilidad pública".

La ley de la Florida requiere que los administradores del DCF deben divulgar sus expedientes cuando se determina que la muerte de un niño fue causada por abuso, negligencia o abandono de un padre. Bajo administraciones anteriores, la agencia solía divulgar esos expedientes poco después de una muerte cuando las circunstancias dejaban claro que el niño había muerto a manos de sus padres.

Una ley de 2014 aprobada por unanimidad después de que el Herald informara sobre las muertes de más de 500 niños con antecedentes en el DCF, muchas de las cuales eran evitables, exigía que el DCF examinara rápidamente su historial con los niños fallecidos, para que los administradores pudieran aprender de sus errores, y proteger mejor a otros niños.

Petición del DCF por Casey Frank en Scribd

"El proyecto de ley instruye al DCF para que lleve a cabo investigaciones inmediatas de las muertes y otros incidentes significativos que involucren a niños que han sido conocidos por el sistema de protección y bienestar infantil", dijo un análisis del Senado estatal del proyecto de ley. "El propósito de las investigaciones es identificar las causas de raíz y determinar rápidamente la necesidad de cambiar las políticas y prácticas relacionadas con la protección y el bienestar infantil".

Sin embargo, desde que el gobernador Ron DeSantis asumió el cargo, sus administradores de bienestar infantil a menudo se han negado a liberar tales registros durante meses o años, insistiendo en que sus investigaciones siguen pendientes, aun cuando un padre ha sido acusado penalmente por fiscales. El resultado es que estos registros a menudo permanecen en secreto, contraviniendo la ley estatal.

Los administradores dicen que no están obligados por las acciones de los departamentos de policía, los examinadores médicos o los fiscales. Solo los administradores del DCF, han argumentado, tienen la autoridad para determinar la causa de la muerte de un niño según el estatuto, y su conclusión puede tomar todo el tiempo que consideren necesario.

En una declaración jurada, la principal investigadora de muertes del DCF, Lisa Rivera, reconoció que los procedimientos de la agencia a menudo garantizan que el DCF obstaculice la transparencia innecesariamente. Se le preguntó a Rivera si había "un retraso casi automático incorporado [que prolonga la divulgación de los registros] para situaciones en las que la causa de la muerte o el abuso pudiera ser totalmente obvia para el DCF y para el público".

"Correcto", respondió.

Hasta hace poco, el DCF había dicho que era una prerrogativa exclusiva de la agencia determinar cuándo debían hacerse públicos los registros. A finales de enero, sin embargo, los administradores dijeron que habrían publicado los documentos antes, pero que la Fiscalía Estatal de Miami-Dade les había pedido explícitamente que no lo hicieran, por temor a poner en peligro el proceso penal de Bryant y Deris.

En la audiencia de la semana pasada, Jackson dijo que el DCF "no puede cerrar nuestro caso cuando hay una investigación penal concurrente sin el permiso de las fuerzas judiciales para hacerlo".

En su declaración, Rivera dijo: "Desde mi punto de vista, la investigación está todavía en curso, hay procedimientos penales en curso y no han obtenido la aprobación del Fiscal Estatal para cerrar la investigación todavía".

Pero eso no es cierto, según los fiscales.

En una declaración jurada presentada como parte de la demanda presentada por el Herald, a la que se unieron Associated Press, The New York Times, WPLG, Gannett, Tampa Bay Times y First Amendment Foundation, entre otros, el fiscal que supervisó la muerte de Rashid escribió: "Nunca me he puesto en contacto con el DCF ni he solicitado que mantengan abierta ninguna investigación del DCF en relación con, o como resultado de, el proceso penal de los padres [de Rashid]".

Natalie Snyder, jefa de división de la unidad de agresión sexual y abuso infantil de la Fiscalía Estatal, añadió que "el DCF no suele consultar con la Fiscalía Estatal en relación con el manejo y/o cierre de sus investigaciones."

Snyder escribió que sus registros muestran que el DCF los llamó a ella y al detective de homicidios del caso en agosto de 2021 buscando una copia del "informe final del homicidio para poder cerrar la investigación del DCF", lo que Snyder aceptó hacer el 3 de agosto.

"Aparte de este correo electrónico de agosto, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade no tiene constancia de ninguna consulta del DCF en relación con el supuesto cierre de la investigación del DCF sobre la muerte [de Rashid], excepto un mensaje telefónico" del 25 de enero de este año.

Sin embargo, el 9 de febrero Jackson le dijo a la juez Areces: "Nuestra posición es que [no habíamos cerrado el caso] hasta ayer".

Areces, sin embargo, había revisado en privado todos los registros del DCF relativos a los hijos de Deris y Bryant. No fue una tarea fácil, dijo. Cuando el DCF le dio por primera vez los registros, "fue como tratar de resolver un rompecabezas", dijo en el tribunal. "Parecía que alguien había sacudido la caja". El DCF envió un nuevo lote que no estaba mezclado.

La revisión mostró, dijo Areces, que el DCF, de hecho, había determinado en cuestión de días que Rashid murió por abuso y negligencia de los padres. El 12 de noviembre de 2020, seis días después de la muerte de Rashid, el DCF presentó una petición solicitando la custodia de los otros hijos de la pareja.

"El DCF declaró bajo juramento que el hermano de los niños [Rashid] falleció después de sufrir múltiples lesiones físicas graves como resultado del abuso físico y la negligencia médica. Eso fue bajo juramento y se archivó. ¿Cómo es que eso no es una determinación?", dijo Areces. "No hay ambigüedad en esa declaración".

Areces añadió: "Sabe, cuando llegué a ese párrafo, quedé asombrada. Un momento. Y no veo cómo eso no es una determinación".

La respuesta de Jackson: "No hay manera de que el departamento pudiera hacer una determinación de si la muerte del niño ocurrió por abuso o negligencia en una semana".

El DCF luchó durante semanas para evitar que Areces viera los registros de la agencia sobre la familia antes de emitir su fallo.

Su decisión de la semana pasada se produjo 459 días después de la muerte de Rashid, que se produjo cinco semanas antes de su segundo cumpleaños.

En la audiencia de la semana pasada, Jackson dijo a Areces que su agencia no mantenía abierta la investigación para impedir la transparencia. "Obviamente, íbamos a tomar una determinación. Sabíamos que íbamos a tomar una determinación. Por ley, tenemos que tomar una determinación", dijo.

Sin embargo, Jackson sugirió que a los administradores les molestó que el Herald les demandara, que los periodistas no les creyeran de que su investigación estaba incompleta. "Es absolutamente la idea de que nos demanden por los registros", dijo Jackson. "No puede funcionar así".

Los padres y hermanos de Rashid en Opa-locka eran bien conocidos por los administradores estatales de bienestar infantil mucho antes de que Rashid naciera el 13 de diciembre de 2018. Entre 2004 y el año en que nació Rashid, sus padres habían sido objeto de 14 reportes de abuso o negligencia ante el Estado, dicen los registros.

Los investigadores habían recibido siete de esos informes en la línea directa de bienestar infantil del Estado en los meses previos a su nacimiento. Los informes alegaban que su madre fumaba marihuana con sus hijos mayores, que la mayoría de sus hijos no iban a la escuela, que su casa no tenía agua corriente y que sus hijos pasaban hambre y estaban perdiendo peso.

Los hermanos de Rashid fueron retirados del cuidado de sus padres un mes antes de su nacimiento, y vivían con parientes o padres de acogida. Rashid fue acogido por el Estado tras su nacimiento.

Los administradores de bienestar infantil siempre habían planeado reunir a Rashid y sus hermanos con sus padres. Pero una "revisión especial" del caso, publicada la semana pasada tras la orden de Areces, dijo que ni Deris ni Bryant estaban "participando" en actividades, como terapia, diseñadas para mejorar su conducta parental, y no demostraron el tipo de "cambio de comportamiento" que podría justificar la devolución de sus hijos.

La revisión especial señaló que a Deris se le ofrecieron una serie de servicios para que fuera una mejor madre, pero "los intentos de contactar con la madre" para que empezara "no habían tenido éxito".

"La situación del hogar no era lo suficientemente estable", decía el informe, "como para devolver a los niños".

Los trabajadores de los centros de acogida recomendaron que los niños fueran devueltos poco a poco, empezando por el segundo de ellos. Pero un juez de bienestar infantil de Miami-Dade, a quien el informe especial identificó solo como "el poder judicial" — y a quien el DCF no nombra — desechó la recomendación en febrero de 2020, ordenando que cuatro niños fueran devueltos inmediatamente, incluido el bebé Rashid.

Dos meses después, el juez ordenó que los cuatro niños restantes también fueran devueltos, según el informe.

"El personal de gestión de casos reconoció que reunificar a ocho niños simultáneamente sería perjudicial para el éxito de la familia y la seguridad continua de los niños", dijo el informe.

El 28 de mayo de 2020, Deris envió un mensaje de texto a la tía de los niños con una foto de la pierna hinchada de Rashid, diciéndole que se había lesionado la pierna cuando un hermano lo sacó de un corralito y lo dejó caer, según la petición del DCF solicitando la custodia, presentada en el tribunal el martes. La tía le dijo que llevara a Rashid al hospital. Deris llevó a Rashid al Jackson North dos semanas después, pero se marchó antes de que pudieran examinarlo completamente. Deris dijo al personal del hospital que Rashid se había caído de la cama dos días antes.

"Los padres se negaron a una radiografía", decía la petición de remoción, "y el niño fue dado de alta".

Ese mes de junio, según la revisión especial del DCF, el tutor designado por el tribunal de la familia informó de que Rashid se había lesionado la pierna y tenía problemas para caminar. "La madre alegó que esto se debía a una caída accidental", decía la revisión, y no a un incidente relacionado con un hermano y el corralito. Un mes después, el juez puso fin a la supervisión de Rashid y tres de sus hermanos. Más tarde, los familiares dijeron a la policía que el niño rara vez salía de su cama después de la lesión, que más tarde se determinó que era una pierna fracturada, una lesión que puede ser enormemente dolorosa.

Uno de los hermanos de Rashid, que entonces tenía 16 años, dijo más tarde a la policía que la pierna derecha de Rashid parecía estar lesionada dos meses antes de su muerte, y que el niño se encogía y lloraba cada vez que alguien la tocaba.

A partir de octubre de 2020, Rashid tuvo dos convulsiones. Su madre dijo a las autoridades que lo llevó al North Shore Hospital después del segundo "ataque", pero "abandonó el hospital mientras esperaba ser atendido".

"La madre simplemente dijo 'olvídalo' y determinó que el hospital no haría nada por ellos", añadía la petición.

La hermana mayor de Rashid, que entonces tenía 17 años y vivía con una tía, dijo a la policía que Rashid no podía caminar desde que se lesionó la pierna. Dijo que Rashid "parecía pequeño, como si estuviera perdiendo peso. Tampoco era capaz de retener la comida y vomitaba", decía la petición.

Cuatro días antes de su muerte, dijo la joven de 17 años, los "ojos de Rashid estaban caídos y cruzados y un lado de su cuerpo carecía de fuerza". Rashid, dijo, estaba apoyado "en posición sentada" contra una pared.

Alrededor de las 10:28 a.m. del 6 de noviembre de 2020, Deris encontró al niño frío y sin respuesta. Había vomitado, y estaba "echando espuma por la boca y la nariz, decía la petición. Deris le dio una cuchara para que no se mordiera la lengua, pero esperó 83 minutos antes de llamar a los paramédicos, y solo entonces comenzó a realizar la reanimación cardiopulmonar, escribió un detective en una orden judicial.

El informe especial del DCF, fechado en julio pasado, decía que los paramédicos "trabajaron durante más de una hora intentando reanimar" a Rashid. "Cuando se le preguntó por el retraso en pedir ayuda, la señora Deris explicó que le entró el pánico y que no quería que sus otros hijos fueran testigos de la emergencia médica".

Tras la muerte de Rashid, su hermana de 17 años dijo a las autoridades que había presenciado cómo "el padre golpeaba al niño con un cinturón".

Y después de incautar el teléfono de Deris, un detective encontró un texto que Deris había enviado a su hermana con fecha del 22 de mayo de 2020, seis días antes de que enviara a otra tía una foto de la pierna hinchada del niño. Deris dijo que había "golpeado el trasero de Rashid", según la petición.

Una autopsia mostró "una serie de lesiones inexplicables y significativas, incluyendo una fractura de fémur", fracturas de costillas en proceso de curación y al menos dos fracturas de cráneo. La causa de la muerte de Rashid fue "complicaciones de lesiones agudas y crónicas por objeto contundente", decía la autopsia, y añadía que una causa que contribuyó a ello fue la "negligencia de los padres" y "no buscar la atención médica adecuada".

El médico forense dictaminó que la muerte de Rashid fue un homicidio.

Deris, de 32 años, y Bryant, de 36 años, fueron acusados de negligencia infantil con resultado de lesiones corporales graves poco después de la muerte de Rashid. El pasado mes de mayo, los cargos se elevaron a homicidio y maltrato infantil con agravantes. Están a la espera de juicio.

En una declaración al Herald tras la publicación del informe especial, Mallory McManus, portavoz del DCF, dijo que "la trágica muerte del joven Rashid Bryant es desgarradora".

"La seguridad y el bienestar de los niños son las principales prioridades del Departamento de Niños y Familias, y como tal el Departamento abogó por la protección del niño, desarrollando un plan de transición en profundidad que recomendaba una reunificación escalonada. Sin embargo, esto fue rechazado posteriormente por el poder judicial, y dio lugar a que cuatro niños fueran reunificados a la vez", añadió McManus.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de febrero de 2022 9:12 am.

Sign up to read this article
Read news from 100’s of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.