El 16 de abril fue un gran día para Moderna, una compañía de biotecnología de Massachusetts a punto de convertirse en líder de la carrera por la vacuna contra el coronavirus del gobierno de Estados Unidos. Había recibido alrededor de 500 millones de dólares en fondos federales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 que sería utilizada en millones de estadounidenses.
Trece días después de la enorme infusión de dinero federal (que desencadenó un salto en el precio de las acciones de la compañía), a Moncef Slaoui, miembro del consejo de Moderna y veterano ejecutivo de la industria farmacéutica, se le concedieron opciones para comprar 18 mil 270 acciones de la compañía, según archivos de la Securities and Exchange Commission (SEC). Esto se sumó a 137 mil 168 opciones que había acumulado desde 2018, según los archivos.
No pasaría mucho tiempo antes de que el presidente Donald Trump anunciara a Slaoui como el principal asesor científico para el programa gubernamental de 12 mil millones de dólares de la Operation Warp Speed para llevar las vacunas del COVID-19 al mercado. En su discurso en el Jardín de las Rosas el 15 de mayo, Trump elogió a Slaoui como "uno de los hombres más respetados del mundo" en materia de vacunas.
La administración de Trump se basó en una maniobra inusual que permitió a los ejecutivos mantener inversiones en las compañías farmacéuticas que se beneficiarían de los esfuerzos del gobierno en torno a la pandemia: Fueron incorporados como contratistas, eludiendo las regulaciones federales sobre el conflicto de interés en vigor para los empleados. Eso ha llevado a enormes liquidaciones potenciales, algunos ya realizadas, según un análisis de KHN de los archivos de la SEC y otros documentos del gobierno.
- Slaoui poseía 137 mil 168 opciones de acciones de Moderna por un valor aproximado de siete millones de dólares el 14 de mayo, un día antes de que Trump anunciara su papel principal en ayudar a guiar las vacunas del COVID-19. El día de su nombramiento, el 15 de mayo, renunció al consejo de Moderna. Tres días después, el 18 de mayo, tras el anuncio de la compañía de los resultados positivos de las primeras etapas de los ensayos clínicos, el valor de las opciones se disparó a 9.1 millones de dólares, según el análisis. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que Slaoui vendió sus participaciones el 20 de mayo, cuando habrían valido unos ocho millones de dólares, y donará ciertas ganancias a la investigación del cáncer. Por separado, Slaoui tenía casi 500 mil acciones en GlaxoSmithKline, donde trabajó durante tres décadas, al jubilarse en 2017, según archivos corporativos.
- Carlo de Notaristefani, asesor de la Operation Warp Speed y ex ejecutivo superior de Teva Pharmaceuticals, poseía 665 mil 799 acciones de la compañía farmacéutica al 10 de marzo. Aunque Teva no recibe fondos para Warp Speed, Trump promovió su fármaco contra la malaria hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19, incluso con escasas pruebas de que funcionara. La compañía donó millones de tabletas a hospitales de Estados Unidos y el medicamento recibió autorización de uso de emergencia de la Food and Drug Administration (FDA) en marzo. En las semanas siguientes, el precio de sus acciones casi se duplicó.
- Otros dos asesores de Operation Warp Speed que trabajan en el área terapéutica, los doctores William Erhardt y Rachel Harrigan, poseen participaciones financieras de valor desconocido en Pfizer, que en julio anunció un contrato de mil 950 millones de dólares con el HHS por 100 millones de dosis de su vacuna. Erhardt y Harrigan fueron anteriormente empleados de Pfizer.
"Con este tipo de conflictos de interés, no sabemos si estas vacunas se están desarrollando con base al mérito", señaló Craig Holman, un cabildero de Public Citizen, un grupo liberal de defensa del consumidor.
Un vocero del HHS comentó que los asesores cumplen con las normas éticas federales relevantes para los contratistas.
Estas inversiones en la industria farmacéutica son emblemáticas de una tendencia más amplia en la cual un pequeño grupo con la experiencia especializada necesaria para orientar una respuesta gubernamental eficaz a la pandemia tiene intereses financieros en empresas que se beneficiarán de dicha respuesta del gobierno.
Slaoui sostuvo que no estaba en discusiones con el gobierno federal sobre un papel cuando se le otorgó su último lote de opciones de acciones de Moderna, y declaró a KHN que se reunió con el secretario del HHS, Alex Azar, y que le ofrecieron el puesto por primera vez el 6 de mayo. Las opciones de compra de acciones otorgadas a finales de abril fueron canceladas como resultado de su salida del consejo de Moderna en mayo, dijo. De acuerdo con el análisis de KHN de sus participaciones accionarias, las opciones valían más de 330 mil dólares el 14 de mayo.
El HHS se negó a confirmar esa cronología.
El destino de Warp Speed después de que el presidente electo Joe Biden tome posesión es una pregunta abierta. Aunque los demócratas en el Congreso han realizado investigaciones sobre los asesores de Warp Speed y el proceso de contratación bajo el cual fueron contratados, Biden no ha hablado públicamente sobre el programa o sus líderes principales. Los voceros de la transición no respondieron a una solicitud de comentarios.
Los cuatro asesores del HHS fueron incorporados a través de un contrato de los National Institutes of Health (NIH) con la empresa consultora Advanced Decision Vectors, hasta ahora por valor de 1.4 millones de dólares, para proporcionar experiencia en el desarrollo y la producción de vacunas, terapias y otros productos para el COVID-19, según la base de datos de contratos del gobierno federal.
El nombramiento de Slaoui en particular molestó a los demócratas y a organizaciones como Public Citizen. Dicen que tiene demasiada autoridad para ser clasificado como consultor. "Es inevitable que la posición en que se le pone como copresidente de Warp Speed lo convierta en empleado del gobierno", dijo Holman.
La administración entrante podría tener una ventana para cambiar los términos bajo los cuales Slaoui fue contratado antes de que su contrato termine en marzo. Sin embargo, hacer grandes cambios en Operation Warp Speed pudiera trastocar uno de los mayores esfuerzos de vacunación de la historia mientras el público estadounidense espera ansiosamente la salvación de la pandemia, que está batiendo récords diarios de nuevas infecciones. Warp Speed se ha propuesto comprar y distribuir 300 millones de dosis de la vacuna del COVID-19, las primeras a finales de año.
"Para finales de diciembre esperamos tener cerca de 40 millones de dosis de estas dos vacunas disponibles para su distribución", dijo Azar el miércoles, refiriéndose a las vacunas de vanguardia de Pfizer y Moderna.
Azar sostuvo que Warp Speed continuaría sin contratiempos incluso con un "cambio de liderazgo". "En el caso de una transición, realmente ocurriría una continuidad total", dijo el secretario.
Pfizer, que no recibió fondos federales para la investigación pero aseguró el contrato multimillonario bajo Warp Speed, solicitó el viernes la autorización de emergencia de la FDA; se espera que Moderna lo haga en los próximos días. En total, Moderna recibió casi mil millones de dólares en fondos federales para el desarrollo y un contrato de mil quinientos millones de dólares con el HHS para 100 millones de dosis.
Aunque es imposible determinar el valor preciso de las acciones de Slaoui Moderna sin los registros de las transacciones de venta, KHN estimó su valor evaluando los precios de las acciones de la compañía en las fechas en que recibió las opciones y el precio de las acciones en varias fechas clave (incluyendo el 14 de mayo, el día antes de que se anunciara su puesto en Warp Speed, y el 20 de mayo).
Sin embargo, el momento en que Slaoui se desprendió de sus acciones de Moderna (cinco días después de que renunció al consejo de la empresa) significó que no tuvo que presentar declaraciones a la SEC confirmando la venta, pese a que estaba al tanto de información privilegiada cuando recibió las opciones de compra de acciones, indicaron expertos en la ley de valores. Esa debilidad en la ley de valores, según los expertos en buen gobierno, priva al público de una fuente de información independiente sobre la venta de la participación accionaria de Slaoui en la empresa.
"Uno pensaría que habría una especie de obligación continua de un año (de revelar la venta) o algo así", dijo Douglas Chia, presidente de Soundboard Governance y experto en temas de gobernanza corporativa. "Pero no la hay".
El HHS se negó a proporcionar documentación que confirmara que Slaoui vendió sus participaciones accionarias en Moderna. Sus inversiones en la empresa londinense GlaxoSmithKline (que está desarrollando una vacuna con el fabricante francés Sanofi y recibió 2 mil 100 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos) se utilizarán para su jubilación, confirmó Slaoui.
"Siempre me he atenido a los más altos estándares éticos, y eso no ha cambiado desde que asumí este papel", afirmó Slaoui en una declaración publicada por el HHS. "Los funcionarios de ética de carrera del HHS han determinado mi estatus de contratista, las desinversiones y renuncias me han puesto en cumplimiento de los sólidos estándares éticos del departamento".
Moderna, en una declaración anterior a la CNBC, declaró que Slaoui se deshizo "de toda su participación accionaria en Moderna para que no haya conflicto de intereses" en su nueva función. Sin embargo, las normas sobre conflicto de interés para Slaoui y otros asesores de Warp Speed son menos estrictas que para los empleados federales, a quienes se les exige que renuncien a las inversiones que plantearían un conflicto de interés. Por ejemplo, si Slaoui hubiera sido contratado como empleado, su participación accionaria debida a una larga carrera en GlaxoSmithKline sería objeto de desinversión.
En su lugar, Slaoui se ha comprometido a donar ciertas ganancias financieras de GlaxoSmithKline a los National Institutes of Health.
Ofrecer contratos a los asesores de Warp Speed quizás haya sido el curso más conveniente en una crisis.
"Dado que el universo de posibles candidatos calificados para asesorar los esfuerzos del gobierno federal en la producción de una vacuna del COVID-19 es muy pequeño, es virtualmente imposible encontrar personas experimentadas y calificadas que no tengan intereses financieros en las corporaciones que producen vacunas, productos terapéuticos y otros bienes y servicios que salvan vidas", escribió en septiembre Sarah Arbes, secretaria adjunta para la legislación del HHS y designada por Trump, al representante James Clyburn (D-S.C.), quien dirige un panel de supervisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta al coronavirus.
Esto incluye a varios veteranos de la industria farmacéutica que trabajan como asesores del HHS, un académico que supervisa la seguridad de múltiples vacunas contra el COVID-19 en ensayos clínicos y es miembro del consejo de Gilead Sciences, e incluso ex funcionarios del gobierno que se desprendieron de acciones cuando eran empleados federales pero que desde entonces se han unido a los consejos de compañías farmacéuticas.
El doctor Scott Gottlieb y el doctor Mark McClellan, ex comisionados de la FDA, han sido figuras visibles que asesoran informalmente la respuesta federal. Cada uno de ellos se forma parte del consejo de un desarrollador de una vacuna del COVID-19.
Después de dejar la FDA en 2019, Gottlieb se unió al consejo de Pfizer y ha comprado cuatro mil de sus acciones, que en ese momento valían más de 141 mil dólares, según archivos de la SEC. En abril, tenía unidades accionarias adicionales por valor de casi 352 mil dólares que se cobrarán en caso de que deje el consejo, según documentos de la empresa. Como miembro del consejo, Gottlieb debe poseer un cierto número de acciones de Pfizer.
McClellan ha estado en el consejo de Johnson and Johnson desde 2013 y ganó 1.2 millones de dólares en acciones bajo un acuerdo de compensación diferida, según muestran las declaraciones corporativas.
Los dos también reciben honorarios por miles de dólares en efectivo anualmente como miembros del consejo. Gottlieb y McClellan frecuentemente revelan sus afiliaciones corporativas, pero no siempre. Su artículo de opinión del 13 de septiembre en The Wall Street Journal (WSJ) sobre cómo la FDA pudiera conceder la autorización de emergencia de una vacuna, identificó sus funciones en la FDA y comentó que estaban en los consejos de administración de las empresas que desarrollaban las vacunas pero no nombraron a Pfizer y Johnson and Johnson. Ambas compañías se beneficiarían financieramente de tal medida de la FDA.
"No es un estándar más bajo para la aprobación de la FDA", escribieron en el artículo. "Es un estándar más adaptado y flexible que ayuda a proteger a los que más lo necesitan, mientras se desarrolla la evidencia necesaria para que el público confíe en la vacuna contra el Covid-19".
Acerca de la inconsistencia, Gottlieb escribió en un correo electrónico a KHN: "Mi afiliación a Pfizer es amplia, prominente y específicamente divulgada en docenas de artículos y apariciones en televisión, en mi perfil de Twitter y en muchos otros lugares. Lo menciono rutinariamente cuando hablo de las vacunas y estoy orgulloso de mi afiliación a la compañía".
Un vocero del Duke-Margolis Center for Health Policy, fundado por McClellan, señaló que otros artículos de opinión de The Wall Street Journal citaban su papel en Johnson and Johnson y que sus afiliaciones se mencionan en otros lugares. "Mark ha informado constantemente al WSJ sobre su servicio en el consejo de Johnson and Johnson, así como en otras organizaciones", señaló Patricia Shea Green.
La vacuna de Johnson and Johnson está en la fase tres de los ensayos clínicos y pudiera estar disponible a principios de 2021.
Aun así, mientras trabajaban para la FDA, Gottlieb y McClellan estuvieron sujetos a restricciones federales sobre las inversiones y protecciones contra conflictos de interés que no están en vigor para los asesores de Warp Speed.
De acuerdo con las declaraciones de divulgación financiera que firmaron con el HHS, los asesores están obligados a donar ciertas ganancias accionarias al NIH, pero pueden hacerlo después de que el accionista muera. Pueden mantener las inversiones en las compañías farmacéuticas, y las restricciones no aplican a las opciones de compra de acciones, que dan a los ejecutivos el derecho de comprar acciones de la compañía en el futuro.
"Este es un acuerdo mal redactado", comentó Jacob Frenkel, abogado de Dickinson Wright y ex abogado de la SEC, refiriéndose a la declaración de conflicto de interés incluida en el contrato de los NIH con Advanced Decision Vectors, la firma consultora empleadora de los asesores de Warp Speed. Indicó que los documentos pudieron haber sido "más estrictos y claros en muchos aspectos", incluyendo la prohibición de que los asesores ejerzan sus opciones de compra de acciones mientras son contratistas.
De Notaristefani renunció a su cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Teva en octubre de 2019, pero según documentos corporativos permanecería en la empresa hasta finales de junio de 2020 para "asegurar una transición ordenada". Ha estado trabajando con Warp Speed desde al menos mayo supervisando la fabricación, según un vocero del HHS.
Cuando Erhardt dejó Pfizer en mayo, las infecciones de COVID-19 en Estados Unidos estaban aumentando y la compañía estaba comenzando las pruebas clínicas de la vacuna. Erhardt y Harrigan (cuyo perfil en LinkedIn señala que dejó Pfizer en 2010) han trabajado como consultores de la industria farmacéutica.
"En última instancia, los conflictos de interés en la ética activan el comportamiento de mentalidad de las personas responsables", dijo Frenkel, el ex abogado de la SEC. "El público quiere saber que puede confiar en la eficacia del producto terapéutico o de diagnóstico sin preguntarse si una recomendación o decisión fue motivada por la más mínima razón que no sea la eficacia del producto y el interés público".
———
©2020 Kaiser Health News
Visit Kaiser Health News at www.khn.org
Distributed by Tribune Content Agency, LLC.
