Cuando Allison Scott salió del clóset como mujer trans en 2013, no solo se lo dijo a su familia y amigos, sino también a su médico de cabecera.
No necesitaba su ayuda con la terapia hormonal, para eso tenía otro médico. Pero quería compartir la información con su médico de más de 10 años por si afectaba a otros aspectos de su salud.
Se quedó sorprendida cuando él le dijo que ya no la atendería.
"Fue humillante", comentó Scott, ahora directora de política y programas de la Campaign for Southern Equality, una organización de defensa del colectivo LGBTQ con sede en Carolina del Norte. "No es porque el proveedor no tenga los conocimientos necesarios, sino porque no se siente cómodo con quien eres".
Las encuestas realizadas en Carolina del Norte y en todo el país muestran que a alrededor de un tercio de las personas transgénero se les ha negado tratamiento o han sufrido agresiones verbales o físicas por parte de un proveedor médico.
Este tipo de inquietudes se han vuelto más preocupantes durante la pandemia de COVID-19, cuando el hecho de que se les niegue la atención sanitaria (o de que la eviten por miedo a la discriminación y a experiencias negativas anteriores) puede tener consecuencias mortales.
Pero Scott y otros activistas de Carolina del Norte ven ahora una oportunidad para impulsar leyes municipales y del condado que prohíban este tipo de tratamiento. El 1º de diciembre expiró una prohibición estatal que impedía a los gobiernos locales promulgar ordenanzas de no discriminación.
La prohibición era un remanente de la controvertida "ley de baños" de 2016, que catapultó a Carolina del Norte al centro de la atención nacional al convertirla en el primer estado en exigir a las personas transgénero que usaran el baño del género que figura en su certificado de nacimiento. Aunque la reacción pública y las repercusiones económicas obligaron al estado a derogar esa ley, la legislatura la sustituyó por otra que impedía a los gobiernos locales la aprobación de ordenanzas contra la discriminación.
Ahora las nuevas leyes pudieran abordar la discriminación en el empleo, la vivienda, los lugares públicos y otros ámbitos. Scott comentó que la atención sanitaria debería estar entre las principales consideraciones, ya sea que eso signifique prohibir la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual en hospitales y clínicas o evitar que alguien sea despedido por su identidad y pierda el seguro médico como consecuencia.
De momento, las ciudades de Carrboro, Hillsborough y Chapel Hill, junto con el Condado de Orange, anunciaron conjuntamente este mes nuevas ordenanzas contra la discriminación que protegerán a las personas LGBTQ en los lugares de trabajo y en público. Al menos otras dos ciudades están redactando ordenanzas y tienen previsto votarlas a finales de este mes.
Estas acciones locales adquieren mayor importancia en vista de los esfuerzos realizados durante los últimos cuatro años para hacer retroceder las protecciones federales para las personas LGBTQ. La administración Trump intentó ampliar la interpretación de las leyes de libertad religiosa y derechos civiles para proteger a los proveedores médicos que se niegan a prestar servicios por razones religiosas o morales. El verano pasado, la administración reinterpretó los requisitos de no discriminación de la Affordable Care Act para eliminar las protecciones de la era de Obama para las personas LGBTQ. Este mes, eliminó las estipulaciones explícitas que prohibían a los proveedores de servicios sociales que reciben subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos discriminar por motivos de orientación sexual e identidad de género, entre otras características. Sasha Buchert, abogada senior de Lambda Legal, comentó que el cambio afecta a una amplia variedad de programas, desde “Meals on Wheels” hasta agencias de bienestar infantil, servicios de VIH/SIDA y más.
Aunque muchas de estas acciones han sido bloqueadas por los tribunales, y el gobierno de Biden ha prometido revertir varias de las políticas de Trump, activistas LGBTQ y expertos legales afirman que esos procesos toman tiempo y no están garantizados.
"Para decirlo claramente, tener protecciones a nivel local a veces ofrece más protección, particularmente cuando las leyes están siendo impugnadas a nivel federal", señaló Lindsey Dawson, una investigadora que estudia temas LGBTQ en la Kaiser Family Foundation. (KHN es un programa editorial independiente de KFF.)
En las últimas décadas, las protecciones para los estadounidenses LGBTQ han surgido como un tema cultural álgido, a menudo desencadenando debates sobre las libertades religiosas frente a los derechos civiles e involucrando cualquier cosa, desde el matrimonio y la paternidad hasta las oficinas y las panaderías.
Los críticos de las leyes de no discriminación afirman que sofocan un debate válido en la atención sanitaria sobre lo que constituye un tratamiento ético.
Ryan Anderson, investigador principal del grupo de análisis conservador Heritage Foundation, dijo que a nadie se le debería negar la atención médica debido a su identidad, pero las leyes deben distinguir entre ese tipo de discriminación y los proveedores médicos que no están de acuerdo con un determinado plan de tratamiento.
"Si hay un adulto que quiere hacer la transición y un médico y un plan de salud que quieren apoyarlo, pueden hacerlo", señaló Anderson. "Pero si el médico o el plan de salud no quieren apoyar eso, también deben ser libres de no hacerlo".
Para los activistas que trabajan a diario con personas LGBTQ, la necesidad de leyes contra la discriminación es evidente. Ames Simmons, director de políticas de Equality NC, relató las experiencias de personas que conoce: una mujer trans fue amenazada con ser arrestada si no abandonaba un hospital en la parte oeste del estado, mientras que a otra se le negó la atención en una clínica de diálisis al este de Carolina del Norte después de que se quejara de acoso.
Las investigaciones demuestran que las personas LGBTQ que viven en estados con leyes de no discriminación experimentan menos disparidades en el empleo, la educación y la atención sanitaria que las que viven en estados sin dichas leyes. Y las acciones a nivel de ciudad y de condado pueden proporcionar un mapa de ruta para esfuerzos más amplios. Christy Mallory, directora jurídica del Williams Institute de la UCLA, señaló el ejemplo de Utah, donde una serie de ordenanzas locales llevaron a este estado tradicionalmente conservador a aprobar una ley de no discriminación en 2015.
Las leyes no cambian automáticamente las creencias de la gente, comentó Mallory, pero ofrecen un punto de partida para crear un impulso hacia los cambios estatales y culturales.
Los activistas citan un imperativo adicional de proteger los derechos de los LGBTQ porque la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias y disparidades en el sistema de atención médica del país. Un informe del Movement Advancement Project, un grupo de análisis con sede en Colorado, reveló que una de cada ocho personas LGBTQ ha perdido la cobertura del seguro durante la pandemia, el doble de la tasa de personas no LGBTQ. Muchos no pueden permitirse la terapia hormonal o la orientación. En algunas partes del país, las personas transgénero han denunciado malos tratos en los centros de pruebas de detección del COVID-19.
Incluso antes del COVID-19, los pacientes transgénero que acudían a la doctora Jennifer Abbott, médico familiar de Western North Carolina Community Health Services en Asheville, a menudo le decían que habían llamado hasta a otros 10 proveedores antes de encontrar a alguien dispuesto a tratarlos. Abbott, que dirige el programa de salud para personas transgénero de la clínica, dijo que aproximadamente un tercio de sus aproximadamente 400 pacientes procede de zonas rurales del oeste del estado.
Para algunos, la promesa de las leyes de no discriminación va más allá de las cuestiones de acceso. Las leyes también pueden moderar el comportamiento discriminatorio enviando un mensaje claro sobre lo que es aceptable en una comunidad, dijo Michael Hoeben, que coordina los servicios para los pacientes transgénero y con VIH en la clínica y es un hombre transgénero.
En una ocasión, cuando a Hoeben le extirparon un pólipo cervical, el médico le preguntó qué significaba ser transgénero. El médico y la enfermera procedieron a reírse de la respuesta de Hoeben mientras realizaban el procedimiento, dijo. Hoeben se sintió tan mortificado que evitó ir al médico durante los siete años siguientes.
Quizá una ley no me habría evitado esa experiencia, dijo Hoeben, "pero sin la ley, es como una temporada de caza abierta".
"Que tu gobierno local apruebe una ley que diga que te vemos, te reconocemos y te incluimos", comentó Hoeben, "es un nivel de seguridad que buscas constantemente como persona trans".
